El fiscal y la 'trama del bill¨®n'

Alcorc¨®n (144.000 habitantes) fue el primer gran municipio del cintur¨®n rojo del sur de Madrid en derechizarse. En 1999, tras cinco mayor¨ªas absolutas de la izquierda, el Partido Popular alcanz¨® por primera vez el Gobierno local por un s¨®lo concejal de diferencia. Entonces comenz¨® su revoluci¨®n urban¨ªstica, nunca aprobada por la autoridad superior, la Comisi¨®n Regional de Urbanismo, dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Los socialistas hab¨ªan dejado aprobado en 1999 un Plan General donde se establec¨ªan los crecimientos residenciales de Alcorc¨®n para los pr¨®ximos a?os. Planificaron nuevos barrios en el denominado "Ensanche sur" para cerca de 10.000 viviendas. En el norte de la localidad, los redactores del Plan General no pintaron nada.

Cuando lleg¨® el PP al poder, se inici¨® la revisi¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana. Una de las primeras decisiones fue rebajar a un tercio el n¨²mero de viviendas baratas, de manera que si con los socialistas era obligatorio levantar 7.000 de las 10.000 viviendas previstas a un precio tasado y barato, con los populares los pisos de protecci¨®n quedar¨ªan reducidos a 2.000 y el resto, 8.000, ser¨ªan de precio libre y, por tanto, caros.

La decisi¨®n m¨¢s importante que tomaron los gestores municipales del PP fue recalificar los terrenos r¨²sticos del norte para levantar 33.000 nuevas viviendas, la inmensa mayor¨ªa de precio libre.

Con esos planes del PP, cuyo principal ejecutor fue Pablo Z¨²?iga (primero concejal de Urbanismo y despu¨¦s alcalde tras la muerte de Joaqu¨ªn Virumbrales, el 9 de septiembre de 1999, tres meses despu¨¦s de acceder al cargo), el municipio de Alcorc¨®n tendr¨ªa suelo residencial calificado para aumentar su poblaci¨®n en m¨¢s de un 50%.

Esta estrategia urban¨ªstica desat¨® la protesta de la oposici¨®n (IU y PSOE), que lleg¨® a querellarse, sin ning¨²n resultado, contra el Gobierno municipal.

La Fiscal¨ªa de Madrid tambi¨¦n investig¨® el caso hasta detectar numerosas anomal¨ªas supuestamente delictivas. En la querella, el fiscal intenta argumentar la participaci¨®n de los distintos querellados en lo que considera una trama de especulaci¨®n inmobiliaria para un negocio de 6.000 millones de euros (un bill¨®n de pesetas).

- El alcalde. El fiscal atribuye al regidor popular de Alcorc¨®n hasta el pasado 14 de junio, Pablo Z¨²?iga, il¨ªcitas maniobras para lograr su prop¨®sito de una recalificaci¨®n masiva de suelo r¨²stico para beneficiar a determinados promotores inmobiliarios. "Como sab¨ªa que una dificultad esencial para el desarrollo de sus planes estribaba en los informes jur¨ªdicos y t¨¦cnicos que deb¨ªa recabar obligatoriamente a los ¨®rganos t¨¦cnicos del Ayuntamiento, procedi¨® a prescindir del asesoramiento jur¨ªdico y de los informes preceptivos del Secretario general del Ayuntamiento".

El fiscal mantiene que Z¨²?iga lleg¨® a firmar un decreto en noviembre de 2000 para evitar que el secretario general del Ayuntamiento acudiera a los plenos donde se aprobaban los distintos pasos en la tramitaci¨®n de las recalificaciones de suelo.

Para los informes t¨¦cnicos que avalaran los distintos cambios urban¨ªsticos contrat¨® "a personas o mercantiles externos con evidentes vinculaciones con los promotores, eludiendo en su contrataci¨®n cualquier requisito legal".

- El arquitecto. Leopoldo Arnaiz consigue el contrato para redactar la revisi¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de Alcorc¨®n y, seg¨²n el fiscal, se pone de acuerdo con los propietarios de suelo o con los promotores inmobiliarios que empiezan a hacerse con opciones de compra de terrenos porque, supuestamente, tienen informaci¨®n privilegiada y saben que van a recalificarse para levantar viviendas de lujo.

Algunas de las operaciones que relata el fiscal suponen un pelotazo en potencia de decenas millones de euros al comprar suelo a 24 euros el metro cuadrado que, previa recalificaci¨®n, pas¨® a costar m¨¢s de 300 euros.

El fiscal asegura que Leopoldo Arnaiz trabajaba para el Ayuntamiento en la redacci¨®n de la revisi¨®n del Plan General y, a la vez, suscrib¨ªa contratos privados con los propietarios del suelo para dise?ar los futuros nuevos barrios.

- El mayor 'pelotazo'. El fiscal se fija en la promotora Alcorc¨®n 2000 SL, controlada por Juan Benigno Alonso Alarc¨®n y Francisco D¨ªaz Mo?ux -"condenado por la Audiencia Nacional a nueve a?os de prisi¨®n a una multa de 110 millones de pesetas por un delito de tr¨¢fico de drogas", seg¨²n el escrito de acusaci¨®n-, cuyo capital social pasa "de 38 millones de pesetas a 650 millones". El dinero que permiti¨® la ampliaci¨®n tiene una "procedencia desconocida", seg¨²n el fiscal.

Esta empresa adquiere una opci¨®n de compra -adelanta 1,5 millones de euros- de los terrenos de la Venta de la Rubia cuando todav¨ªa son r¨²sticos. El fiscal considera que la promotora Alcorc¨®n 2000 formaliza esta operaci¨®n porque tiene acceso a una informaci¨®n privilegiada de que los terrenos van a ser recalificados de manera inminente y calcula que la posterior venta de ese suelo permitir¨ªa a sus due?os ganar m¨¢s de 600 millones de euros (100.000 millones de pesetas).

- Los constructores Bravo y V¨¢zquez. La querella tambi¨¦n se refiere a los constructores y promotores inmobiliarios Francisco V¨¢zquez y su sobrino Francisco Bravo. Este ¨²ltimo ayud¨® al diputado socialista tr¨¢nsfuga Eduardo Tamayo, tras su espantada del pleno de la Asamblea de Madrid, y negoci¨® con el secretario general del PP-Madrid, Ricardo Romero de Tejada, un acuerdo pol¨ªtico para evitar que el PSOE gobernar¨¢ en un municipio, Sevilla la Nueva, donde ten¨ªa intereses inmobiliarios. El fiscal recuerda en su querella que la finca denominada Campod¨®n estaba calificada como no urbanizable en el Plan General de 1999. Y que el alcalde de Alcorc¨®n, con el apoyo de los concejales del PP en el Ayuntamiento, intent¨® recalificarla para que se pudieran levantar sobre ella 1.609 viviendas.

"La mercantil Vaz Inversora e Inmobiliaria, de la que son consejeros Francisco Bravo V¨¢zquez y Francisco V¨¢zquez Igual, detenta ahora mediante opciones de compra una parte muy significativa de los terrenos de aquella recalificaci¨®n", se?ala el fiscal. El escrito de acusaci¨®n destaca que el arquitecto que dise?o la revisi¨®n del Plan General y que defendi¨® la recalificaci¨®n de los suelos de Campod¨®n de r¨²sticos a urbanizables ha sido contratado por los due?os privados de esa finca, entre ellos los V¨¢zquez-Bravo.

- Los delitos. Los hechos que relata el fiscal en su querella con, seg¨²n cuenta en los fundamentos de derecho, constitutivos de los siguientes delitos:

- Asociaci¨®n il¨ªcita para cometer delitos relativos al mercado y a los consumidores.

- Prevaricaci¨®n.

- Revelaci¨®n de secretos y aprovechamiento de informaci¨®n privilegiada.

- Cohecho.

- Negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios.

- Maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas.

- Blanqueo de capitales.