Ajustes desmedidos

El recorte de plantillas es un instrumento leg¨ªtimo de las empresas para reducir los costes laborales cuando se encuentran en situaci¨®n de p¨¦rdidas o graves dificultades financieras que ponen en peligro su supervivencia. Este recurso, que implica la aportaci¨®n de dinero p¨²blico para pagar las prestaciones por desempleo a los afectados por las regulaciones, est¨¢ perfectamente admitido como una correcci¨®n necesaria en la econom¨ªa de mercado y es la base de los procesos de reconversi¨®n que salvaron los mercados maduros en crisis, como la siderurgia, la miner¨ªa o la construcci¨®n naval en la d¨¦cada de los ochenta.

Pero en los ¨²ltimos a?os, el mecanismo de ayudas p¨²blicas para financiar parcialmente los ajustes de empleo -los llamados Expedientes de Regulaci¨®n de Empleo, ERE- se viene utilizando para recortar plantillas de empresas que disfrutan de beneficios, con accionistas que perciben los correspondientes dividendos y que no tienen riesgo alguno de supervivencia. Telef¨®nica, a quien se acaba de aprobar un expediente de regulaci¨®n de 15.000 trabajadores, Iberdrola o Siemens se han beneficiado de las modificaciones legales aprobadas a principios de la d¨¦cada de los noventa para introducir causas t¨¦cnicas, productivas o de organizaci¨®n en la justificaci¨®n de los despidos para financiar con cargo a los presupuestos del INEM parte del coste de aqu¨¦llos. Una estimaci¨®n razonable se?ala que el coste de los ERE de las grandes empresas para el INEM y, por tanto, para todos los contribuyentes se aproxima a los 240 millones de euros anuales.

Con independencia de la legalidad de las operaciones, que es incuestionable, est¨¢ claro que la pr¨¢ctica de financiar con dinero p¨²blico ajustes de empleo de empresas con beneficios rompe el principio de solidaridad impl¨ªcito en la econom¨ªa social de mercado. Los despidos o prejubilaciones de una empresa deben pagarse con cargo a su cuenta de resultados y, por tanto, son una factura de sus accionistas. Cuando sistem¨¢ticamente esa factura se pasa a los contribuyentes, cabe preguntarse si no se est¨¢ extendiendo una pr¨¢ctica abusiva y si no ser¨ªa urgente aclarar o poner l¨ªmites a las causas t¨¦cnicas, productivas o de organizaci¨®n que justifican la financiaci¨®n p¨²blica, aunque sea parcial, de los despidos. Cierto es que los ERE previenen crisis graves en las empresas sanas, pero tambi¨¦n que la sociedad empieza a percibir como un abuso la utilizaci¨®n de dinero p¨²blico en negocios privados.