"Puedo investigar si se querella el PP, pero no si lo hace el PSOE"

Carlos Jim¨¦nez Villarejo, fiscal jefe a cargo de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, envi¨® el pasado martes 17 de junio un escrito de once folios al fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, en el que le solicitaba autorizaci¨®n para iniciar diligencias de investigaci¨®n en la trama pol¨ªtico-inmobiliaria de la Comunidad de Madrid. El documento analizaba datos p¨²blicos y jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cardenal, hasta ayer, no le respondi¨®. Sin embargo, tanto el fiscal general del Estado como el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, han descartado, en declaraciones p¨²blicas, una intervenci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en el tema. Jim¨¦nez Villarejo dice en una entrevista con EL PA?S que Cardenal le ordena investigar cuando se trata de querellas que presentan pol¨ªticos del Partido Popular, pero no si el querellante es el Partido Socialista Obrero Espa?ol. He aqu¨ª el di¨¢logo.

"Nunca antes nos hab¨ªan ignorado y pasado por encima como en estos d¨ªas"

Pregunta. ?Tan claro es?

Respuesta. Lo digo porque es as¨ª. A comienzos de la semana pasada, despu¨¦s de analizar la crisis en la Comunidad de Madrid y examinar la informaci¨®n p¨²blica decidimos solicitar autorizaci¨®n al fiscal general del Estado para investigar el caso. ?Para qu¨¦ estamos si no es para asuntos como ¨¦stos? Se trata de un caso de presunta corrupci¨®n que ha tenido consecuencias institucionales tremendas. Unos d¨ªas antes el fiscal general me hab¨ªa enviado varias querellas, siete si mal no recuerdo, todas inspiradas por gente del PP, relacionadas con el Ayuntamiento de Calvi¨¤, en Mallorca. Est¨¢n dirigidas contra la ex alcaldesa socialista Margarita N¨¢jera. Bien. Le suger¨ª al fiscal general del Estado que se nombrara a alguien de la fiscal¨ªa de Mallorca para llevar el tema y ¨¦l estuvo de acuerdo. Tengo en mis oficinas al fiscal Joan Carrau, que est¨¢ trabajando activamente en el caso. Ahora, entonces te preguntas: ?S¨®lo hay que investigar cuando la denuncia la presenta el PP? Y no ha sido el ¨²nico ejemplo. Est¨¢ el de Susana Berm¨²dez, la diputada tr¨¢nsfuga del PSOE en Ceuta, en septiembre de 1999, cuatro meses despu¨¦s de las elecciones locales de junio de aquel a?o.

P. El fiscal general del Estado hizo declaraciones el pasado viernes. No se pronunciar¨¢ sobre la petici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n hasta que se resuelva en el Tribunal de Justicia de Madrid sobre la admisi¨®n a tr¨¢mite de la querella presentada por el PSOE.

R. He le¨ªdo las declaraciones. Lo que no entiendo es por qu¨¦ raz¨®n no me env¨ªa un oficio de respuesta a mi propuesta. Le dir¨¦ tambi¨¦n que siempre los altos cargos del Gobierno sol¨ªan decir, al pregunt¨¢rseles por resoluciones judiciales o de la fiscal¨ªa, que esto era un asunto de los tribunales. Ahora ya no es as¨ª. Act¨²an a cara descubierta.

P. ?A qu¨¦ se refiere?

R. El vicepresidente segundo, Mariano Rajoy, dijo el pasado viernes, tras la reuni¨®n del Consejo de Ministros, que no exist¨ªan fundamentos jur¨ªdicos para una investigaci¨®n del caso de la Comunidad de Madrid por parte de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. El vicepresidente explicaba lo que deb¨ªa decir una querella por el delito de cohecho y lo que no dec¨ªa la que hab¨ªa presentado el Partido Socialista. En otras palabras, el fiscal general del Estado y el vicepresidente me daban, de hecho, una respuesta al oficio en el que yo propon¨ªa abrir un expediente para investigar. Cosas as¨ª no hab¨ªan ocurrido nunca.

P. ?Usted cree que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n deber¨ªa estar presente aun en el caso de que prospere la querella presentada por la Fiscal¨ªa de Madrid?

R. Me parece que es obvio. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tiene como objetivo este tipo de delitos, como el cohecho o las negociaciones prohibidas por la naturaleza de los cargos p¨²blicos. Mi pregunta es m¨¢s sencilla: si ¨¦ste no es un caso para esta fiscal¨ªa, ?entonces cu¨¢les son los casos que deber¨ªa investigar? Lo que ocurre es que el poder no quiere. Est¨¢, de hecho, anticipando sus planes.

P. ?Se refiere a que usted y otros fiscales jefes ser¨¢n apartados de sus puestos en las pr¨®ximas semanas?

R. En efecto. Como es bien sabido -porque se ha hecho una cr¨®nica anticipada de ello-, el ministro de Justicia ha firmado una orden ministerial que se ha publicado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado el s¨¢bado 14 en la cual se convoca concurso para ocupar dos plazas de fiscales jefe. Es ilegal. Hay otros fiscales de Sala como Eduardo Torres-Dulce, Jes¨²s Bernal y Mart¨ªn Cazallo, que han escrito al fiscal general del Estado por este asunto. Ellos estiman que el Consejo Fiscal del 1 de julio debe considerar la legalidad de esa convocatoria de plaza y proceder a anularla si es, como yo creo, y como los colegas citados parecen estimar, una medida completamente ilegal. El fiscal general, por su parte, ya ha cursado dos oficios en los que justifica la citada orden ministerial.

P. ?Y cree que hay alg¨²n camino para frenar esta ofensiva?

R. Vamos a intentarlo. Desde luego, la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF) va recurrir por la v¨ªa contencioso administrativa. Y creo que los tribunales les dar¨¢n la raz¨®n. Yo mismo pienso presentarme a la plaza para cubrir la vacante de fiscal jefe Anticorrupci¨®n. No voy a dejar que un trabajo de largos a?os quede en el aire. En otros t¨¦rminos, tendr¨¢n que impedir que pueda conseguir esa plaza a cara de perro, sin ambages.

P. ?Cree que sus hombres podr¨ªan avanzar r¨¢pidamente en esta trama, suponiendo que exista?

R. Ha pasado m¨¢s de una semana desde que envi¨¦ el oficio a la Fiscal¨ªa General del Estado. En ocho d¨ªas, nosotros pod¨ªamos haber analizado los indicios existentes y practicado algunas diligencias e interrogatorios. Una semana es mucho tiempo. Pero nadie ha querido que metamos la nariz. Eso me parece evidente. Insisto en una cosa: nunca antes nos hab¨ªan ignorado y pasado por encima como estos d¨ªas.