Las alegaciones contra el PHN se basan en el da?o ecol¨®gico
Los antitrasvasistas critican que el estudio de impacto ambiental no analice alternativas
Las alegaciones presentadas al Ministerio de Medio Ambiente por la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) contra la declaraci¨®n de impacto ambiental del trasvase previsto en el Plan Hidrol¨®gico Nacional (PHN) hacen hincapi¨¦ en el da?o ecol¨®gico que ¨¦ste producir¨ªa en un espacio natural como el delta del Ebro y en la falta de estudios viables, previstos por la ley, sobre alternativas al proyecto de sustracci¨®n de agua. La PDE pide que se suspenda la tramitaci¨®n del proyecto y se abra un periodo de prueba para analizar las posibles consecuencias del trasvase en el tramo final del r¨ªo.
Las alegaciones, pese a ser fundamentalmente t¨¦cnicas, se han planteado con una fuerte carga de defensa ecol¨®gica y se han obviado aspectos m¨¢s sociales o econ¨®micos. Las objeciones al proyecto redactado por Trasagua, explica el portavoz de la PDE, Manolo Tom¨¤s, "son la base de futuros contenciosos administrativos a los habr¨¢ que recurrir si no se les hace caso". Fueron presentadas el pasado 1 de agosto ante el Ministerio de Medio Ambiente, que se comprometi¨® a responder en un plazo de dos meses.
Las alegaciones se inician recordando que el trasvase del Ebro previsto es de 1.050 hect¨®metros c¨²bicos al a?o que ser¨ªan transportados a 742 kil¨®metros hacia el sur (el trasvase al Levante espa?ol) y a 172 kil¨®metros hacia el norte (trasvase hacia Barcelona), lo que ya de por s¨ª, seg¨²n la PDE, "atenta contra la sostenibilidad, el aprovechamiento racional y la garant¨ªa a largo plazo de la disponibilidad del recurso [el agua]". Tras asegurar que ser¨¢ el delta del Ebro el tramo m¨¢s perjudicado, con 32.000 hect¨¢reas, de las que 7.736 son protegidas y en las que viven 40.000 personas de forma permanente, buena parte de las cuales dependen del cultivo del arroz, la PDE plantea una extensa enumeraci¨®n de las leyes que protegen el espacio, clasificado como parque natural, reserva natural, espacio PEIN y reserva de fauna salvaje.
"Afirmaci¨®n tendenciosa"
La PDE arremete contra el proyecto redactado por la empresa Trasagua (creada para la realizaci¨®n del trasvase) porque niega la vinculaci¨®n entre la detracci¨®n de agua y la regresi¨®n de la costa, el hundimiento de la llanura deltaica y el avance de la cu?a salina. "Es una afirmaci¨®n tendenciosa", aseguran, y a?aden que el estudio ambiental obvia el principio de prevenci¨®n y la conveniencia de no tener que paliar a posteriori los da?os causados por una actuaci¨®n.
La falta de an¨¢lisis reales de alternativas es un elemento que invalida la tramitaci¨®n de la declaraci¨®n de impacto ambiental, a juicio de los antitrasvasistas, y "una infracci¨®n directa del ordenamiento comunitario". Entre las alternativas, recuerda la PDE, deber¨ªa barajarse asimismo "la no ejecuci¨®n de ning¨²n tipo de transferencia".
Entre la legislaci¨®n que el plan de Trasagua incumple, seg¨²n la PDE, se halla la directiva comunitaria referida a h¨¢bitats que obliga a los estados miembros "a adoptar medidas apropiadas para evitar en zonas especiales de conservaci¨®n el deterioro de los h¨¢bitats naturales y de especies". A juicio de la PDE, esta normativa es incompatible con la detracci¨®n de agua, "con efectos dur¨ªsimos sobre los ecosistemas fluviales". Asimismo, el plan del Gobierno no respeta la normativa que recoge que "un Estado miembro no est¨¢ facultado para tener en cuenta las exigencias econ¨®micas como constitutivas de un inter¨¦s general superior a aquel que corresponde al objeto biol¨®gico". Adem¨¢s de una lista de aves protegidas que se encuentran en el delta, las alegaciones recuerdan la existencia de la Margaritifera auricularia, un bivalvo de agua dulce cuya ¨²nica poblaci¨®n viable del mundo se encuentra en el tramo final del r¨ªo.
El principio de precauci¨®n, que deber¨ªa ser axiom¨¢tico en cualquier plan de impacto ambiental, tampoco se recoge, as¨ª como el precepto de que la preservaci¨®n "no s¨®lo se refiere a medidas activas de protecci¨®n, sino tambi¨¦n a la abstenci¨®n de iniciativas peligrosas".
Las alegaciones, de 41 folios, concluyen que la propia ley del PHN no considera el trasvase "un elemento urgente e ineludible a efectuar con inmediatez"; que "no todas las inversiones ser¨¢n recuperadas por los que utilicen el agua, lo que es un punto inadmisible, y se ofrecer¨¢ un recurso escaso, como el agua, por debajo de su precio de coste"; que no se ha establecido de forma oficial cu¨¢les son los caudales reales del Ebro, "para evitar manipulaciones", y que en el caso del Plan Integral del Delta del Ebro (PIDE), el consenso social es nulo.
Entre otros, los efectos del trasvase ser¨¢n, seg¨²n las alegaciones, la degradaci¨®n del sistema y de la din¨¢mica fluvial, la alteraci¨®n de la calidad del agua, la deficiente aportaci¨®n de sedimentos, el aumento de la intrusi¨®n de agua de mar y la p¨¦rdida de productos biol¨®gicos en el ecosistema marino (por la falta de aportaci¨®n del agua del r¨ªo). La PDE, explica Tom¨¤s, solicita la apertura de un periodo de prueba, durante el cual tanto el ministerio como la plataforma podr¨ªan exponer cient¨ªficamente sus tesis, "pero, pese que est¨¢ previsto en la ley, creemos que no lo har¨¢n porque comportar¨ªa un debate t¨¦cnico del que siempre han huido y retrasar¨ªa la tramitaci¨®n del trasvase", a?adi¨®. Seg¨²n el portavoz, el Gobierno pretende ejecutar el plan "y presentar despu¨¦s una pol¨ªtica de hechos consumados".
Las alegaciones t¨¦cnicas de la PDE se suman a las 40.000 recogidas entre la poblaci¨®n catalana y presentadas a finales del mes de julio ante el Ministerio de Medio Ambiente.
Cruce de acusaciones entre el Gobierno y la Generalitat
Los representantes del Estado en el Consorcio para la Protecci¨®n del Delta del Ebro (CPIDE) han solicitado que el presidente de este organismo, Francesc Sancho (CiU), convoque el consejo general "con el objetivo de que todas las entidades, colectivos e instituciones conozcan y debatan" el Plan Integral del Delta del Ebro (PIDE) en un plazo m¨¢ximo de 30 d¨ªas. El Gobierno catal¨¢n niega la legitimidad de un plan que no ha sido aprobado en comisi¨®n ejecutiva y reitera que con ¨¦l el Gobierno del PP pretende lanzar "una OPA hostil" contra las competencias auton¨®micas y municipales.
Contin¨²an los sables en alto en la instituci¨®n para la preservaci¨®n del delta tras la ruptura entre el PP y CiU el pasado d¨ªa 31 de julio. Los representantes del Estado atribuyen al Gobierno de CiU una "actitud obstruccionista" y ¨¦ste acusa al primero de "pretender la imposici¨®n de un plan que no ha sido votado en la comisi¨®n ejecutiva". Las ¨²ltimas cr¨ªticas de los convergentes han llegado por la presentaci¨®n del estudio para la erradicaci¨®n del mejill¨®n cebra sin contar con la presencia de la Generalitat ni con los ayuntamientos implicados.
El Gobierno de CiU se neg¨® a dar su aprobaci¨®n a un plan que no fija un caudal ecol¨®gico m¨ªnimo para el r¨ªo Ebro de 135 metros c¨²bicos por segundo y se opone a la conversi¨®n del CPIDE en una sociedad mercantil "que privatiza el r¨ªo con negociaciones con los regantes" y que pasar¨ªa a depender exclusivamente de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Ebro (CHE) y, por tanto, del Gobierno de Madrid.
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