?A la c¨¢rcel por corrupci¨®n?

Hace unos d¨ªas, la prensa econ¨®mica se hizo eco de un interesante caso de corrupci¨®n internacional. Parece ser que altos funcionarios y pol¨ªticos del Gobierno de Kazajist¨¢n pidieron a varias empresas petrol¨ªferas europeas y norteamericanas que hiciesen unos ingresos en cuentas bancarias en Suiza para poder participar en la explotaci¨®n de los campos de Tengiz. El dinero fue pasado luego, en cantidades menores, a otras cuentas, y acab¨® en el bolsillo de aquellos pol¨ªticos, incluido el presidente de la rep¨²blica.

Casos de estos debe de haber muchos. Identificarlos es dif¨ªcil, porque se intenta no dejar huellas. En este caso las autoridades suizas sospecharon de una operaci¨®n de blanqueo de dinero y pusieron en marcha una investigaci¨®n que se extendi¨® a otros pa¨ªses. En Estados Unidos, el soborno de pol¨ªticos y funcionarios extranjeros est¨¢ prohibido por la Ley de Pr¨¢cticas Corruptas en el Extranjero, de modo que se inici¨® una investigaci¨®n contra Mobil Oil Corporation, la empresa norteamericana que particip¨® en la operaci¨®n -hoy propiedad de Exxon Mobil-. Fruto de esa investigaci¨®n fue la detenci¨®n de dos personas: James Giffen, un consultor que actu¨® como intermediario entre el Gobierno kazajo y las empresas, que canaliz¨® el dinero y que parece que recibi¨® 78 millones de d¨®lares en comisiones, y J. Bryan Williams, un antiguo directivo de Mobil Oil Corporation, a quien se acusa de haber recibido dos millones de d¨®lares por su participaci¨®n en el negocio.

Corromper a funcionarios para hacer negocios est¨¢ cada vez m¨¢s penado por las leyes

El caso promete ser el m¨¢s importante que ha ocurrido en Estados Unidos, y se suma a otros ya conocidos. En 1995 Lockheed Corporation pag¨® casi 32 millones de d¨®lares para zanjar un caso por soborno a pol¨ªticos egipcios -y ya se hab¨ªa encontrado en un problema similar, por pagar 30 millones de d¨®lares a pol¨ªticos japoneses en la d¨¦cada de 1970-. IBM Corporation pag¨® 300.000 d¨®lares de multa por un caso de soborno de funcionarios argentinos en 1994, para asegurarse un contrato de venta de ordenadores. Triton Energy pag¨® tambi¨¦n 300.000 d¨®lares por soborno a un funcionario indonesio, en 1997. Saybolt International pag¨® 1,5 millones por una operaci¨®n con funcionarios paname?os. Y la italiana Montedison tuvo que pagar 300.000 d¨®lares en 2001: el hecho de que la operaci¨®n sucediese en Italia no impidi¨® que la Security and Exchanges Commission norteamericana le multase, alegando que sus acciones se cotizan en la Bolsa de Nueva York.

El lector puede pensar que, dado el n¨²mero de casos, el que le cojan a uno debe de ser poco probable. Y, si le cogen, la pena debe ser reducida. No es as¨ª. Ya son 35 los pa¨ªses que han suscrito la convenci¨®n de la OCDE para convertir en delito, de acuerdo con la legislaci¨®n de cada pa¨ªs, el soborno de funcionarios o pol¨ªticos de otros pa¨ªses. En Espa?a el soborno y la extorsi¨®n ya eran delito cuando afectaban a autoridades del pa¨ªs, pero en una reforma del C¨®digo Penal de principios de 2000 se extendi¨® el caso a los funcionarios de otros pa¨ªses. O sea que ahora a un empresario espa?ol se le puede caer el pelo si le cogen en un delito de corrupci¨®n en otro pa¨ªs.

Y las penas no son ligeras. Adem¨¢s de fuertes multas, se incluye la c¨¢rcel para los directivos implicados, y otros castigos que pueden ser muy costosos, como la inclusi¨®n de la empresa en la lista negra de instituciones como el Banco Mundial, lo que impide llevar a cabo operaciones en que intervenga este banco durante unos cuantos a?os. Adem¨¢s, una denuncia pone a los competidores y a los clientes potenciales sobre la pista de un posible corruptor, propiciando investigaciones y nuevas denuncias.

Algunos piensan que la participaci¨®n de intermediarios soluciona los problemas: un agente se encarga de las gestiones, la empresa le remite los fondos con el encargo de que ¨¦l pague por el contrato, y lo que luego ¨¦l haga con el dinero -si se lo queda ¨¦l, o lo transfiere a un pol¨ªtico o un funcionario- ya no le afecta. No es as¨ª. Mobil Oil Corporation utiliz¨®, como hemos visto, los servicios de James Giffen como agente y, a pesar de todo, el posible delito le afecta plenamente. Y lo mismo ocurre en la legislaci¨®n espa?ola, donde se explicita que se proh¨ªbe el pago, o la promesa de pago, por s¨ª o por tercera persona.

Lo relevante del caso Mobil no radica tanto en la multa o la c¨¢rcel, sino en la evidencia de que hay un inter¨¦s positivo de las autoridades para erradicar las pr¨¢cticas corruptas. La tentaci¨®n siempre estar¨¢ ah¨ª, y los casos seguir¨¢n existiendo. Pero, al menos, los que deseen oponerse al soborno y a la corrupci¨®n tendr¨¢n ahora un argumento m¨¢s -las multas, los altos costes de la operaci¨®n y la c¨¢rcel- para, primero, decir que no, y segundo, buscar alternativas que permitan, finalmente, hacer negocios limpios. Algo es algo.

Antonio Argando?a es profesor de Econom¨ªa del IESE.