Los planes urban¨ªsticos tensan la pol¨ªtica valenciana

Las cuestiones urban¨ªsticas en la Comunidad Valenciana, sin haber ocupado un papel central en la pasada campa?a electoral a la presidencia de la Generalitat, han generado un buen n¨²mero de pol¨¦micas. La promesa incumplida en la pasada legislatura por el PP de aprobar una ley de Ordenaci¨®n del Territorio -que ahora se ha vuelto a prometer- llev¨® a los ayuntamientos valencianos a aprobar el mayor n¨²mero posible de planes de actuaci¨®n urban¨ªstica antes de que entrase en vigor la nueva legislaci¨®n.

El candidato socialista, Joan Ignasi Pla, ya en precampa?a prometi¨® que, si venc¨ªa, aplicar¨ªa una moratoria de dos a?os para impedir que se urbanizase el poco litoral virgen existente en el Pa¨ªs Valenciano. Una promesa que el secretario general del PSPV-PSOE matiz¨® posteriormente al se?alar que la moratoria impedir¨ªa la recalificaci¨®n de suelo r¨²stico en urbanizable hasta contar con una nueva ordenaci¨®n legislativa.

En plena precampa?a electoral, el pasado 1 de marzo varios miles de personas se manifestaron en Valencia para protestar por los abusos urban¨ªsticos. En Castell¨®n, los socialistas se querellaron contra el alcalde, Jos¨¦ Luis Gimeno, del PP -que ha vuelto a ganar con mayor¨ªa absoluta-, el primer teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Alberto Fabra, y una constructora, por tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n y falsificaci¨®n en una multimillonaria operaci¨®n urban¨ªstica. En la instrucci¨®n judicial se supo que Fabra era administrador de una firma dedicada a la gesti¨®n de programas para el desarrollo urban¨ªstico del suelo. Hab¨ªa creado la empresa cuando ya era concejal de Urbanismo. El juez archiv¨® el caso justo antes de las elecciones. Los socialistas est¨¢n pendientes de que se les admita a tr¨¢mite una ampliaci¨®n de la querella.

En la ciudad de Alicante, Luis D¨ªaz Alperi (PP), que tambi¨¦n ha revalidado su mayor¨ªa absoluta, ha tenido que hacer frente durante toda la campa?a electoral a las acusaciones de la oposici¨®n de propiciar un pelotazo urban¨ªstico. Los socialistas le acusan de firmar un convenio en el que cedi¨® suelo municipal para dar un trato de favor a los due?os de dos viejas f¨¢bricas.

El acuerdo incluye el desmantelamiento de las naves industriales y despeja el terreno para la construcci¨®n de 1.200 viviendas de lujo en una de las zonas m¨¢s apetecibles de la ciudad. Los propietarios de las f¨¢bricas ya tienen constituida una empresa urbanizadora.

En D¨¦nia (Alicante), la decisi¨®n adoptada a principios de a?o por los populares y el Bloc Nacionalista Valenci¨¤ de aprobar el ¨²ltimo tr¨¢mite para urbanizar la zona litoral de Las Marinas y construir 18.000 nuevas viviendas s¨ª ha tenido repercusiones electorales. El ¨²nico partido que se opuso, el PSPV-PSOE, ha pasado de cuatro a siete concejales -de 2.500 a 5.300 votos- y tiene garantizada la alcald¨ªa. El PP ha pasado de seis ediles a cinco, y el Bloc, de seis a cuatro.

En la localidad castellonense de Oropesa, el alcalde Francisco Garrido, independiente, ha recurrido por v¨ªa contencioso administrativa el empadronamiento de casi 200 personas que fueron registradas el pasado mes de enero por un directivo del grupo empresarial que desarrolla el complejo de vacaciones Marina d'Or. Estas altas, que suponen casi la mitad de los 400 nuevos habitantes de Oropesa, pueden suponer hasta dos concejales sobre un censo de 4.800 electores. Garrido afirma tener la sospecha de que el beneficiario de los nuevos electores registrados es el PP. La asignaci¨®n de concejales tras el 25-M ha sido la misma para populares e independientes, aunque los primeros han incrementado su ventaja respecto a los segundos.

El grupo Marina d'Or Ciudad de Vacaciones tambi¨¦n ha tenido una presencia visible en otra pol¨¦mica decisi¨®n pol¨ªtica. En el municipio castellonense de Cabanes, Esquerra Unida ha recurrido la adjudicaci¨®n de las obras de urbanizaci¨®n, en plena campa?a electoral, de 1,2 millones de metros cuadrados del ¨²ltimo tramo de litoral virgen en la provincia de Castell¨®n. All¨ª, los dos ediles populares que repet¨ªan en la candidatura y los socialistas -alguna de cuyos concejales tiene intereses en la zona- adjudicaron la urbanizaci¨®n de la playa de Torre la Sal a una empresa del grupo Marina d'Or.