Delincuencia urban¨ªstica

Andan algo revueltas estos d¨ªas las aguas del urbanismo en Madrid a causa de determinados acontecimientos de matiz pol¨ªtico-electoral que no son sino expresi¨®n de todo un submundo que, aunque nos neguemos a reconocer, est¨¢ lamentablemente ah¨ª. El tema es extraordinariamente complicado y har¨ªa falta la paciencia de un te¨®logo medieval para entrar en los detalles y pormenores que toda esta tem¨¢tica ofrece. No obstante, y aun a riesgo de simplificar, quisiera ofrecer algunas reflexiones al respecto.

Debo partir, en primer lugar, de un principio elemental que viene descrito en el art¨ªculo 47 de la Constituci¨®n Espa?ola y que reza lo siguiente: "Todos los espa?oles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Ocurre, empero, que de la teor¨ªa constitucional a la pr¨¢ctica cotidiana existe un largo trecho. Que en modo alguno es f¨¢cil conseguir una vivienda y que la misma constituye m¨¢s bien uno de los problemas m¨¢s acuciantes de la realidad social espa?ola es algo f¨¢cil de comprobar. Basta con leer la prensa o conectar el televisor, en uno de esos escasos momentos que deja libre el programa Hotel Glam y suced¨¢neos, para verificar la magnitud del problema. La vivienda se est¨¢ convirtiendo en algo pr¨¢cticamente inaccesible para la mayor¨ªa de los ciudadanos, cuando precisamente la Constituci¨®n espa?ola obliga a las autoridades a facilitar esa accesibilidad. "Promover¨¢n las condiciones necesarias", contin¨²a diciendo el art¨ªculo 47, "para hacer efectivo ese derecho". Lo cierto es, sin embargo, que el precio medio de la vivienda en Espa?a, seg¨²n un estudio de Caixa Catalu?a, ha subido un 83% entre 1994 y 2002, mientras que los salarios han crecido s¨®lo un 30%. As¨ª pues, los precios son tan astron¨®micos que el sufrido ciudadano debe destinar en la actualidad el 50,9% de su salario bruto para poder adquirir la ansiada vivienda; porcentaje que se incrementa notablemente -un 69%- si el ciudadano tiene la desgracia de vivir en Madrid o en Baleares. O sea, y hablando claramente, un verdadero desastre.

La vivienda ha llegado a absorber m¨¢s de un bill¨®n de pesetas de dinero negro en 2001

A la hora de buscar causas que expliquen esa situaci¨®n se habla de la ya famosa burbuja inmobiliaria; se alega la galopante reducci¨®n de suelo disponible; se critica la carencia de viviendas sociales; se dice tambi¨¦n que el efecto Euro ha contribuido a encarecer la vivienda en un 12,7%. Se podr¨ªa ofrecer, en fin, una larga serie de hipot¨¦ticas causas, muchas de las cuales se han alegado y discutido de manera especialmente enf¨¢tica a lo largo del debate electoral que acaba de concluir.

Como ya adelantaba, el tema es especialmente complejo. Hay un punto, sin embargo, que creo es esencial entresacar de entre tanta complejidad y que sospecho se suele olvidar en el af¨¢n por buscar una soluci¨®n a tan enjundioso problema. Pues bien, en ese totum revolutum que es la ordenaci¨®n del territorio y el urbanismo existe hoy en d¨ªa un importante n¨²mero de actividades que constituyen delito a tenor de los art¨ªculos 319 y 320 del C¨®digo Penal. Lo extra?o es que la mayor¨ªa de ellas pasen desapercibidas y muchas incluso se asumen con absoluta normalidad por un importante sector de la sociedad espa?ola. El art¨ªculo 319 se refiere a las construcciones ilegales, es decir, las construcciones sin autorizaci¨®n y sobre determinados tipos de suelo que reciben alguna forma de protecci¨®n. El segundo de los art¨ªculos citados trata de evitar ciertos procesos irregulares de concesi¨®n de licencias por parte de autoridades o funcionarios. Con el art¨ªculo 320 el C¨®digo Penal deja perfectamente claro la necesidad de sancionar penalmente a quienes desde puestos de poder, o ampar¨¢ndose en sus cargos administrativos, permiten que se construya ilegalmente. Se trata de hechos delictivos con una clara repercusi¨®n econ¨®mica, puesto que esas licencias irregulares tienen un coste pecuniario que siempre acaba reflej¨¢ndose en el precio final de la vivienda.

Pero esto no es todo. Actualmente, el valor del suelo representa el 50% del coste total de la vivienda. A su vez, el precio del suelo viene encareci¨¦ndose hasta niveles insospechados. Hace unos meses y en un interesante art¨ªculo publicado en estas mismas p¨¢ginas (13 de enero de 2003), se denunciaba la pr¨¢ctica de acaparar masivamente suelo en manos privadas -normalmente por constructoras y promotoras-, provocando con ello el consabido aumento de su precio. Ante tal situaci¨®n se preguntaba el autor, con toda la raz¨®n del mundo, si ese quehacer no pudiera constituir lo que el art¨ªculo 281 del C¨®digo Penal califica como una "maquinaci¨®n fraudulenta para alterar el precio de las cosas".

Hay otros aspectos a tener en cuenta. Anteriormente me refer¨ªa al aumento del valor de la vivienda como consecuencia del efecto Euro, ciertamente indeseable, pero, a fin de cuentas, m¨¢s o menos natural. Algunos estudios han demostrado sin embargo otra versi¨®n del efecto Euro: la llegada de ingentes cantidades de dinero negro al mercado de la vivienda como consecuencia de la introducci¨®n del Euro como moneda en Espa?a y ante la necesidad de blanquear el mismo. Es evidente que esto ha supuesto un aumento de la demanda, con el inevitable, de nuevo, encarecimiento del precio de la vivienda. Seg¨²n un informe del Servicio de Estudios del BBVA, la vivienda ha llegado a absorber m¨¢s de un bill¨®n de pesetas del dinero negro aflorado a lo largo del a?o 2001.

Pero no termina aqu¨ª la cosa. El negocio de la construcci¨®n y la corrupci¨®n inmobiliaria est¨¢n en el punto de mira de los aproximadamente 200 grupos mafiosos detectados en nuestro pa¨ªs por la polic¨ªa como forma de favorecer el blanqueo de capitales. Que duda cabe que estas "inconfesables actividades" introducen imponderables a?adidos en un mercado ya de por s¨ª ca¨®tico y desbocado y que no pueden sino acabar perjudicando al ciudadano de a pie.

Todo ello sin olvidar toda una larga lista de pr¨¢cticas protagonizadas b¨¢sicamente por Ayuntamientos y grandes empresas que ponen en entredicho, como m¨ªnimo, los m¨¢s elementales principios ¨¦ticos que debieran regir el funcionamiento de la vida p¨²blica espa?ola. Se trata, por ejemplo, de cesiones a muy bajo precio de suelo a empresas para fines de utilidad social, siendo as¨ª que tales fines nunca se llevan a cabo. En tal caso, la empresa vende el suelo a precios astron¨®micos, ingresando en su patrimonio cantidades que de otro modo hubieran ingresado en el erario p¨²blico. Podr¨ªa hablarse tambi¨¦n de expropiaciones de terrenos privados para actividades de utilidad social o p¨²blica y la posterior venta de los mismos en el libre mercado con ping¨¹es beneficios para la Administraci¨®n. Los propietarios originales se quedan, a su vez, a la luna de Valencia, en el sentido m¨¢s amplio de la expresi¨®n. La lista de pr¨¢cticas irregulares se adivina interminable. Se trata de actividades que si no son delito, y no voy a entrar ahora en ese punto, son al menos indicativas de que Rinconete y Cortadillo, el Diablo Cojuelo o El Lazarillo de Tormes, es decir, lo m¨¢s florido y castizo de la picaresca espa?ola, siguen vivos entre nosotros y gozan adem¨¢s de buena salud.

As¨ª pues, al margen de todas las causas que estad¨ªsticamente explican, de manera m¨¢s o menos precisa, el aumento del coste de la vivienda, hay un importante poso de pr¨¢cticas irregulares, corruptas o incluso delictivas que tienen una nada desde?able incidencia en el precio final de la vivienda en Espa?a y en cuya erradicaci¨®n deber¨ªa ponerse un empe?o especial. El problema reside en que por su complejidad, especialidad y por los poderosos intereses que hay en juego, es necesario penetrar en las profundidades de la materia, afrontando todas las consecuencias que surjan y, sobre todo, valerse del auxilio de los especialistas. Que haya inter¨¦s pol¨ªtico en buscar una soluci¨®n a lo dicho es otro tema distinto y con su correspondiente punto y aparte. Que yo sepa, y siguiendo el dicho popular, nunca se consigui¨® construir una casa empez¨¢ndola por el tejado. Esperemos que los recientes acontecimientos pos-electorales en Madrid act¨²en como revulsivo y nos obliguen a todos a replatearnos el tema, pues, en un sentido u otro, a todos nos afecta.

Antonio Vercher Noguera es fiscal del Tribunal Supremo.