Fiscales a mano
El Consejo Fiscal, ¨®rgano consultivo del fiscal general del Estado, ha dado el visto bueno a la sustituci¨®n de Jim¨¦nez Villarejo y de Fern¨¢ndez Bermejo al frente de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y de la del Tribunal Superior de Madrid, respectivamente. Esa votaci¨®n le permite salvar la cara a Jes¨²s Cardenal, pero no por ello evitar¨¢ el tufo de limpieza ideol¨®gica que tiene el plan de renovaci¨®n de la c¨²pula fiscal ejecutado por el fiscal general, que ha cumplido al pie de la letra el deseo gubernamental de relevar a los jefes que considera "d¨ªscolos" e "inc¨®modos".
La opini¨®n del Consejo Fiscal ha importado muy poco a Cardenal y al Gobierno cuando no se ha acomodado a sus designios, como se puso de manifiesto con el nombramiento del actual fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairi?o, designado para ese cargo, en el que ahora ha sido renovado, a pesar de que su candidatura fuera rechazada por unanimidad en tres ocasiones por ese ¨®rgano consultivo. El aval del Consejo Fiscal adorna la decisi¨®n de Cardenal y facilita los planes del Gobierno, pero no la hace menos arbitraria.
Cardenal ha aprovechado la limitaci¨®n a cinco a?os del mandato de los fiscales jefes, introducida por el nuevo Estatuto Org¨¢nico del Ministerio P¨²blico, para remodelar la c¨²pula de la carrera, no tanto en raz¨®n de criterios objetivos de m¨¦rito o trayectoria profesional de los candidatos como de su capacidad de adaptaci¨®n a un modelo de fiscal m¨¢s receptivo a la influencia gubernamental. No es casual que los destituidos sean sobre todo miembros de la Uni¨®n Progresista de Fiscales y que pr¨¢cticamente ninguno de los nombrados pertenezca a esta asociaci¨®n profesional.
Con la inapreciable colaboraci¨®n de un fiscal general servicial y obsequioso con quien le nombr¨® hace seis a?os, y de cuya voluntad depende su continuidad en el cargo, el Gobierno del PP ha logrado ejercer un grado de control jam¨¢s alcanzado en democracia sobre la fiscal¨ªa. Pero lo m¨¢s deplorable es que lo ha conseguido al amparo del Pacto sobre la Justicia, en el que el Gobierno se ha comportado como un ventajista consumado con la incomprensible pasividad o ingenuidad del PSOE, que le dej¨® redactar la letra peque?a de la reforma y s¨®lo ha reparado en el estropicio cuando era demasiado tarde.
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