Marbella: en defensa de la ¨¦tica civil

La disoluci¨®n del GIL como grupo pol¨ªtico no puede en ning¨²n caso ser una especie de punto final, que entierre una de las m¨¢s triste experiencias pol¨ªticas de la ¨¦poca constitucional de este pa¨ªs. Ahora es el momento de analizar lo ocurrido, de tomar medidas que eviten su repetici¨®n, y sobre todo es el momento de reconstruir la democracia en Marbella.

Por eso es importante tener memoria y recordar que una de las primeras actuaciones de Jes¨²s Gil como alcalde de Marbella fue expulsar del Ayuntamiento al secretario general de la corporaci¨®n, que seg¨²n la ley es el responsable de custodiar el cumplimiento por parte del gobierno local del ordenamiento jur¨ªdico. De esta manera, Gil se dejaba el camino expedito para empezar su forma de gobernar.

El Ayuntamiento no puede cumplir sus obligaciones constitucionales con garant¨ªas democr¨¢ticas

Produce bochorno ver c¨®mo el PP y el PSOE se echan en cara sus relaciones con el GIL

Si esto era grave, lo mas grave, es que este buen secretario que cometi¨® la "barbaridad" de negarse a acudir al Club Financiero [sede de las oficinas privadas de Jes¨²s Gil] a resolver temas del Ayuntamiento, no encontr¨® respaldo de las Administraciones P¨²blicas para ejercer el control legal de las actuaciones del GIL. De esta forma, tanto el ministro de Administraciones P¨²blicas como el gobernador civil de la ¨¦poca a quienes se les pidi¨® amparo, dejaron a Gil que consumara esta expulsi¨®n y tuviera las manos libres para desarrollar su forma de gobernar sin este control legal.

Acto seguido se empez¨® a practicar lo que se llam¨® "urbanismo a la carta", que no era otra cosa que preguntarle a un promotor urban¨ªstico que cu¨¢nto y c¨®mo quer¨ªa construir para, en funci¨®n de sus pretensiones, ponerle un llamado "canon" que se entregaba "te¨®ricamente" al Ayuntamiento, a cambio de modificar la normativa urban¨ªstica en funci¨®n de los intereses del promotor, aunque, como ha ocurrido en muchos casos, fuera en contra de la legalidad.

Por poner un s¨®lo ejemplo, para que se entienda mejor, este urbanismo a la carta permiti¨® en una ocasi¨®n, que unos terrenos entregados por el Ayuntamiento para pagar una factura de 396 millones eran revendidos diecinueve dias despu¨¦s por 1000 millones de las antiguas pesetas.

Por eso, produce cierto bochorno ver c¨®mo hoy, tanto el PP como el PSOE, se echan en cara sus relaciones con el GIL a la cara, cuando la realidad es que el esperpento que hoy se vive en Marbella no tiene explicacion sin la dejadez y la complicidad, desde el primer dia, de ciertos poderes p¨²blicos que hicieron la vista gorda cuando se denunciaba que en Marbella no exist¨ªa el Estado de derecho, y que los m¨ªnimos derechos constitucionales (de reuni¨®n, de expresi¨®n pol¨ªtica, etc¨¦tera) no estaban garantizados.

Recordamos c¨®mo se aplaud¨ªa desde la alcald¨ªa actuaciones de la polic¨ªa local m¨¢s propia de dictaduras bananeras que de un Estado democr¨¢tico; recordemos la quema de documentos de los juzgados de Marbella, todav¨ªa no aclarados; recordamos c¨®mo Jes¨²s Gil declaraba que a la Costa del Sol le sobraban los jueces, el Parlamento y la prensa, haciendo una apolog¨ªa de la dictadura.

En definitiva, recordemos c¨®mo en Marbella se burlaba diariamente la Constituci¨®n y el ordenamiento jur¨ªdico, sin entender que ganar unas elecciones daba derecho a un Alcalde a gobernar, pero tambi¨¦n conlleva la obligaci¨®n de hacerlo de acuerdo a la Constituci¨®n y a las leyes, tal y como se juran o prometen en la toma de posesi¨®n de todo cargo p¨²blico. Esto es precisamente lo que diferencia a una democracia de una dictadura.

La situaci¨®n a la que ha llegado el Ayuntamiento de Marbella, por tanto, no es fruto de la falta de una mayor¨ªa estable de gobierno, esto pasa en muchos ayuntamientos. No es tampoco un caso de transfuguismo y de traici¨®n a un electorado, sino que es una degradaci¨®n tal de la instituci¨®n municipal que puede suponer un grave da?o para los intereses generales y puede llevar al incumplimiento de las obligaciones constitucionales del Ayuntamiento.

Por esto, desde IU hemos tomados dos iniciativas: por una parte, la propuesta de creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n que entre en el fondo de lo ocurrido en Marbella en estos a?os, que averigue por qu¨¦ ha fallado el poder judicial, por qu¨¦ ha fallado el control de las administraciones auton¨®mica y central, que determine responsabilidades, pero sobre todo que proponga las correcciones que puedan mejorar la legislaci¨®n y el funcionamiento de los controles p¨²blicos.

Por otra parte, hemos presentado una iniciativa para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a iniciar los tr¨¢mites para que, de acuerdo con el articulo 61 de la ley 7/1985 de R¨¦gimen Local, se proceda a la disoluci¨®n de la corporaci¨®n de Marbella por una gesti¨®n gravemente da?osa para los intereses generales, y lo hacemos por entender que este art¨ªculo tiene como objeto la adopci¨®n de medidas extraordinarias ante situaciones excepcionales.

Basta con un somero repaso a la situaci¨®n jur¨ªdico-administrativa del Ayuntamiento de Marbella para comprobar que el entramado generado para escapar de los controles legales ha convertido a esta corporaci¨®n en una entidad incapaz de cumplir sus obligaciones constitucionales con garant¨ªas democr¨¢ticas.

La situaci¨®n econ¨®mica-financiera es bien sabida por el Gobierno central con una deuda que ha sobrepasado todos los limites l¨®gicos y que el propio Tribunal de Cuentas ha acreditado que no ha sido producto del despilfarro, sino que tambi¨¦n ha existido desvi¨® de fondos p¨²blicos.

Con estas iniciativas, IU entiende que se puede situar a Marbella en la normalidad democr¨¢tica y por ello desde el convencimiento de que en la acci¨®n pol¨ªtica no puede valer todo, hemos realizado la propuesta de una gran movilizaci¨®n ciudadana en defensa de la ¨¦tica civil y de la regeneraci¨®n democr¨¢tica del Ayuntamiento, movilizaci¨®n que devuelva a este municipio la credibilidad que hoy esta puesta en juego por quienes crearon un grupo pol¨ªtico con la intenci¨®n de servir a los intereses privados de su fundador, y que apueste por un futuro de progreso, dentro de la normalidad democr¨¢tica y del respeto a la ¨¦tica civil.

Jos¨¦ Luis Centella G¨®mez es secretario general del Partido Comunista de Andalucia y diputado por M¨¢laga en el Congreso por IU.