Degradaci¨®n institucional

Pocos d¨ªas antes de ser depurado como fiscal Anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, hizo unas declaraciones en las que llamaba la atenci¨®n sobre la degradaci¨®n institucional que se estaba produciendo en Espa?a cuando estamos a punto de celebrar el 25? aniversario de la aprobaci¨®n en refer¨¦ndum de la Constituci¨®n. En lugar de un sistema pol¨ªtico que hubiera debido ir ganando en vitalidad a medida que se fuera alejando de los a?os negros de la dictadura franquista y que avanzara en la imposici¨®n de usos democr¨¢ticos, estamos dando marcha atr¨¢s y regresando a comportamientos no propios de una dictadura, pero s¨ª predemocr¨¢ticos.

?ste era el diagn¨®stico de Carlos Jim¨¦nez Villarejo, diagn¨®stico que, sin duda, le influir¨ªa de manera decisiva a la hora de tomar la decisi¨®n de anticipar dos a?os su jubilaci¨®n y con el que me gustar¨ªa no estar de acuerdo, pero con el que no me queda m¨¢s remedio que coincidir. Cuando el ex fiscal Anticorrupci¨®n hizo sus declaraciones era la compra de la Comunidad de Madrid el desencadenante inmediato de sus reflexiones. Me imagino que cuando haya tenido conocimiento de lo ocurrido en Marbella esta semana, la sensaci¨®n de asco y de impotencia que le ha llevado a tirar la toalla tras m¨¢s de 35 a?os de servicio p¨²blico que le hab¨ªan conducido a ser en este momento el n¨²mero 1 en la carrera fiscal, se habr¨¢ visto todav¨ªa incrementada.

Lo grave es que nos hemos quedado sin respuestas institucionales para los problemas que se plantean

Y no es para menos. Porque lo grave es que nos hemos quedado sin respuestas institucionales para los problemas que se nos est¨¢n planteando. Lo ocurrido en Madrid y en Marbella puede volver ocurrir en el futuro, sin que dispongamos de instrumentos para evitarlo. Ahora mismo, en el ordenamiento espa?ol, no disponemos de ninguna barrera no ya que impida sino que dificulte siquiera comportamientos como los que se han producido en la Asamblea de Madrid o en el Ayuntamiento de Marbella. ?nicamente una incorruptibilidad de los parlamentarios y concejales similar a la del brazo de santa Teresa podr¨ªa impedir que esto volviera a ocurrir.

El legislador espa?ol, con una desconfianza razonable en la condici¨®n humana, estableci¨® una barrera objetiva y razonable al transfuguismo en la ley reguladora de las elecciones municipales de 1979. En el art¨ªculo 11.7 de dicha ley se dispon¨ªa que los esca?os de concejales no eran de titularidad individual, sino que pertenec¨ªan al partido bajo cuyas siglas hab¨ªan concurrido los candidatos a las elecciones, de tal manera que si un concejal o alcalde dejaba de ser miembro del partido perd¨ªa su condici¨®n de representante municipal, ocupando su lugar el candidato que figuraba a continuaci¨®n en la lista.

La norma ten¨ªa su raz¨®n de ser. La pol¨ªtica municipal es el terreno m¨¢s apropiado para que se pudieran producir casos de transfuguismo y es, en consecuencia, por donde pod¨ªa introducirse este tipo de pr¨¢ctica en la cultura pol¨ªtica del pa¨ªs. De ah¨ª la necesidad de atajarla de ra¨ªz con una medida tan dr¨¢stica.

Desgraciadamente, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 5/1983, declar¨® anticonstitucional el art¨ªculo 11.7 de la ley de 1979 y lo hizo en unos t¨¦rminos extraordinariamente rotundos, de tal manera que no parece posible que una norma similar a aquella pudiera volver a reintroducirse en nuestro ordenamiento. Aunque la sentencia no fue dictada por unanimidad, ya que hubo votos particulares de varios magistrados que consideraban que el precepto en cuesti¨®n era plenamente constitucional, fue confirmada posteriormente en varias ocasiones, no dejando, como digo, pr¨¢cticamente ning¨²n margen al legislador para encontrar una respuesta al problema del transfuguismo.

Y sin barrera legal es muy dif¨ªcil que podamos tener una respuesta satisfactoria frente a los casos de transfuguismo que peri¨®dicamente se repiten. Los pactos anti transfuguismo no han servido hasta la fecha para poner fin a la pr¨¢ctica que condujo a su firma. Peri¨®dicamente son transgredidos y peri¨®dicamente se vuelve a reunir la mesa de seguimiento de los pactos, para renovar la condena, sin que nadie tenga la m¨¢s m¨ªnima confianza en que dicha condena va a servir para algo.

La corrupci¨®n pol¨ªtica no es m¨¢s que la privatizaci¨®n del poder, es decir, el sometimiento por v¨ªas soterradas y espurias del poder pol¨ªtica a la propiedad privada. La separaci¨®n del poder pol¨ªtico en todas sus manifestaciones territoriales de la propiedad privada es el secreto del Estado Constitucional, es lo que le hace ser una forma pol¨ªtica superior a todas las dem¨¢s que se han conocido antes en la historia de la humanidad. El poder no es de nadie y por eso tiene que ser de todos, siendo elegidos los gobernantes por todos los ciudadanos mayores de edad. Por eso el Estado es un poder representativo. La corrupci¨®n transfuguista es, en consecuencia, lo que lo desnaturaliza, lo que retrotrae al poder pol¨ªtico a formas premodernas de ejercicio del mismo.

Y a eso es a lo que estamos asistiendo con un descaro cada vez mayor. En Madrid, Alfredo Tamayo y Mar¨ªa Teresa S¨¢ez han pretendido justificar su conducta en la entrega del poder por parte de Rafael Simancas a los "comunistas". La justificaci¨®n era rid¨ªcula, como se ha puesto claramente de manifiesto en la comisi¨®n de investigaci¨®n de la Asamblea de Madrid, pero los tr¨¢nsfugas se ve¨ªan obligados a tener una coartada de naturaleza pol¨ªtica. En Marbella, Isabel Garc¨ªa Marcos ha renunciado a cualquier tipo de coartada y ha procedido a actuar de la manera que lo ha hecho porque s¨ª. Una decisi¨®n tan grave como la que ha tomado, no ha merecido por su parte explicaci¨®n de ning¨²n tipo. Una desverg¨¹enza pol¨ªtica tan desnuda no la hab¨ªamos conocido hasta la fecha.