Cuba: ?es posible una democracia soberana?

Uno de los recursos mejor aprovechados por el Gobierno cubano en su "batalla de ideas" contra opositores internos y externos es lo que en M¨¦xico se conoce con el horrible t¨¦rmino de ninguneo: reducci¨®n a la nada, transformaci¨®n del sujeto humano en un miserable insecto, descalificaci¨®n moral de una persona por sus preferencias pol¨ªticas. Ninguneo, enti¨¦ndase, asumido como odio, no como indiferencia. Debido a que los opositores, seg¨²n ese Gobierno, no son tales, sino enemigos y traidores que deben ser aplastados, de acuerdo con una justicia "sumar¨ªsima" de guerra, las formas de la aniquilaci¨®n p¨²blica oscilan entre la m¨¢s represiva -el fusilamiento, la c¨¢rcel, el destierro- hasta la m¨¢s diplom¨¢tica: el desprestigio, el estigma, la calumnia.

Con el deliberado af¨¢n de borrar a los actores inc¨®modos -la disidencia, el exilio, la intelectualidad cr¨ªtica o la burocracia reformista-, ese Gobierno apela con mezquindad a cualquier expediente infamante: el pasado revolucionario de alg¨²n opositor -como si haber sido revolucionario fuera un pecado a los ojos de la propia "revoluci¨®n"-, la vida privada de un disidente, sus amistades y costumbres "antisociales", sus ingresos, ventajas o comodidades y, sobre todo, sus "v¨ªnculos con una potencia enemiga": l¨¦ase Estados Unidos y, ahora, Espa?a o Italia. Este ¨²ltimo expediente, el de la dependencia, el de la falta de autonom¨ªa en el discurso y en la pr¨¢ctica, que reduce a cualquier intelectual o pol¨ªtico opositor a una suerte de ventr¨ªlocuo, es el preferido del Gobierno cubano.

Nada m¨¢s eficiente, a la hora de borrar a un sujeto inc¨®modo, que su difamaci¨®n como ap¨¦ndice de un poder misterioso, cuya voluntad trasciende los estrechos m¨¢rgenes del debate p¨²blico nacional. Nada m¨¢s rentable que el escarnio de la dignidad humana por medio de la caricatura de una persona como no persona, esto es, como m¨¢scara o aut¨®mata, como medio o recipiente de ideas y motivos ajenos, peligrosos. La brutalidad ret¨®rica con que el Gobierno cubano descalifica a opositores internos y externos como "anticubanos", "mercenarios", "agentes de la CIA", "c¨®mplices de potencias enemigas", "marionetas del imperialismo", s¨®lo puede ser obra de una gigantesca soberbia pol¨ªtica: la de quien se siente due?o del ¨²nico destino posible para toda una naci¨®n.

Admitamos que los 75 disidentes pac¨ªficos y moderados, injustamente presos en Cuba, se equivocaron al desarrollar una excesiva dependencia financiera de instituciones cubanoamericanas, subordinadas al Gobierno de Estados Unidos, o al tolerar sin escr¨²pulos el alardoso comportamiento del jefe de la Secci¨®n de Intereses, James Cason. Aceptemos que cometieron el error de no escuchar la l¨²cida recomendaci¨®n del ex presidente James Carter en su viaje a La Habana: "Mant¨¦nganse a distancia de Washington". Aun as¨ª, estar¨ªamos hablando de "errores" pol¨ªticos, no de "cr¨ªmenes contra la patria", y mucho menos, de deseos ideol¨®gicos perversos como una invasi¨®n norteamericana, la anexi¨®n de la isla a Estados Unidos o la creaci¨®n de un Gobierno neocolonial.

El principal delito por el que fueron condenados a penas de entre 6 y 28 a?os de c¨¢rcel los opositores cubanos -"atentar contra la independencia y la integridad territorial de Cuba"- no fue demostrado en ninguno de los juicios "sumar¨ªsimos" contra la disidencia. Lo ¨²nico que lograron probar los tribunales es que los disidentes recib¨ªan dinero de instituciones cubanoamericanas, a trav¨¦s de las cuales el Gobierno de Estados Unidos canaliza recursos en apoyo a la oposici¨®n interna y externa, y de mantener un v¨ªnculo -menos regular, por cierto, que el del propio Gobierno cubano- con la oficina de intereses de Washington en La Habana. Sin embargo, esa dependencia y la pol¨ªtica injerencista que la sostiene, a pesar de lo contraproducentes que resultan para una oposici¨®n nacional que desea la democracia y la soberan¨ªa de su pa¨ªs, no es probatoria de atentado alguno contra la autodeterminaci¨®n del pueblo cubano.

A juzgar por la literatura program¨¢tica de la disidencia, resumida en documentos como La patria es de todos (1997), el Proyecto Varela (2002) y Medidas para salir de la crisis (2003), lo que desea esa oposici¨®n es un cambio de r¨¦gimen pac¨ªfico y gradual con todos los actores del conflicto -incluido el Gobierno de Fidel Castro- hacia una democracia socialmente responsable, una econom¨ªa de mercado controlada y una soberan¨ªa nacional intacta. En el punto 32¡ã del proyecto Medidas para salir de la crisis, concebido por la alianza Todos Unidos, en la que intervinieron los tres principales l¨ªderes disidentes que permanecen en libertad (Oswaldo Pay¨¢, Vladimiro Roca y Elizardo S¨¢nchez Santacruz), se insert¨®, incluso, un llamado a la derogaci¨®n del embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba.

La ¨²nica manera de demostrar que esta plataforma es la mera fachada ret¨®rica de una "quinta columna de mercenarios" que desea la anexi¨®n a Estados Unidos es por medio de pruebas claras sobre un plan de invasi¨®n militar contra la isla y de la evidente implicaci¨®n de los disidentes en el mismo. Esas pruebas, como sabemos, no existen, y las que el Gobierno exhibe, en torno a la dependencia financiera de instituciones cubanoamericanas, no son suficientes para juzgar por conspiraci¨®n contra la independencia del pa¨ªs a ciudadanos que han cometido delitos de asociaci¨®n y conciencia. No es la primera vez en la historia de Cuba que quienes desean un cambio de r¨¦gimen pol¨ªtico, preservando la soberan¨ªa nacional, recurren a apoyos externos: Jos¨¦ Mart¨ª y Fidel Castro, para mencionar dos cl¨¢sicos del nacionalismo revolucionario cubano, buscaron ayuda financiera y log¨ªstica en Estados Unidos y en M¨¦xico.

En el fondo, la racionalidad jur¨ªdica de la represi¨®n de la disidencia cubana es pol¨ªtica, ideol¨®gica y, por tanto, preventiva. Los 75 opositores cubanos fueron encarcelados, de acuerdo con la Ley 88 de 1999, por asociarse al margen de las instituciones del Estado y por expresar p¨²blicamente su rechazo al Gobierno de Fidel Castro. Es decir, por atreverse a ser opositores en un pa¨ªs donde la oposici¨®n es ilegal y punible. Las leyes del Gobierno de Fidel Castro establecen, al respecto, dos identidades que se complementan: oposici¨®n=enemistad y democracia=dependencia. Quien demanda democracia en Cuba, aunque sea de una manera pac¨ªfica y moderada, con financiamiento propio o ajeno, norteamericano o europeo, p¨²blico o privado, es considerado autom¨¢ticamente un enemigo, ya que en la imaginaci¨®n totalitaria de ese r¨¦gimen es inconcebible una soberan¨ªa democr¨¢tica.

Har¨ªa bien la oposici¨®n cubana de la isla y la di¨¢spora en desarrollar, intelectualmente al menos, el escenario de una democracia soberana. ?De qu¨¦ manera se limitar¨ªa la injerencia de un imperio vecino, como el norteamericano, bajo un r¨¦gimen de libertades p¨²blicas? ?Qu¨¦ tipo de democracia es la m¨¢s conveniente para un peque?o pa¨ªs del Caribe, como Cuba, que hace frontera con Estados Unidos? ?Cu¨¢l ser¨ªa el rol -si ha de tenerlo- de la clase pol¨ªtica cubanoamericana? ?C¨®mo implementar, desde un criterio flexible de independencia nacional, la repatriaci¨®n de la di¨¢spora? ?stas y otras preguntas podr¨ªan vislumbrar la pluralidad de un espectro pol¨ªtico cubano que establezca como condici¨®n del cambio de r¨¦gimen, y como pol¨ªtica de Estado de la democracia futura, la preservaci¨®n de la soberan¨ªa insular.

Rafael Rojas es escritor y ensayista cubano, codirector de la revista Encuentro.