Discordia redundante

La Comisi¨®n Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolvi¨® anteayer por unanimidad -cosa infrecuente en un ¨®rgano propenso a los enfrentamientos internos- la suspensi¨®n cautelar de una decisi¨®n adoptada el pasado d¨ªa 11 por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco (TSJPV): la designaci¨®n de tres nuevos magistrados para elevar de cuatro a siete la composici¨®n de su Sala de lo Civil y lo Penal. El prop¨®sito de esa ampliaci¨®n -no discrecional, sino reglada- fue romper el empate que hasta ahora ha impedido aceptar a tr¨¢mite o inadmitir la querella presentada por el fiscal del Estado contra el presidente Atutxa y otros dos miembros de la Mesa, acusados de un delito de desobediencia por incumplir el mandato del Supremo de disolver el grupo de Batasuna en la C¨¢mara.

Se trata, en teor¨ªa, de una mera cuesti¨®n de t¨¦cnica procesal. La Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ) arbitra una complicada f¨®rmula dirigida a subsanar que un ¨®rgano jurisdiccional colegiado no consiga alcanzar la mayor¨ªa requerida para aprobar un auto o de sentencia. Si bien la LOPJ fija los criterios de formaci¨®n de la Sala de Discordia, la literalidad de las leyes suele admitir lecturas diferentes. El fiscal recurri¨® en alzada ante el ¨®rgano de gobierno de la magistratura contra la interpretaci¨®n dada por el presidente del TSJPV: el CGPJ ha suspendido cautelarmente su decisi¨®n hasta pronunciarse sobre el fondo del asunto por considerar que no es materia jurisdiccional sino administrativa.

Nada hubiese ocurrido probablemente si el conflicto girase en torno a un pleito civil o de una causa penal libre de tensiones extrajur¨ªdicas. Sin embargo, la primera discordia -pac¨ªfica- entre magistrados sobre la admisi¨®n de la querella y la segunda discordia -tambi¨¦n jur¨ªdica- entre el TSJPV y el fiscal han dado paso a una tercera discordia -mucho m¨¢s temible- entre fuerzas pol¨ªticas. El consejero de Justicia del Gobierno de Vitoria, Joseba Azkarraga, ha acusado al CGPJ de adoptar "actitudes mafiosas"; el ex vocal nacionalista del CGPJ Emilio Olabarr¨ªa opina que "esto no pasaba ni en el Per¨² de Fujimori". Ciertamente, ning¨²n partido tiene la exclusiva de vejar al Poder Judicial y a los ¨®rganos constitucionales cuando sus fallos les disgustan: tambi¨¦n PSOE y PP han incurrido en pr¨¢cticas similares. Pero la ofensiva deslegitimadora lanzada por PNV y EA contra el Estado de derecho tiene una virulencia excepcional: los sucesivos enfrentamientos con el juez Garz¨®n (por los sumarios penales instruidos sobre ETA), con el Supremo (por la ilegalizaci¨®n de Batasuna, por la disoluci¨®n de su grupo parlamentario y por la prohibici¨®n de las asociaciones de electores el 25-M) y con el Constitucional (por la sentencia sobre la ley de partidos) son una carrera hacia el abismo.

La judicializaci¨®n de la pol¨ªtica implica la abusiva utilizaci¨®n de los tribunales por los partidos para resolver conflictos de poder que podr¨ªan -o deber¨ªan- ser resueltos mediante la negociaci¨®n y el acuerdo; la disoluci¨®n del Grupo Parlamentario de Batasuna es seguramente uno de esos litigios situados en la incierta zona fronteriza que separa los ¨¢mbitos regidos por el principio democr¨¢tico y por el Estado de derecho. La politizaci¨®n de la justicia es el resultado inevitable de las estrategias puestas en marcha por los partidos -en el poder o en la oposici¨®n- para condicionar las decisiones de los tribunales y rechazar sus fallos si les resultan adversos. Esa manipuladora concepci¨®n del Poder Judicial pone en riesgo los dif¨ªciles y necesarios equilibrios entre la soberan¨ªa popular y el imperio de la ley. El Estado de derecho constituye la forma de control del poder y es un espacio consagrado a resolver conflictos mediante la aplicaci¨®n por un Poder Judicial independiente de las leyes aprobadas por un Poder Legislativo libremente elegido. Al escuchar las exhortaciones de Aznar y de su ministro de Justicia a "barrer las calles" de los delincuentes o sus ret¨®ricas subrogaciones en las decisiones de los tribunales como si fuesen los autores o los impulsores de sus fallos, se dir¨ªa que el Estado de derecho ha pasado a convertirse en un garrote del Poder Ejecutivo.