Industria quiere prorrogar dos oligopolios antes de las elecciones
Los juristas desaconsejan ampliar las concesiones para la ITV y la inspecci¨®n industrial
El Gobierno de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) quiere prorrogar antes de las elecciones de oto?o las concesiones de dos de los oligopolios vinculados al Departamento de Industria cuyo contrato no vence hasta 2006: la de las empresas encargadas de la inspecci¨®n t¨¦cnica de veh¨ªculos (ITV) y la de las entidades de inspecci¨®n y control industrial (EIC). El Ejecutivo ya se ha dirigido a la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora de la Generalitat para ampliar las concesiones hasta 2014, pero en su informe -preceptivo, aunque no vinculante- los juristas se oponen a la pr¨®rroga.
El Partit dels Socialistes (PSC) asegura que el intento de prorrogar ambos oligopolios es otro ejemplo de que el Ejecutivo trata de "blindar" a determinadas empresas ante una eventual derrota electoral de CiU, seg¨²n coincidieron en afirmar ayer el portavoz de su grupo parlamentario, Joaquim Nadal, y el diputado Miquel Barcel¨®. El consejero de Industria, Antoni Fern¨¢ndez Teixid¨®, defendi¨® en un comunicado la pr¨®rroga tras acusar al PSC de "contradictorio". "El modelo de concesi¨®n es bueno si permite uniformar criterios, establecer rigor t¨¦cnico e igualar el coste a todo el pa¨ªs", dijo.
Los dos diputados socialistas relacionaron la pretensi¨®n del Ejecutivo de prorrogar las concesiones de Industria con otros contratos renovados antes de tiempo: el Gobierno de CiU ha adelantado cuatro a?os la revisi¨®n de las concesiones de transporte por carretera, prevista para 2007, y las ha prolongado entre 25 y 99 a?os (v¨¦ase EL PA?S del pasado 5 de julio).
Los oligopolios de Industria que el Ejecutivo catal¨¢n se propone renovar ahora afectan a la ITV y a las empresas de inspecci¨®n y control industrial. En el primer caso, las tres empresas acreditadas son ECA, Iteuve y RVSA. Las dos primeras pertenecen al grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que controla el 82% del mercado catal¨¢n de revisiones de veh¨ªculos y que el pasado junio adquiri¨® el 35% de Emte, empresa vinculada a Carles Sumarroca, un hist¨®rico de Converg¨¨ncia Democr¨¤tica (CDC).
Exclusivas
ECA tambi¨¦n se beneficia de las exclusivas en inspecci¨®n y control industrial, oligopolio que el departamento pretende igualmente prorrogar. La otra empresa acreditada para este fin es ICICT. Ambas firmas gozaban tambi¨¦n de la exclusiva para realizar mediciones de control atmosf¨¦rico en grandes empresas y compa?¨ªas el¨¦ctricas, una concesi¨®n otorgada por Medio Ambiente. En 2000, la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora propuso poner fin a este oligopolio de Medio Ambiente, pero el Ejecutivo hizo caso omiso de la recomendaci¨®n y lo renov¨®. No obstante, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) lo anul¨® en 2002 como consecuencia de su car¨¢cter "exclusivo y excluyente".
Tambi¨¦n ahora la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora manifiesta reservas ante las intenciones del Ejecutivo, que justifica la eventual pr¨®rroga de las concesiones como compensaci¨®n a un eventual aumento de las inversiones de las empresas afectadas para mejorar su servicio. En dos dict¨¢menes aprobados el pasado 24 de julio, a los que ha tenido acceso este peri¨®dico, los juristas desaconsejan prorrogar ahora las concesiones, vigentes desde 1986.
Ley espa?ola
En el caso de la ITV, el informe subraya que el supuesto aumento de la inversi¨®n ni siquiera se ha cuantificado: "Todav¨ªa est¨¢ por determinar si el coste de la propuesta es real", se dice en el informe, donde se a?ade que "no se explicitan en el expediente los motivos por las variaciones respecto a la evaluaci¨®n de los concesionarios".
No obstante, el motivo b¨¢sico para desaconsejar la extensi¨®n es otro, a¨²n de m¨¢s calado: "La t¨¦cnica de la pr¨®rroga como v¨ªa para el mantenimiento del equilibrio financiero no se ajusta a la normativa estatal". En 2000, las Cortes aprobaron una ley para liberalizar la ITV y basar las concesiones en la libre concurrencia. El Gobierno catal¨¢n present¨® un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero los juristas recuerdan que "la normativa estatal eventualmente viciada de inconstitucionalidad es actualmente vigente y debe aplicarse".
La comisi¨®n tampoco avala la pr¨®rroga en las entidades de inspecci¨®n y control industrial. En dos resoluciones -del 6 de marzo y del 24 de julio- considera que no se han detallado suficientemente los motivos.
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