En¨¦sima fuga

Varios narcotraficantes acusados de introducir en Espa?a dos toneladas de coca¨ªna han ganado de nuevo la partida a la justicia poni¨¦ndose fuera de su alcance en el momento en que se les iba a notificar su condena y el ingreso en prisi¨®n. Hace apenas dos meses, otro se fug¨® inmediatamente despu¨¦s de ser puesto en libertad provisional, tras haber agotado el plazo legal m¨¢ximo de permanencia en prisi¨®n preventiva sin que se hubiera celebrado el correspondiente juicio.

Son dos casos recientes que, unidos a otros, ponen en evidencia un funcionamiento de la Audiencia Nacional -el tribunal competente en la persecuci¨®n penal del narcotr¨¢fico- que no se ajusta en absoluto a un tipo de crimen organizado que, por su poder econ¨®mico y el cualificado asesoramiento jur¨ªdico de que dispone, est¨¢ en condiciones de aprovechar en su favor los resquicios de la ley o cualquier descuido de los jueces. Si ante este tipo de delincuentes no se extrema la diligencia y se deja hacer a la maquinaria burocr¨¢tica, lo m¨¢s probable es que acaben burl¨¢ndose de los tribunales y provoquen una justificada alarma social por una actuaci¨®n judicial en cualquier caso incomprensible y probablemente negligente.

Tiene raz¨®n el vicepresidente Rajoy al se?alar que este tipo de fugas no se evitan con nuevas reformas legales, sino con decisiones judiciales que no competen al Gobierno. Pero llama la atenci¨®n la facilidad con que estos delincuentes eluden la vigilancia policial y traspasan las fronteras, por m¨¢s que se dicten de inmediato ¨®rdenes internacionales de busca y captura. Y eso s¨ª que compete al Gobierno.

En el caso de los ¨²ltimos narcotraficantes fugados se ha producido, sin duda, un imperdonable descuido de la Audiencia Nacional, que en el momento de concluir el juicio y proceder a dictar sentencia no tom¨® la precauci¨®n, amparada por la ley, de ordenar su arresto inmediato, d¨¢ndoles as¨ª la oportunidad de fugarse. Pero el Gobierno, y en particular el ministro del Interior, no pueden irse de rositas. La polic¨ªa estaba obligada a mantener localizados y vigilados a unos relevantes delincuentes para los que se solicitaban fuertes penas. Y que pod¨ªan optar, como as¨ª lo hicieron, por tomar las de Villadiego.