PSOE e IU quieren que Barbadillo deje tambi¨¦n su cargo en la EMV

Jorge Barbadillo, cuya gesti¨®n al frente de la empresa p¨²blica Campo de las Naciones est¨¢ siendo investigada por orden del alcalde tras detectarse presuntas irregularidades en la administraci¨®n de fondos, ocupa desde el pasado 12 de mayo un puesto directivo en otro organismo p¨²blico, la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). PSOE e IU exigen al gobierno municipal que suspenda cautelarmente a Barbadillo y lo aparte de cualquier funci¨®n p¨²blica. El PP replica que el dirigente de la EMV es un trabajador laboral fijo y no puede ser despedido si no hay sentencia judicial.

Jorge Barbadillo, concejal por el PP entre 1991 y 1999, fue nombrado aquel a?o consejero delegado de Campo de las Naciones, una empresa p¨²blica que siempre ha dado quebraderos de cabeza al PP y que tambi¨¦n cost¨® el cargo a sus dos primeros responsables, Enrique Villoria y Pablo Poblaci¨®n, por presuntas irregularidades en la contrataci¨®n. Barbadillo estuvo al frente de la gesti¨®n de Campo de las Naciones hasta el 12 de mayo de este a?o, cuando dimiti¨® por "razones personales". Inmediatamente pidi¨® el reingreso como trabajador laboral fijo en la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), de donde hab¨ªa salido en 1991 gracias a una excedencia para ejercer cargo p¨²blico. Ocupa en la EMV el cargo de jefe de Personal, aunque depende jer¨¢rquicamente de la directora del departamento.

Ahora, el nuevo alcalde, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, ha ordenado una auditor¨ªa urgente de las cuentas de Campo de las Naciones porque sospecha que ha habido irregularidades en el uso de los fondos p¨²blicos. De eso se hab¨ªa dado cuenta ya, hace al menos tres meses, el entonces presidente de la empresa y concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, quien aconsej¨® a Barbadillo, sin destituirlo previamente y sin comunicarlo a la oposici¨®n, que fuera devolviendo el dinero que hab¨ªa usado presuntamente para viajes privados. Barbadillo ha devuelto hasta la fecha 35.500 euros.

"Si est¨¢ devolviendo el dinero significa que hay una certeza de su culpabilidad, y que ¨¦l mismo admite que ha usado el dinero p¨²blico de forma irregular. Aunque a¨²n no haya culpabilidad penal, el Ayuntamiento no puede permitirse tener a este hombre en un cargo directivo de una empresa p¨²blica", denuncia Trinidad Jim¨¦nez, portavoz municipal del PSOE. Y a?ade: "El gobierno municipal tiene que demostrar a los ciudadanos que ser¨¢ implacable con presuntos corruptos. La funci¨®n p¨²blica no puede permitirse tener como directivo a alguien de cuya honestidad existen dudas". Con ese argumento, Jim¨¦nez reclama a Ruiz-Gallard¨®n que "aparte" a Barbadillo de su cargo, "aunque a¨²n no haya concluido la auditor¨ªa y aunque ning¨²n juez lo haya declarado culpable todav¨ªa".

Denuncia ante un juez

Para que un juez lo declarase culpable, primero tendr¨ªa que haberse presentado una denuncia. Eso es lo que "exige" al PP la portavoz municipal de IU, In¨¦s Saban¨¦s: "El PP tiene que dejarse de gaitas. Si Barbadillo est¨¢ devolviendo dinero p¨²blico que estaba en su poder, ya s¨®lo con eso tendr¨ªa que haber una causa judicial abierta. El PP debe poner una denuncia ma?ana mismo e inmediatamente suspender cautelarmente de su cargo en la EMV a Barbadillo. ?No puede estar en una empresa p¨²blica alguien que presuntamente se ha llevado a su casa dinero p¨²blico!", protesta Saban¨¦s.

Desde el gobierno municipal se limitaron a se?alar ayer la complicaci¨®n legal que supondr¨ªa suspender a un trabajador fijo que "en la Empresa Municipal de la Vivienda no ha cometido ninguna irregularidad". "Barbadillo pidi¨® en 1991, primero, y en 1999, despu¨¦s, una excedencia forzosa para ejercer cargo p¨²blico. Esa excedencia conlleva la reserva del puesto de trabajo y, en consecuencia, es obligaci¨®n del empresario readmitirle en todo caso, en virtud de lo establecido en el art¨ªculo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores y en el 17.2 del vigente convenio colectivo de la EMV", subray¨® un portavoz del equipo de Ruiz-Gallard¨®n.

"A Barbadillo s¨®lo se le podr¨ªa apartar de su puesto si hubiera una sentencia judicial de inhabilitaci¨®n. Si la EMV lo despide, ¨¦l acudir¨¢ a los tribunales, y ¨¦stos, con casi total seguridad, declarar¨¢n el despido improcedente. Eso obligar¨ªa al Ayuntamiento a indemnizarle o a reintegrarle en el cargo", continu¨® este portavoz. La oposici¨®n considera que ese obst¨¢culo "legal" puede subsanarse con voluntad "pol¨ªtica".