Ruiz-Gallard¨®n considera la Ley de Grandes Ciudades "suficiente"

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, se reuni¨® ayer con el ministro de Administraciones P¨²blicas, Javier Arenas, para trasladarle su opini¨®n sobre el proyecto de Ley de Grandes Ciudades, aprobado el pasado d¨ªa 6 por el Consejo de Ministros. Ruiz-Gallard¨®n considera que el texto es "suficiente" y "positivo en l¨ªneas sustanciales" -aunque no recoge algunas de las aspiraciones de su programa electoral para Madrid, sobre todo en el aspecto tributario-. As¨ª, el regidor renuncia, por el momento, a seguir reclamando una Ley de Capitalidad exclusiva para Madrid.

Durante sus ocho a?os al frente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallard¨®n nunca se ha mostrado especialmente interesado -aunque s¨ª partidario- en que la ciudad de Madrid tenga una ley que recoga su especificidad como capital. Ha sido su predecesor en la alcald¨ªa, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, quien ha defendido siempre con m¨¢s fervor que era necesaria una normativa que compense a la capital por los perjuicios que le causa ser el centro administrativo y pol¨ªtico del pa¨ªs (manifestaciones diarias en sus calles, coste del boato y gastos de escolta en actos oficiales y visitas de mandatarios extranjeros...).

El nuevo regidor afirm¨® ayer que esa ley "no es urgente" y que el proyecto de Ley de Modernizaci¨®n del Gobierno Local (conocida como Ley de Grandes Ciudades) recoge "sustancialmente" las necesidades de Madrid, aunque es "mejorable". Ese proyecto, que fija un r¨¦gimen espec¨ªfico para todas las ciudades de m¨¢s de 250.000 habitantes, debe seguir a¨²n la tramitaci¨®n parlamentaria hasta ser aprobado como ley por el Congreso, previsiblemente antes de fin de a?o.

"No es urgente"

"La Ley de Capitalidad no es urgente. Madrid necesitaba esta normativa espec¨ªfica, pero no nos importa compartirla con las otras grandes ciudades", afirm¨® Ruiz-Gallard¨®n tras reunirse con Arenas. ?ste aclar¨® que no descarta llegar a un "acuerdo pol¨ªtico" con Madrid y Barcelona (que tambi¨¦n quiere una ley especial) en los pr¨®ximos meses, aunque esas hipot¨¦ticas Ley de Capitalidad y Carta de Barcelona no podr¨ªan tramitarse ya en esta legislatura. En cualquier caso, tampoco el proyecto de Ley de Grandes Ciudades recoge todas las modificaciones que Ruiz-Gallard¨®n planteaba como imprescindibles para poder cumplir algunas de sus promesas electorales.

Durante la campa?a, el ahora alcalde anunci¨® que, si ganaba, instaurar¨ªa en el Ayuntamiento un sistema tributario "m¨¢s equitativo". Propon¨ªa, por ejemplo, que el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) fuera progresivo: actualmente, todos los edificios de Madrid, salvo los de m¨¢ximo valor catastral, aplican el mismo tipo impositivo; el regidor quiere establecer varios tramos, de forma que el tipo impositivo vaya aumentando a medida que aumenta el valor del piso. Pero el proyecto de Ley de Grandes Ciudades no recoge esa posibilidad. "Intentaremos que se incorpore en el proceso de enmiendas parlamentarias", alegan desde el equipo de Ruiz-Gallard¨®n.

Lo mismo sucede con otra pretensi¨®n del nuevo alcalde, excluida del proyecto aprobado el pasado d¨ªa 6: un incremento del porcentaje que el Gobierno entrega a Madrid del dinero recaudado en su territorio por IRPF, IVA e impuestos especiales (tabaco, alcohol, hidrocarburos).

Lo que s¨ª recoge el proyecto de ley, y fue resaltado ayer por Ruiz-Gallard¨®n, es la posibilidad de que el alcalde conforme su equipo de gobierno con personas que no hayan sido elegidas concejales, lo que le otorga un margen de maniobra mucho mayor. Tambi¨¦n prev¨¦ la descentralizaci¨®n de la Administraci¨®n a favor de los distritos, y, sobre todo, reduce el poder ejecutivo del pleno municipal. Este ¨®rgano tiene ahora capacidad para aprobar desde reglamentos y ordenanzas hasta las m¨¢s concretas adjudicaciones de contratos o subvenciones; la futura ley lo equiparar¨¢ pr¨¢cticamente a un Parlamento: su labor se limitar¨¢ al control al Ejecutivo y la aprobaci¨®n de normativas. Los aspectos de "mera gesti¨®n" pasar¨ªan a ser responsabilidad exclusiva del equipo de gobierno.