Clamor en Internet por la denuncia contra 4.000 usuarios de P2P espa?oles

El anuncio de una denuncia penal contra 4.000 usuarios de redes P2P espa?oles por descargar software protegido por licencias ha sublevado a los internautas. La pol¨¦mica se centra tanto en la consistencia jur¨ªdica de la denuncia como en los m¨¦todos utilizados por Landwell-PwC, promotora de la misma, para obtener los datos iniciales sobre los ususarios que han descargado mayor cantidad de archivos. La denuncia est¨¢ presentada en la polic¨ªa, y su promotor, el abogado Javier Ribas, afirma que en septiembre llegar¨¢ a los tribunales.

La Asociaci¨®n de Internautas (AI) y CC OO suscribieron un comunicado en el que muestran su preocupaci¨®n por que la investigaci¨®n privada de las redes P2P para localizar a estos 4.000 usuarios no suponga "una agresi¨®n al derecho a la intimidad" y exigen que se explique en qu¨¦ consisti¨® este rastreo preliminar. La nota rechaza que sea un particular, y no el juez, "quien estime la existencia del delito" y tome iniciativas que causan alarma social.

El documento critica igualmente la pirater¨ªa. La Asociaci¨®n de Usuarios de Internet (AUI) en una nota en su sitio tambi¨¦n se pronuncia en contra. La BSA, organizaci¨®n internacional que persigue la pirater¨ªa del software, defendi¨® la legitimidad de la iniciativa pero se desmarc¨® de ella. Su presidente en Espa?a, Alfons Sort, asegur¨® que la BSA no est¨¢ detr¨¢s de la denuncia. En la BSA consideran que la pirater¨ªa de programas afecta a pymes y profesionales "que tienen otros m¨¦todos para hacerse" con copias pirata. La BSA ve con m¨¢s simpat¨ªa la presi¨®n a los proveedores de servicios "que perseguir a un estudiante". Ribas ha insistido en que durante la investigaci¨®n no ha habido intromisi¨®n en las comunicaciones de un tercero ya que los archivos que se ofrecen son p¨²blicos -"es como mirar un escaparte"- y lo que obtiene el investigador es la direcci¨®n IP de quien los ofrece pero no su identidad. Para ello se debe solicitar permiso judicial.

Otro tema a debate en la Red es si la denuncia puede llevarse por la v¨ªa penal. El software est¨¢ m¨¢s protegido que las copias de archivos audiovisuales. S¨®lo tiene derecho a obtener una copia de un programa quien es propietario de una licencia del mismo; por tanto no puede compartirse con un tercero. El debate jur¨ªdico se centra en si puede prosperar la v¨ªa penal. Para la abogada Paloma Llaneza, el intercambio de programas sin licencia es un delito civil porque para que fuera penal tendr¨ªa que probarse el ¨¢nimo de lucro m¨¢s all¨¢ de obtener una copia ilegal. En algunos foros de Internet se aventura que el anuncio de la demanda busca asustar a los usuarios m¨¢s que iniciar un largo proceso.

En EE UU, donde las discogr¨¢ficas s¨ª han presentado querellas individuales contra algunos ususarios de P2P, las universidades de Boston y el MIT se han negado a facilitar la identidad de los estudiantes sospechosos alegando defectos de forma en la petici¨®n judicial. Un portal, TechTV.com, ha publicado las direcciones electr¨®nicas de 124 de los 900 usuarios denunciados. El Congreso norteamericano prepara una ley para castigar hasta con cinco a?os de prisi¨®n el intercambio de archivos ilegales.