Los cuarteles, el desalojo y la ley que niega papeles

Si el objetivo de la lucha de las 600 personas que malviven en los antiguos cuarteles de Sant Andreu fuera denunciar la especulaci¨®n urban¨ªstica, las dificultades de los inmigrantes y j¨®venes para acceder a una vivienda o, incluso, convertir los antiguos cuarteles en una especie de isla okupa libertaria, como el barrio de Christiania en Copenhague, tendr¨ªa sentido oponerse al inminente desahucio. Pero dado que el objetivo de su lucha, tal como lo ha planteado el colectivo Papeles para Todos -me abstengo deliberadamente de utilizar el t¨¦rmino plataforma-, es la consecuci¨®n de los permisos de trabajo y residencia, pienso que resistirse al desalojo es dar un paso al frente para acabar en la Centro de Internamiento de Extranjeros de la Verneda. Y all¨ª, como ocurri¨® con el desalojo de la plaza de Andr¨¦ Malraux, someterse a la ruleta de las expulsiones. Expulsiones que se aplicar¨ªan a los magreb¨ªes y a los procedentes de ciertos pa¨ªses del Este. Los subsaharianos tendr¨ªan pocas probabilidades de ser expulsados, pero ser¨ªan agraciados con el certificado de "paria legal indefinido", es decir, una orden de expulsi¨®n no ejecutada, que les impedir¨ªa regularizarse.

En los cuarteles viven inmigrantes con papeles y sin ellos, familias gitanas con sus hijos y personas marginadas

A diferencia de lo que ocurri¨® con el encierro de la iglesia del Pi en enero de 2001 y con el grupo inicial de 60 subsaharianos de la plaza de Catalunya que acabaron en agosto del 2001 formando un grupo de 200 personas en la plaza de Andr¨¦ Malraux, ahora gran parte de las ONG de solidaridad con los inmigrantes discrepan profundamente de la estrategia seguida por Papeles para Todos. Discrepan porque el contexto social, pol¨ªtico y jur¨ªdico es totalmente distinto. El encierro del Pi se produjo el d¨ªa que entraba en vigor la ley 8/2000, que significaba una radical contrarreforma de la Ley de Extranjer¨ªa, de abril del mismo a?o. Y adem¨¢s ten¨ªa lugar en Barcelona, dado que mientras que en el resto de Espa?a la mayor¨ªa de las solicitudes de regularizaci¨®n extraordinaria realizadas al amparo de la Ley de Extranjer¨ªa fueron admitidas, en Barcelona la mayor¨ªa hab¨ªan sido desestimadas. As¨ª mientras que en Madrid se denegaron s¨®lo 8.924 expedientes de un total de 51.099, lo que significa el 17%, en Barcelona se denegaron 34.982 de un total de 49.271, es decir, el 71%. Gracias al encierro del Pi se revisaron los criterios para conceder papeles y de hecho se gener¨® un nuevo proceso de regularizaci¨®n extraordinaria.

Evidentemente, todo procedimiento extraordinario deja fuera a gente, bien por los requisitos, bien por haber llegado m¨¢s tarde de la fecha l¨ªmite. Y en la plaza de Catalunya de Barcelona viv¨ªan un grupo de unos 60 subsaharianos tra¨ªdos a la Pen¨ªnsula desde Canarias, Ceuta o Melilla con ¨®rdenes de expulsi¨®n inaplicables al ser de pa¨ªses como Liberia o Sierra Leona. Fueron presionados a abandonar y algunos colectivos consideraron que se pod¨ªa iniciar una nueva movilizaci¨®n como la del Pi. Se lleg¨® a decir que quienes participasen obtendr¨ªan papeles, por lo que se juntaron magreb¨ªes que, pese a no tener permiso de trabajo, ten¨ªan empleo. Cuando se realiz¨® la detenci¨®n colectiva de la plaza de Andr¨¦ Malraux y acabaron en la Verneda, no se concedieron papeles a nadie; los subsaharaianos volvieron a la calle, pero muchos magreb¨ªes que s¨ª ten¨ªan casa y trabajo fueron expulsados.

Todo parece indicar que tras el juicio por desahucio que se

celebrar¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 21, la ocupaci¨®n de los antiguos cuarteles de Sant Andreu, donde residen actualmente cerca de 600 inmigrantes, toca a su fin. Papeles para Todos ha recomendado a los ocupantes que se personen en bloque en el juicio. Evidentemente, a no ser que se suspenda la vista, la juez dictar¨¢ orden de desahucio. Y como ocurre cuando el ocupante no abandona, acude una comisi¨®n judicial con la polic¨ªa para ejecutar el desalojo.

En los cuarteles conviven diferentes colectivos, la mayor¨ªa inmigrantes sin papeles, as¨ª como tambi¨¦n algunas decenas con papeles, pero con dificultades para acceder a una vivienda. Tambi¨¦n residen en ellos familias gitanas de Rumania que mendigan con sus hijos, sujetos a una problem¨¢tica diferente. Tambi¨¦n, por ¨²ltimo, duermen all¨ª personas marginadas. Pese a la complejidad de cada una de estas situaciones, el problema es el que es debido a la actual ley, que hace casi imposible obtener papeles pese a tener trabajo y demostrar arraigo. La bolsa de ciudadanos sin papeles producida por la actual ley es de 120.000 en Catalu?a y m¨¢s de 600.000 en toda Espa?a. Ello genera ciudadanos sin posibilidad de integrarse, sin seguridad jur¨ªdica, que malviven como pueden, 600 de ellos en los olvidados cuarteles. Y estos terrenos, una vez clarificado el plan urban¨ªstico Sagrera-Sant Andreu, ya tienen compradores. Que nadie enga?e a nadie: oponi¨¦ndose al desahucio, no se cambiar¨¢ la ley. Algunos tendr¨¢n la foto que tal vez buscan y el teniente de alcalde que est¨¦ de guardia en Barcelona, mientras Joan Clos hace vacaciones, puede que se coma un marr¨®n, puede incluso que gane votos. Pero quienes entren en las furgonetas policiales camino de la Verneda, que sepan que all¨ª no hay papeles para todos, sino ordenes de expulsi¨®n a discreci¨®n.

Xavier Rius-Sant es periodista.