El caso de Sur¨¢frica

A pesar de la aclamaci¨®n internacional recibida, el proceso de la Comisi¨®n para la Verdad y la Reconciliaci¨®n (CVR) ha sido objeto de insatisfacci¨®n e importantes cr¨ªticas en Sur¨¢frica. En especial, la cuesti¨®n de las indemnizaciones se ha convertido en una dolorosa controversia. Las v¨ªctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos experimentan una larga y decepcionante espera por las indemnizaciones que deber¨ªa entregarles el Gobierno democr¨¢tico dirigido por el Congreso Nacional Africano (ANC), el mismo Gobierno por el que la mayor¨ªa de las v¨ªctimas lucharon y sufrieron. La CVR ten¨ªa tres misiones esenciales. Deb¨ªa investigar el alcance total de las violaciones graves cometidas desde 1960 hasta 1994, y permitir a las v¨ªctimas relatar las violaciones que sufrieron. En segundo lugar, deb¨ªa resolver las solicitudes de amnist¨ªa de quienes las perpetraron. Por ¨²ltimo, deb¨ªa proponer las indemnizaciones que se someter¨ªan a la consideraci¨®n del Gobierno. La CVR s¨®lo ten¨ªa autoridad para pagar peque?as cantidades de "indemnizaci¨®n provisional urgente" de hasta 5.000 rands (550 euros) a las v¨ªctimas.

La cuesti¨®n de las indemnizaciones se ha convertido en una dolorosa controversia

Las propuestas de indemnizaci¨®n enviadas por la CVR al Gobierno, establecidas de acuerdo con m¨¦todos internacionalmente aceptados, pertenec¨ªan a cuatro categor¨ªas generales.

Subsidios de indemnizaci¨®n individual por una cantidad anual de 23.000 rands (2.537 euros) que se pagar¨ªan durante seis a?os a las v¨ªctimas o a los familiares que dependieran de ellas. Las v¨ªctimas deb¨ªan recibir adem¨¢s ayudas educativas, m¨¦dicas y de otro tipo.

Reparaciones simb¨®licas, destinadas a restaurar la dignidad de las v¨ªctimas, centradas en aspectos conmemorativos como la construcci¨®n de monumentos, el cambio de nombre de lugares p¨²blicos y exhumaciones. Tambi¨¦n incorporaban medidas administrativas como la emisi¨®n de certificados de defunci¨®n.

La rehabilitaci¨®n comunitaria prestar¨ªa atenci¨®n a aquellas comunidades devastadas por la violencia. Esto incluir¨ªa programas de "desmilitarizaci¨®n", terapia para problemas de salud mental y traumas, programas de reasentamiento para los desplazados por la violencia pol¨ªtica y la rehabilitaci¨®n de los perpetradores.

Finalmente, en virtud del derecho internacionalmente reconocido a la garant¨ªa de que no se repetir¨¢n las violaciones, deber¨ªa haber una reforma jur¨ªdica e institucional mediante recomendaciones relativas al sistema judicial, las fuerzas de seguridad, las prisiones y sectores como la educaci¨®n, la empresa y los medios de comunicaci¨®n. La CVR propuso tambi¨¦n un impuesto sobre el patrimonio en un pago ¨²nico para las grandes empresas.

Aunque estas propuestas fueron entregadas al Gobierno en 1998, han transcurrido casi cinco a?os sin que se haya producido una respuesta oficial. Las v¨ªctimas esperaban cada vez m¨¢s amargadas y con la sensaci¨®n de que hab¨ªan sido traicionadas, mientras que las organizaciones de v¨ªctimas como el Grupo de Apoyo Khulumani organizaban campa?as, se manifestaban y se embarcaban en acciones judiciales. La sensaci¨®n de agravio se exacerb¨® al serles concedida la amnist¨ªa a muchos de los 2.000 responsables que confesaron sus delitos en audiencias p¨²blicas. Las indemnizaciones a las v¨ªctimas eran el contrapeso impl¨ªcito a la concesi¨®n de esa amnist¨ªa.

Las razones para el retraso de las indemnizaciones son complejas, pero probablemente tengan que ver con la aprensi¨®n del Gobierno a los pagos econ¨®micos individuales. El ministro de Justicia, Dul¨¢ Omar, reflej¨® esta incomodidad ante lo que se consideraba una "recompensa econ¨®mica" al declarar que "nuestros nobles hijos e hijas no participaron en la lucha y no sacrificaron su vida por compensaciones monetarias". Adem¨¢s, al Congreso Nacional Africano molest¨® que la CVR declarase que, aunque el Estado era el mayor responsable de violaciones graves de los derechos humanos, los movimientos de liberaci¨®n tambi¨¦n hab¨ªan cometido ciertas violaciones durante la lucha contra el apartheid. El ANC intent¨® incluso prohibir la entrega del Informe de la CVR en 1998 debido al enfado que le produjo este fallo, que, seg¨²n Mbeki, "criminaliza" la lucha por la liberaci¨®n.

Ante los cada vez m¨¢s numerosos llamamientos a que se d¨¦ una soluci¨®n al problema de las indemnizaciones, el presidente Thabo Mbeki present¨® por fin la postura del Gobierno en abril de 2003. Declar¨® que el Gobierno respaldaba la mayor¨ªa de las propuestas de indemnizaci¨®n de la CVR enumeradas anteriormente, pero rechazaba la propuesta de impuesto sobre el patrimonio. Tambi¨¦n anunci¨® "un pago ¨²nico de un subsidio por valor de 30.000 rands a aquellos individuos o supervivientes designados por la CVR". Esperamos que estos desembolsos ayuden a reconocer el sufrimiento que estos individuos experimentaron y les ofrezcan cierto alivio. Aunque anunci¨® pagos individuales, expres¨® sus reparos: "Lo hacemos con cierta aprensi¨®n, porque (...) nadie puede atribuir un valor econ¨®mico a la vida y al sufrimiento. Y no se puede sostener el argumento de que los millones de surafricanos que lucharon por liberarse lo hicieron para obtener beneficios econ¨®micos".

Aunque el hecho de que el Gobierno hubiera esbozado por fin un plan de indemnizaciones produjo cierto alivio, provoc¨® tambi¨¦n entre las v¨ªctimas y otros sectores un enfado y una desilusi¨®n generalizados, debido a que las reparaciones ascend¨ªan s¨®lo a la cuarta parte de lo propuesto por la CVR. Queda por ver si se plantear¨¢n objeciones. Adem¨¢s, puede que el pago origine nuevos problemas. S¨®lo aquellos que declararon ante la citada Comisi¨®n y fueron considerados v¨ªctimas por ¨¦sta tendr¨¢n derecho a indemnizaciones individuales. Pero miles de v¨ªctimas no acudieron a la CVR por m¨²ltiples razones: inaccesibilidad, falta de informaci¨®n, la breve duraci¨®n de la misma u objeciones pol¨ªticas. Las 22.000 v¨ªctimas declaradas por la CVR no constituyen en absoluto la totalidad. Adem¨¢s, la Comisi¨®n se centr¨® s¨®lo en las v¨ªctimas de la represi¨®n pol¨ªtica o de la violencia directas, frente a los millones que sufrieron las crueldades m¨¢s sistem¨¢ticas del apartheid: discriminaci¨®n racial, leyes de pase, despidos forzosos y la p¨¦rdida de tierras y de la ciudadan¨ªa mediante la creaci¨®n de territorios ¨¦tnicos artificiales. Sin embargo, se puede alegar que el programa de transformaci¨®n y reconversi¨®n econ¨®mica, pol¨ªtica y social del nuevo Gobierno constituye una indemnizaci¨®n para este grupo m¨¢s amplio.

El fracaso de las indemnizaciones se ha extendido tambi¨¦n hasta abarcar las iniciativas privadas. En 2002, se presentaron en Estados Unidos dos demandas en grupo contra casi treinta empresas y bancos multinacionales por haber ayudado al Gobierno del apartheid a "hacer su trabajo sucio", mediante la aportaci¨®n de fondos, petr¨®leo y tecnolog¨ªa. Las demandas, presentadas en nombre de grupos de v¨ªctimas del apartheid y del Grupo de Apoyo Khulumani, exig¨ªan tanto compensaciones individuales como contribuciones m¨¢s generales para desarrollo social. El Gobierno del ANC ha condenado estas demandas. El presidente Mbeki declar¨® que "consideramos completamente inaceptables que cuestiones que son esenciales para el futuro de nuestro pa¨ªs sean decididas en tribunales extranjeros". En la actualidad, los litigios siguen su curso en los tribunales estadounidenses, mientras que en Sur¨¢frica se emprenden iniciativas para negociar un acuerdo. Claramente, el debate sobre las indemnizaciones dista mucho de estar zanjado.