Vecinos del Casc Antic denuncian ser v¨ªctimas de 'mobbing' inmobiliario

Mobbing inmobiliario. Es la presi¨®n, rayana en la coacci¨®n, que sufren vecinos del Casc Antic de Barcelona para que dejen sus domicilios. Muchos de ellos pagan alquileres bajos y en la mayor¨ªa de los casos la presi¨®n es ejercida por inmobiliarias que han comprado todo el edificio. Varias de las personas afectadas explicaron ayer sus casos. La Asociaci¨®n de Vecinos del Casc Antic, que ha intervenido en varias ocasiones, denunci¨® ayer p¨²blicamente estas pr¨¢cticas.

El fen¨®meno, que no es nuevo, se est¨¢ agudizando a medida que la calidad del espacio p¨²blico de Ciutat Vella mejora. "Es m¨¢s, hace a?os, las primeras empresas que compraban edificios enteros con inquilinos lo hac¨ªan bastante bien e incluso arreglaban las viviendas", explicaba ayer Alfred Com¨ªn, portavoz de una asociaci¨®n vecinal. Pero la voracidad del mercado inmobiliario ha hecho, en su opini¨®n, que la ¨²nica prioridad de las empresas y administradores de fincas sea ahora sacar el m¨¢ximo provecho de las oportunidades inmobiliarias, prescindiendo de la precaria situaci¨®n de algunos de los inquilinos afectados.

Muchos de ellos son personas mayores con unos ingresos ajustados, casi siempre pensionistas que no tienen recursos suficientes para contratar abogados. Pagan alquileres considerados bajos porque son inquilinos con contrato de por vida. Incluso con la actualizaci¨®n que permite la ley, en algunos casos el aquiler no supera los 60 euros por unos pisos situados en una zona en plena transformaci¨®n.

Ocurre en distintas zonas del Casc Antic, pero hay calles y fincas en pasajes colindantes de Portaferrissa -y algunas fincas de esa misma calle- que se han ido vaciando casi por completo, explicaban ayer miembros de la asociaci¨®n de vecinos. La calle de En Bot y el pasaje de Magarola son dos de ellas. "Antes nadie daba un duro por nuestras viviendas y ahora sobramos en medio de uno de los centros comerciales m¨¢s potentes de la ciudad", explicaba uno de los inquilinos.

Los afectados explican las diferentes t¨¢cticas de las empresas inmobiliarias para provocar su cansancio y, al final, el abandono de la vivienda. ?stos son algunos de sus relatos.

- Fernando Gonzalo. Vive en la calle de la Riereta, en un edificio que hace a?os ocupaban 30 familias, de las que ahora quedan ocho. Tuvo que demostrar que viv¨ªa en el domicilio ante una demanda por desahucio. Luego la propiedad inst¨® otro pleito alegando que hab¨ªa convertido el domicilio en taller. Se trata de una casa construida en 1802 y catalogada, por lo que s¨®lo se puede demoler en caso de ruina, explicaba ayer. El expediente de ruina ya ha sido presentado por la empresa Traive, SL, seg¨²n confirmaron ayer fuentes del distrito de Ciutat Vella.

- Jaume Ribera. Son dos los vecinos que todav¨ªa viven en el n¨²mero 15 de la calle de la Portaferrissa de los 11 que ten¨ªan en ¨¦l su domicilio (tambi¨¦n hay una tienda). El edificio fue comprado por la sociedad Inversplan -domiciliada en Lichtenstein-, que a su vez traspas¨® la propiedad a una firma de Andorra. Los padres de Jaume Ribera sol¨ªan pagar la mensualidad en efectivo y la nueva propiedad les requiri¨® que pagases en las oficinas. Y all¨ª fueron a pagar, pero siempre eran emplazados a volver otro d¨ªa. As¨ª hasta que se encontraron con una demanda de desahucio por falta de pago. "La ganamos, pero luego en el inmueble han arrancado los interfonos y los buzones, y hasta han cortado la luz". El distrito conoce el panorama y ayer aleg¨® que se ha requerido a la propiedad -al representante, que es un abogado de Barcelona- que realice mejoras en la finca.

- Amadeu Padr¨®. Vive en el pasaje de Magarola desde siempre. Su padre, titular del contrato, falleci¨® hace 40 a?os y no realiz¨® entonces la subrogaci¨®n. El resultado del descuido es que desde diciembre la administraci¨®n de fincas no le acepta el pago del recibo. Fue informado de que la nueva propiedad le sub¨ªa el alquiler a 480 euros. "Y no los puedo pagar porque mis ingresos son una pensi¨®n de 324 euros por larga enfermedad", puntualiza.

- Andreu Roig. Vive en una finca de la calle del Rec Comtal que fue comprada en julio de 2002 por una compa?¨ªa francesa, Fonci¨¨re Ib¨¦rica, que ha instado la declaraci¨®n de ruina del edificio alegando lque en ¨¦l hay termitas, "que no existen seg¨²n los informes de los arquitectos a los que hemos consultado", dec¨ªa.

Otro afectado por el intento de desahucio por una inexistente falta de pago de las mensualidades lleva cinco a?os pagando el recibo por giro postal. "Ha sido la ¨²nica manera", dice.

El abogado Jos¨¦ Mar¨ªa Alcoberro, que asesora a la asociaci¨®n de vecinos del Casc Antic, puntualizaba ayer que a traves de la asociaci¨®n ha tenido conocimiento de una decena de casos de mobbing inmobiliario. "Los edificios que han cambiado de manos sol¨ªan ser casi ruinosos para la propiedad ya que cobraba rentas muy bajas. Tras la ley Boyer se han aplicado las revisiones, pero hay muchos casos -lo determina el nivel de ingresos- en los que las rentas no superan los 90 euros, una cifra claramente insuficiente para las empresas que compran las fincas. As¨ª que la nueva propiedad presiona firmemente a los inquilinos para forzar su marcha", argumentaba Alcoberro.

"Si les hacen la vida imposible, los que tienen ad¨®nde ir se van. As¨ª que se quedan los que no tienen m¨¢s recursos y los que deciden plantar cara. En el caso de las personas mayores, se puede convertir en un problema social que requiere la intervenci¨®n del Ayuntamiento", explicaba el presidente de la asociaci¨®n de vecinos, Pep Mir¨®. Y es en ese cap¨ªtulo donde hay quejas respecto a la intervenci¨®n del consistorio: "Debe que tomar cartas en el asunto para resolver los casos extremos y no tiene la sensibilidad que hace falta". El distrito niega la negligencia. "No es verdad. Se interviene y se buscan soluciones a trav¨¦s del Patronato Municipal de la Vivienda", replicaba ayer el gerente del distrito, Josep Maria Lucchetti. El gerente admiti¨® que en los ¨²ltimos a?os las empresas propietarias han instado varios expedientes de ruina. "Ellos

presentan un informe, el distrito encarga otro y por norma general el definitivo es el que insta el juez encargado del caso. Por tanto, es un proceso largo y complicado", a?ad¨ªa Lucchetti, consciente de que para una empresa inmobiliaria el negocio est¨¢ en conseguir la declaraci¨®n de ruina porque as¨ª puede demoler el edificio.