El Supremo intenta poner orden en el conflicto de los docentes de religi¨®n

El Tribunal Supremo dej¨® sin efecto la pasada semana una sentencia firme de un juzgado de Canarias con el argumento de unificar doctrina sobre numerosas resoluciones contradictorias de varios tribunales superiores. El Gobierno de Canarias hab¨ªa renunciado incluso a recurrir contra la sentencia ahora desvirtuada, que resolv¨ªa sobre la fijeza en el puesto de trabajo de una profesora de religi¨®n en esa comunidad. La decisi¨®n del Supremo ha irritado a FEPER, el sindicato m¨¢s combativo del sector.

El recuento de los reproches judiciales -en torno al millar, ya- que vienen cosechando los obispos por despedir sin raz¨®n a cientos de profesores de catolicismo acaba de sufrir un par¨®n inesperado con esta sentencia del Tribunal Supremo, que anula una anterior del Tribunal Superior de Canarias. Este tribunal regional ha elevado ya al Tribunal Constitucional tres "cuestiones de inconstitucionalidad" contra los acuerdos suscritos por Espa?a y el Estado del Vaticano en materia de ense?anza religiosa cat¨®lica en la escuela p¨²blica.

Los jueces canarios no han sido los ¨²nicos en sentenciar contra esa normativa cuando se aplica a los profesores de religi¨®n y su r¨¦gimen laboral. Tambi¨¦n lo han hecho los tribunales superiores de Justicia de Madrid, Arag¨®n, Pa¨ªs Vasco, Catalu?a y Extremadura, entre otros, que han sentenciado en reiteradas ocasiones en la direcci¨®n opuesta a la que ahora sostiene el Supremo en sentencia dictada el pasado d¨ªa 9 por la Sala de lo Social con el magistrado Aurelio Desdentado como ponente. Sostiene esa resoluci¨®n que la relaci¨®n que une a los docentes de catolicismo con las respectivas administraciones educativas regionales que los contratan y pagan -aunque la selecci¨®n y designaci¨®n corre por cuenta de cada obispo- es una "relaci¨®n a t¨¦rmino" por curso, sin entrar en m¨¢s consideraciones.

Derechos fundamentales

Por el contrario, las reiteradas sentencias de los tribunales regionales, asumiendo siempre ese primer criterio de temporalidad y "no fijeza", van m¨¢s all¨¢ al sostener que la renovaci¨®n de los docentes en sus puestos de trabajo es autom¨¢tica, salvo propuesta contraria de cada obispo, y que ¨¦stos -ni los respectivos gobiernos regionales- no pueden rescindir esa relaci¨®n por causas que tengan que ver con derechos fundamentales como el ejercicio legal de una huelga, el recurso a la tutela judicial o el derecho a la libertad de expresi¨®n, causas por las que muchos profesores han sido enviados al paro.

El litigio se inici¨® en el Juzgado n¨²mero uno de lo Social de Las Palmas el 10 de febrero de 2001, cuando el magistrado Juan Ernesto Morales Romero declar¨® el "car¨¢cter indefinido y laboral" del contrato que ligaba a los docentes Andr¨¦s Jim¨¦nez, Magdalena Cabrera y Luis Vargas con la Consejer¨ªa de Educaci¨®n canaria. ?sta renunci¨® expresamente a recurrir contra aquella sentencia, que adquiri¨® el car¨¢cter de "firme", pero s¨ª lo hizo m¨¢s tarde contra sus consecuencias indemnizatorios posteriores en el caso de la docente Magdalena Cabreza Ru¨ªz, que son las que han dado pie al proceso ahora dirimido sin hacer caso de aquella firmeza.

La Federaci¨®n Estatal de Profesores de Ense?anza Religiosa (FEPER) ha anunciado su intenci¨®n de "ponerse en pie de guerra" contra "semejante inseguridad jur¨ªdica", que califica de "atropello judicial incalificable".