La C¨¢mara vasca deja de pagar los 30.000 euros mensuales a Batasuna

La C¨¢mara vasca decidi¨® ayer dejar de pagar al grupo parlamentario de la ilegalizada Batasuna la asignaci¨®n de 30.000 euros mensuales. ?ste ser¨¢ el efecto m¨¢s gravoso que para Sozialista Abertzaleak tendr¨¢ la orden del Tribunal Supremo de disolver la formaci¨®n. Con ello, queda en peores condiciones que si pasara al Grupo Mixto, en el que cobrar¨ªa dos tercios de la asignaci¨®n. No obstante, la Mesa mantuvo su negativa a la disoluci¨®n.

La negativa a firmar los pagos del interventor de la C¨¢mara, requerido directamente y bajo responsabilidad personal por el Supremo a no pagar, ha sido la que ha consolidado esta situaci¨®n: su firma es imprescindible, junto con la del Presidente del Parlamento, Juan Mar¨ªa Atutxa, para abonar las subvenciones. Atutxa en solitario no puede ordenarlo.

La Mesa del Parlamento vasco, con los votos de PNV, EA e IU, y la oposici¨®n de PP y PSE-EE, se reafirm¨® ayer en la "imposibilidad" de disolver el grupo, pero acord¨® respetar y hacer suya la decisi¨®n del interventor de la C¨¢mara, que decidi¨® la semana pasada acatar la orden del Supremo y no firmar m¨¢s pagos. Los radicales no han cobrado ya el mes de junio y deben devolver la cantidad correspondiente a los d¨ªas entre el 20 y el 31 de mayo (unos 10.000 euros). Esta financiaci¨®n resulta hoy vital para la maltrecha estructura de la formaci¨®n ilegalizada en los dif¨ªciles momentos que atraviesa, m¨¢s a¨²n una vez que ha perdido la palanca del poder municipal.

En un acuerdo que cont¨® con los votos en contra de PP y PSE y que Atutxa explic¨® en persona, los representantes de los tres partidos del Gobierno de Ibarretxe en la Mesa de la C¨¢mara sostienen que la instituci¨®n ha sido abocada "a un verdadero conflicto jur¨ªdico" y reiteran que no hay en su proceder ning¨²n ¨¢nimo de desobediencia .

El acuerdo afirma que los ¨®rganos del Parlamento vasco seguir¨¢n impulsando "cuantos recursos jur¨ªdicos con una m¨ªnima viabilidad procesal se encuentren en el ordenamiento". Atutxa no precis¨® cu¨¢les son dichos recursos, ni explic¨® por qu¨¦, si existen, no se han utilizado hasta ahora. "Estamos convencidos de que estamos en lo cierto y en lo honesto", justific¨®. Atutxa s¨®lo apunt¨® que el Parlamento podr¨ªa ejercer la iniciativa legislativa ante el Congreso para promover una reforma de la ley de Conflictos, de modo que contemple el supuesto de choque entre el Poder Judicial y un Legislativo, como es el caso.

Mientras, el letrado mayor de la C¨¢mara -el otro funcionario requerido directamente por el Supremo para que impida al grupo el uso de los locales y medios materiales que la instituci¨®n le proporciona- envi¨® la semana pasada al Tribunal Supremo lo que se denomina un "incidente de ejecuci¨®n", en el que explica que no goza de atribuciones para cumplir esa exigencia.

Atutxa considera que deben ser los servicios jur¨ªdicos de la C¨¢mara los que se encarguen de su defensa y la de los dem¨¢s diputados acusados por el Supremo. Pero este extremo no est¨¢ asegurado, ya que el PP y el PSE se oponen -aducen que esa actuaci¨®n romper¨ªa la neutralidad de los servicios jur¨ªdicos- y la decisi¨®n final la adoptar¨¢n de modo colegiado, en el plazo de esta semana, los propios letrados. ?stos ya mostraron a Atutxa su disposici¨®n a asumir esa defensa, en una reuni¨®n mantenida con ¨¦l la semana pasada, seg¨²n fuentes parlamentarias. Entre otras razones, alegan que estar¨ªan defendiendo su propio informe jur¨ªdico, en el que Atutxa ha basado sus actuaciones contra la disoluci¨®n.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco ha requerido ya a la C¨¢mara vasca para que certifique la condici¨®n de parlamentarios de los tres imputados.