Ahorro de salarios a cargo del Inem
El ajuste en Telef¨®nica y grandes empresas cuesta 240 millones anuales en prestaciones de desempleo
Un grupo amplio de empresas tiene en marcha ajustes de plantilla, con el objetivo de ahorrar entre un 20% y un 30% en los salarios de los trabajadores regulados. Se trata de compa?¨ªas con beneficios que van a repercutir buena parte de ese menor coste a las arcas p¨²blicas. Esas reducciones de personal cuestan alrededor de 240 millones de euros anuales en prestaciones de paro al Inem en las grandes empresas y se eleva hasta los 600 millones para el conjunto de sociedades. Para ello recurren a expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) basados en la prejubilaci¨®n de miles de trabajadores mayores de 50 a?os de edad. Es el caso de los procesos abiertos en Telef¨®nica (con un ajuste r¨¦cord para 15.000 empleados), Iberdrola, Altadis, Siemens, Grupo Repsol, Planeta, Tyco Microser, Electrolux y otras empresas en beneficios. El mismo camino que, parad¨®jicamente, utilizan compa?¨ªas en p¨¦rdidas como Auna y Renfe.
Ese mecanismo lo aplican las empresas con la aquiescencia de los sindicatos mayoritarios CC OO y UGT, y con la aprobaci¨®n del Ministerio de Trabajo, que debe autorizar los expedientes de regulaci¨®n. Se repite una historia vivida a finales de los a?os noventa. Entonces una de las pocas voces cr¨ªticas que se levant¨® fue la de Manuel Pimentel, cuando era ministro de Trabajo con el PP, en 1999. Censur¨® p¨²blicamente ese tipo de ajustes en compa?¨ªas con beneficios y subray¨® que era un modelo s¨®lo justificado para superar "la crisis de empresas que se jugaban su viabilidad". Sus palabras cambiaron los planes de Telef¨®nica, que ese mismo d¨ªa renunci¨® a prejubilar trabajadores a partir de los 42 a?os, aunque mantuvo un ajuste similar al actual desde los 52 a?os.
Falta de legislaci¨®n
El sistema pensado para empresas en crisis y en reconversi¨®n, con protecci¨®n por desempleo indefinida a partir de los 52 a?os, se vuelve a utilizar para encarar procesos de fusi¨®n y adaptaci¨®n a la competitividad, como un ahorro de costes fijos. Las causas m¨¢s usuales que se aducen son: obsolescencia de los conocimientos del trabajador debido al uso acelerado de las tecnolog¨ªas; dificultades de readaptaci¨®n; presunci¨®n de disminuci¨®n de su productividad; y disminuci¨®n de costes estructurales.
No hay datos oficiales, ni estad¨ªsticas, porque la prejubilaci¨®n no est¨¢ reconocida en el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol, pese a ser una realidad sociol¨®gica que afecta a centenares de miles de personas (en estos momentos hay registrados 225.000 parados mayores de 55 a?os). El Ministerio de Trabajo ha rehusado ofrecer los c¨¢lculos solicitados, y argumenta que se trata de "una materia muy compleja". Pero estimaciones basadas en un informe del Consejo Econ¨®mico y Social (CES), de consulta obligada para los expertos, permite delimitar el problema.
Cada a?o, en torno a 50.000 personas mayores de 50 a?os son expulsadas del mercado de trabajo a trav¨¦s de regulaciones de empleo, con un coste medio en prestaciones para el Inem de 600 millones de euros anuales. A empresas grandes y con beneficios pertenecen en torno a 20.000, cifra que este a?o previsiblemente se va a incrementar, y conllevan el pago en prestaciones de desempleo de 240 millones de euros cada ejercicio. Frente al mayor gasto en prestaciones del Inem, la Seguridad Social obtiene un ahorro en pensiones por la penalizaci¨®n que aplica en las jubilaciones anticipadas.
Coste medio
El coste medio por persona y a?o en prestaci¨®n de paro es de 12.000 euros (depende de la base reguladora, el salario sobre el que se ha cotizado). Y tiene la misma cobertura el trabajador que procede de una empresa en beneficios, que el expulsado de una pyme sin indemnizaci¨®n que complemente el seguro de paro.
El impacto para los fondos p¨²blicos, que se nutren de las cuotas de trabajadores y empresas, es complejo porque no todos los ajustes de plantilla se cargan al Inem. Existen tres v¨ªas: los sujetos a regulaciones de empleo que s¨ª cobran prestaciones de paro; los trabajadores regulados que se recolocan tras cobrar la indemnizaci¨®n de su antigua empresa sin agotar la prestaci¨®n; y los ajustes de la banca que no imputan ning¨²n coste al Instituto de Empleo. Una cuarta v¨ªa es la aplicada por el sector del autom¨®vil, que vuelve de nuevo a recurrir a ERE con suspensiones de contratos durante semanas para ajustar la producci¨®n a la demanda y as¨ª eliminar stock. Ahora hay procesos abiertos en Seat y Ford, que trasladan al Inem el abono de salarios a los trabajadores afectados mientras dura la suspensi¨®n.
Los trabajadores expulsados de grandes empresas que no est¨¢n inmersas en una situaci¨®n de crisis o del sector p¨²blico tienen unos ingresos garantizados hasta la edad de jubilaci¨®n anticipada (60 a?os). Esos prejubilados se marchan con el compromiso de recibir indemnizaciones equivalentes a una parte del salario neto y que oscila entre el 70% y el 90%. As¨ª la empresa se ahorra entre el 30% y el 10%, m¨¢s lo que imputa al Inem. Junto a ello, pactan un convenio especial con la Seguridad Social para mantener el abono de las cuotas hasta los 61 a?os y as¨ª no sufrir la merma en su pensi¨®n que tendr¨ªan si cotizasen como simples parados.
El camino de los prejubilados
No existe un perfil ¨²nico de prejubilado expulsado por una regulaci¨®n de empleo. Las situaciones son heterog¨¦neas, no todos los trabajadores que pasan al paro suponen el mismo gasto al Inem, los niveles salariales son muy diferentes, y hay afectados que no agotan todos los periodos de prestaci¨®n de paro, porque se autoemplean o se recolocan en otras empresas.
Pero una parte importante s¨ª recurre a la prestaci¨®n que da protecci¨®n al prejubilado mayor de 50 a?os (legalmente un trabajador en paro que ha sido despedido) hasta que llega a la jubilaci¨®n anticipada a los 60 a?os.
La cobertura que est¨¢n discutiendo las empresas con expedientes de regulaci¨®n empleo (ERE) tiene un desarrollo muy similar. Un ejemplo hipot¨¦tico, pero muy com¨²n, es un trabajador que cuenta en activo con el Salario Medio (1.288,26 euros al mes). Su coste total para el Inem supone 70.554,44 euros si solicita la protecci¨®n cuando ha cumplido los 52 a?os y agota todos los periodos de prestaci¨®n, seg¨²n c¨¢lculos realizados por UGT y que Trabajo no ha querido precisar (alega que las situaciones son m¨²ltiples).
Ese trabajador tipo, tras su salida de la empresa, cobrar¨¢ del Inem una prestaci¨®n contributiva de 901,88 euros los seis primeros meses y 772,96 euros los 18 meses siguientes. La empresa le complementa esos ingresos hasta el porcentaje de su salario en activo que ha pactado, y si es el 80%, le debe abonar la cantidad que resta hasta 1.030,6 euros mes.
A partir del tercer a?o, y hasta que enlaza con la jubilaci¨®n anticipada a los 60 a?os, el Inem paga el subsidio asistencial (338,40 euros al mes). El compromiso de la empresa es seguir complementando en ese periodo los ingresos hasta los 1.030,6 euros mensuales.
En el caso de Telef¨®nica, se ha pactado que el trabajador se limite a cobrar del Inem los dos a?os de prestaci¨®n contributiva (derecho por sus cotizaciones) y la empresa le complementa el resto hasta el 70% de su salario en activo. Fuentes de la operadora han subrayado que, para el acuerdo, se puso como condici¨®n que a partir del tercer a?o la empresa asuma el gasto completo (el 70% del salario) y no se solicite el cobro del subsidio. De esta forma se intenta evitar el "rechazo social" que la operadora reconoce supondr¨ªa recurrir a una prestaci¨®n considerada asistencial, aunque se financia con cotizaciones.
Una vez los trabajadores llegan a los 61 a?os pasan a cobrar la pensi¨®n de la Seguridad Social, con penalizaci¨®n por tratarse de una jubilaci¨®n anticipada (entre el 7% y el 8% por cada a?o de adelanto). El pacto de Telef¨®nica prev¨¦ compensar ese recorte con una renta igual al 34% del salario, actualizada cada a?o con una subida del 2%.
La indemnizaci¨®n media que pagar¨¢ Telef¨®nica por trabajador a lo largo de todo el periodo tiene un coste de entre 250.000 y 300.000 euros (gasto total entre 4.000 y 4.500 millones de euros). Dado que el Inem paga 27.130,95 euros en un Salario Medio por los dos a?os de prestaci¨®n contributiva, asume un coste en torno al 10% de las rentas que cobrar¨¢ el trabajador expulsado. Adem¨¢s la operadora se ahorra un 30% del sueldo de los 15.000 empleados afectados, que en 2004 supondr¨¢ 300 millones de euros; en 2005, 400 millones, y a partir de 2008, 600 millones de euros anuales.
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