En defensa de las cajas de ahorro valencianas

Las Cajas de Ahorro se enfrentan, de nuevo, a una ofensiva de la gran banca para limitar su funci¨®n en el sistema financiero espa?ol. En las ¨²ltimas semanas, los dirigentes econ¨®micos del PP y los responsables del Banco de Espa?a han efectuado duras declaraciones p¨²blicas que pretenden coartar notablemente su actividad. Y si unos las han advertido de la necesidad de moderar el fuerte aumento de la inversi¨®n crediticia, otros han "aconsejado" que limiten la expansi¨®n a sus territorios tradicionales o c¨®mo deben de colocar las posibles emisiones de cuotas participativas. De forma nada sorprendente, nada se ha dicho sobre el aumento de la inversi¨®n crediticia de los dos grandes bancos que acaban de lanzar sendas campa?as de aumento de la inversi¨®n crediticia en el mercado hipotecario, n¨²cleo caracter¨ªstico de la actividad de las cajas. Ni sobre otras sociedades, como las grandes superficies comerciales, que de forma progresiva est¨¢n penetrando tambi¨¦n en este segmento del mercado.

Ello afecta plenamente a las tres cajas valencianas que constituyen un elemento fundamental de nuestra econom¨ªa. Las dos m¨¢s importantes, CAM y Bancaixa, han alcanzado un tama?o que no admite vuelta atr¨¢s en su expansi¨®n exterior. Sometidas a una fort¨ªsima competencia en la Comunidad Valenciana, ante la irrupci¨®n de la banca privada y de otras cajas for¨¢neas en ella, ambas necesitan, adem¨¢s de mejorar su eficiencia en la red tradicional, poder competir en aquellas ¨¢reas en donde determinen que pueden contribuir a mejorar sus resultados. De otra forma, a medio plazo, las econom¨ªas de escala de los competidores acabar¨¢n por deteriorar su cuenta de resultados, elemento central de la funci¨®n social que realizan a trav¨¦s de su obra social.

Esta nueva ofensiva en contra de las cajas de ahorro no es nueva. Hace unos a?os, ya se orquest¨® una campa?a medi¨¢tica para intentar modificar su estatuto jur¨ªdico. Ni, tampoco, se produce en el vac¨ªo. Tiene lugar tras la aprobaci¨®n en noviembre pasado de la denominada Ley Financiera, presentada precipitadamente en medio del esc¨¢ndalo de Gescartera para tratar de desviar la atenci¨®n sobre las irregularidades cometidas y cuando est¨¢ a punto de aprobarse una nueva ley, ¨¦sta sobre la transparencia del sistema financiero. Si la primera fue una chapuza, en la nueva ley, a pesar de estar dirigida a las empresas financieras que cotizan en Bolsa, la mayor¨ªa absoluta del PP ha aprovechado para obligar a las cajas a crear dos nuevas comisiones delegadas de sus consejos de administraci¨®n. Las cuales, nada sorprendentemente, no son de aplicaci¨®n a las empresas cotizadas, como si la transparencia de ¨¦stas en relaci¨®n con los peque?os accionistas no necesitara de una urgente y radical mejora.

Esta nueva ofensiva contra las cajas de ahorro se enmarca en un contexto general dominado por la pretensi¨®n del PP de consolidar un sistema financiero basado en la posici¨®n dominante de los dos grandes bancos. Y en el cual las cajas de ahorro tengan un papel subsidiario, de mero estabilizador del duopolio bancario. En otras palabras, se trata de limitar la competencia que las cajas representan para la banca privada. Lo cual, de tener ¨¦xito, supondr¨¢ precios m¨¢s elevados y a una peor calidad de los servicios financieros, al margen de una reducci¨®n de la funci¨®n social que realizan las OBS. Para ello nada mejor, en opini¨®n del PP, que colocarlas continuamente en los medios de comunicaci¨®n por elementos ajenos a sus resultados o a su obra social, para intentar conseguir deteriorar la s¨®lida imagen con que cuentan y la solvencia de sus balances. De esta forma, la entrada a medio plazo del capital privado a trav¨¦s de las cuotas participativas podr¨ªa presentarse como una necesidad para mejorar su solvencia y eficiencia.

Frente a esta ofensiva del PP, los socialistas defendemos la plena validez de su estatuto jur¨ªdico actual y luchamos por mejorar la transparencia y profesionalidad de su gesti¨®n. Es la garant¨ªa para que puedan desarrollar su actividad econ¨®mica y social. Por ello, hemos propuesto un control estricto de que los consejeros de las mismas sean personas de reconocida solvencia en el terreno de la econom¨ªa o las finanzas a la que se ha negado el PP. Por ello, tambi¨¦n, hemos propuesto, con la oposici¨®n del partido gobernante, regular de manera eficaz un sistema de incompatibilidades para garantizar que cualquier miembro de sus ¨®rganos de gobierno defienda en exclusiva los intereses de la entidad y no los de sus empresas. Por ello, en fin, hemos defendido el criterio de proporcionalidad, vigente ya en numerosas Comunidades Aut¨®nomas, a la hora de elegir a los representantes en sus ¨®rganos de gobierno por parte de las instituciones p¨²blicas para asegurar unos ¨®rganos de gobierno plurales, adem¨¢s de competentes, porque plural es la sociedad valenciana.

Bancaixa, la CAM y Caixa Ontinyent son un instrumento fundamental de nuestra econom¨ªa, tanto a trav¨¦s de su actividad financiera como a trav¨¦s de su funci¨®n social, cada d¨ªa m¨¢s patrimonializada por la Administraci¨®n del PP. Por eso mismo nos hemos negado siempre a considerarlas objetivo de la confrontaci¨®n partidaria y hemos demostrado reiteradamente nuestra prudencia y responsabilidad a la hora de mostrar nuestra radical discrepancia con las injerencias de la anterior administraci¨®n auton¨®mica en su funcionamiento, convencidos de que actuar de otra forma era favorecer los objetivos del PP de deteriorar su imagen. Porque Bancaixa, la CAM o Caixa Ontinyent son de todos los valencianos defendemos mejorar continuadamente su eficiencia y competitividad. Por lo tanto, en forma alguna estamos dispuestos a aceptar pasivamente limitaciones para competir frente a la banca ni, menos todav¨ªa, ning¨²n intento de privatizaci¨®n encubierta como la que se pretende con las cuotas participativas.

Ricard Torres es secretario de Econom¨ªa del PSPV-PSOE.