El estado del Estado

Tras la muerte del general Franco, el impulso de unos, el temor de otros y la voluntad de concordia de los m¨¢s, desencaden¨® un proceso de cambio culminado, bajo el signo del consenso, con la promulgaci¨®n de la Constituci¨®n de 1978, que instaur¨® la democracia bajo la forma de una monarqu¨ªa parlamentaria estructurada como Estado auton¨®mico. La UCD, grupo pol¨ªtico que protagoniz¨® la transici¨®n, acometi¨® simult¨¢neamente algunas reformas de hondo calado y fuerte repercusi¨®n social: la secularizaci¨®n del Derecho de familia -matrimonio civil y divorcio- y la reforma fiscal. Esto ya fue demasiado para la capacidad de encaje del sector m¨¢s conservador de la derecha espa?ola, que promovi¨® la voladura desde dentro de esta formaci¨®n pol¨ªtica, hasta lograr su liquidaci¨®n por derribo. Tama?a decisi¨®n facilit¨® el terreno para el acceso al poder de la izquierda, que arras¨® en las elecciones de 1982 y mantuvo su hegemon¨ªa durante casi 14 a?os. El balance de los gobiernos de Felipe Gonz¨¢lez, pese a los casos de corrupci¨®n de sus ¨²ltimos tiempos, fue positivo. La integraci¨®n en Europa, la universalizaci¨®n de ciertos servicios sociales y el cambio de piel en muchas zonas del pa¨ªs se llevaron a cabo con solvencia y con el respaldo de una pol¨ªtica econ¨®mica moderada.

El poder legislativo es una simple correa de transmisi¨®n del ejecutivo, y el poder judicial vive una etapa de desprestigio

Pero esta larga pasada por la izquierda lleg¨® a ser dif¨ªcil de soportar por parte de la derecha tradicional espa?ola, acostumbrada al control y usufructo del pa¨ªs a trav¨¦s de la tradicional estructura de un Estado unitario y centralista que depositaba en sus manos el manejo de todos los resortes del poder. De ah¨ª que al perder, en contra de lo esperado, las elecciones de 1993, esta derecha iniciase un proceso de acoso y derribo del Gobierno socialista -"V¨¢yase se?or Gonz¨¢lez"-, que utiliz¨® como arietes la corrupci¨®n y la guerra sucia contra ETA. Esta dur¨ªsima labor de zapa dio fruto y, en 1996, el Partido Popular obtuvo una ajustada victoria que le oblig¨® a pactar con los nacionalistas.

Los siguientes cuatro a?os fueron los mejores del Gobierno popular. Rato sigui¨® la pol¨ªtica econ¨®mica iniciada en su d¨ªa por Solbes, se gestionaron con tino diversas pol¨ªticas, y el tono de la acci¨®n de gobierno fue en general moderado. Lo peor estaba por venir y lleg¨® con la mayor¨ªa absoluta alcanzada en las elecciones de 2000. Al quedar libre de manos, la derecha espa?ola -conducida por su l¨ªder- ha vuelto a donde sol¨ªa y ha desplazado el centro del debate pol¨ªtico a la preservaci¨®n de la integridad territorial de Espa?a, que entiende amenazada por unos nacionalismos a los que atribuye diversos grados de pasividad, simpat¨ªa y complicidad con el terrorismo de ETA. La defensa de esta unidad en peligro se articula sobre un doble dogma: 1. La proclamaci¨®n de la intangibilidad de la Constituci¨®n. 2. La id¨¦ntica naturaleza de todos los terrorismos, como emanaci¨®n de un ¨²nico mal metaf¨ªsico, con la finalidad de subsumir la lucha contra ETA dentro de la cruzada antiterrorista global desencadenada por Estados Unidos. Ahora bien, esta tremendista reacci¨®n no puede hacernos olvidar lo que se esconde detr¨¢s de tanta tramoya: la lucha por la hegemon¨ªa peninsular. Porque, m¨¢s all¨¢ de las ret¨®ricas apelaciones a la sagrada unidad de la patria, lo que subyace es la resistencia al proceso irreversible de redistribuci¨®n del poder pol¨ªtico que ha desencadenado el Estado auton¨®mico, concebido bajo la f¨®rmula de caf¨¦ para todos.

El resultado est¨¢ a la vista. Asistimos a una nueva totalitarizaci¨®n del poder. En efecto, resulta evidente que el poder legislativo se ha convertido en una simple correa de transmisi¨®n del ejecutivo, as¨ª como que el poder judicial est¨¢ viviendo una etapa negra de desprestigio; y, adem¨¢s, es tambi¨¦n obvio que el poder pol¨ªtico as¨ª concentrado origina la correlativa concentraci¨®n del poder econ¨®mico y financiero. De lo que resulta que Madrid, designando con esta palabra al complejo pol¨ªtico-financiero-funcionarial-medi¨¢tico que controla la Pen¨ªnsula, excepto Portugal, ha alcanzado un nivel de dominio muy superior al de cualquier etapa anterior. Insisto, no es un tema de banderas. Detr¨¢s de esta Espa?a que emerge no est¨¢ el Ej¨¦rcito. Se trata de una nueva Espa?a en la que los Aznar, Rato, Pizarro, Cortina, Alierta, Gonz¨¢lez y tutti quanti utilizan el nacionalismo espa?ol como un instrumento para preservar el control social, pol¨ªtico y econ¨®mico del espacio hisp¨¢nico en manos de un grupo en el que se reencarnan aquellos a los que Mingote se refiri¨®, en un chiste inolvidable, como los de siempre.

Todo ello comporta que el Estado espa?ol, entendido en su m¨¢s hondo sentido de sistema jur¨ªdico que a todos nos hace libres y a todos nos iguala, haya entrado en una crisis de proporciones desconocidas, gracias a su deliberada erosi¨®n por el poder ejecutivo, que lo instrumentaliza a su servicio y lo sume en el descr¨¦dito. As¨ª las cosas, quejarse no vale de nada. Lo que hay que hacer, desde Catalu?a, es buscar alg¨²n resquicio para la defensa, que siempre existe. Y, efectivamente, lo hay. En el orden interno, es ya cuesti¨®n de ser o no ser el pacto nacional que reivindique, m¨¢s all¨¢ de la reforma estatutaria, el control de los propios recursos -"la clau de la caixa"-, aunque sea por la v¨ªa indirecta de la asunci¨®n plena de la gesti¨®n tributaria. Y, en Espa?a, es inevitable un nuevo pacto con la izquierda -un pacto de San Sebasti¨¢n entre los dos viejos regeneracionismos-, siempre que el PSOE supere su absurdo seguidismo respecto al PP y recupere su aut¨¦ntica vocaci¨®n reformista.

Juan-Jos¨¦ L¨®pez Burniol es notario.