Los cuarteles, ante su hora final

Una de las im¨¢genes m¨¢s habituales de la vida cotidiana en los cuarteles de Sant Andreu es la de alguno de sus ocupantes empujando un carro de supermercado repleto de garrafas de agua. Vaya donde vaya, el propietario del carro viene con toda seguridad del ¨²nico grifo de agua potable que existe en los 100.000 metros cuadrados de superficie del recinto.

Rodeado de aguas negras y basura, el grifo es quiz¨¢ lo ¨²nico que comparten todas las personas que malviven en las antiguas instalaciones militares. Porque ni las circunstancias, ni las aspiraciones, ni las soluciones son las mismas para todos; todo ello convierte el desenlace de este conflicto en especialmente complejo pese a que el Ayuntamiento, la Generalitat y la Delegaci¨®n del Gobierno han pactado su salida.

Desde inmigrantes subsaharianos que pr¨¢cticamente acaban de llegar a Espa?a en busca de un futuro, hasta magreb¨ªes o latinoamericanos que hablan seis idiomas y tienen estudios superiores, pasando por okupas espa?oles e italianos, toxic¨®manos o grupos m¨¢s o menos organizados de ciudadanos de la ex Europa del Este. El abanico de perfiles de los ocupantes de los cuarteles de Sant Andreu es muy variado. Cabr¨ªa sumarles todav¨ªa un reducido grupo de familias gitanas rumanas y b¨²lgaras que fueron realojadas por el Ayuntamiento cuando comenz¨® el proceso de desratizaci¨®n del recinto, la semana pasada.

La ocupaci¨®n de los edificios militares del paseo de Torras i Bages se remonta a hace dos a?os. Hoy, sobre todo ante la inminencia del desalojo, nadie sabe exactamente cu¨¢ntas personas habitan en las instalaciones, pero se estima que la cifra se sit¨²a en torno a 600 personas.

El colectivo m¨¢s numeroso lo componen inmigrantes subsaharianos y magreb¨ªes en situaci¨®n irregular. Son unos 250, pero no todos se encuentran en las mismas condiciones. En torno a 60 de ellos tienen abiertos expedientes de expulsi¨®n y una treintena ha pasado en alg¨²n momento por el centro de internamiento de la comisar¨ªa de la Verneda. Los 150 restantes constituyen el bloque en el que se est¨¢ centrando el trabajo de Cruz Roja, organizaci¨®n que por encargo de la Generalitat se est¨¢ ocupando del dispositivo de atenci¨®n social y realojamiento. Pero el proceso es lento: se desarrolla caso por caso, por lo que hasta ayer s¨®lo se hab¨ªa encontrado un techo alternativo a 26 de estos inmigrantes.

En cualquier caso, todos ellos aspiran a conseguir la regularizaci¨®n, para lo que conf¨ªan en la organizaci¨®n Papeles para Todos. Precisamente ha sido esta organizaci¨®n la que ha dado instrucciones a fin de que solicitaran abogados de oficio para comparecer en la vista oral del pr¨®ximo lunes, lo que ha sido seguido por la mayor¨ªa de este grupo.

Muy diferentes son los componentes del segundo grupo, formado por unos 150 okupas -muchos procedentes de Italia, aunque tambi¨¦n los hay espa?oles y latinoamericanos- que rechazan la atenci¨®n de las administraciones y es presumible que se marchen si finalmente se dicta una orden judicial de desalojo.

Por ¨²ltimo, existe en los cuarteles un tercer grupo, integrado por ciudadanos de Europa del Este, algunos de los cuales podr¨ªan ser ex militares y estar relacionados con bandas dedicadas a negocios irregulares. Este grupo tambi¨¦n ha rechazado el dispositivo de ayuda social.

Aunque el traj¨ªn de garrafas de agua contin¨²a, el ambiente en los cuarteles ha cambiado mucho desde hace una semana. El proceso de limpieza que comenz¨® con la colocaci¨®n de raticidas y est¨¢ culminando con el derribo de los muros que rodean el recinto y los edificios deshabitados, ha producido un cambio tanto en el aspecto de las instalaciones como en los ¨¢nimos de sus habitantes.Se acerca el fin y lo saben. Incluso parece que se haya reducido el n¨²mero de ocupantes, aunque quiz¨¢ es s¨®lo una apariencia, ya que algunos reconocen abiertamente que salen menos por miedo a las frecuentes identificaciones por parte de la polic¨ªa.

Con las piquetas ha llegado tambi¨¦n la tensi¨®n. Los ocupantes denunciaron ayer que reciben presiones por parte de la polic¨ªa y el Ayuntamiento y que incluso se les ha ofrecido dinero para que se marchen. El Ayuntamiento lo neg¨® rotundamente.