Todos los caminos conducen hasta los jueces del Supremo
La reiteraci¨®n de la petici¨®n del magistrado espa?ol Baltasar Garz¨®n al juez argentino Rodolfo Canicoba Corral para la detenci¨®n preventiva, previa a la reclamaci¨®n de extradici¨®n de 45 militares argentinos y un civil imputados por delitos de torturas y genocidio para juzgarlos en Madrid, provoc¨® un efecto domin¨® en las decisiones del Ejecutivo argentino. El presidente N¨¦stor Kirchner se sinti¨® obligado a tomar medidas para las que necesitaba todav¨ªa un tiempo pol¨ªtico de preparaci¨®n y no ocult¨® su malhumor. Pero no retrocedi¨® en su decisi¨®n de devolver al pa¨ªs "la justicia y la memoria".
Primero derog¨® el decreto vigente desde diciembre de 2001 que ordenaba rechazar las extradiciones, del tal modo que los jueces est¨¢n ahora obligados a revisar cada caso. La intervenci¨®n de la justicia alert¨® a los militares. El riesgo de ser extraditados provoc¨® inclusive que algunos de sus portavoces invocaran la "soberan¨ªa nacional" para que les juzgaran en el pa¨ªs.
La estrategia de pinzas del Ejecutivo apret¨® en dos frentes. Por un lado, exigi¨® la remoci¨®n de los miembros m¨¢s significativos de la llamada "mayor¨ªa autom¨¢tica" que el Gobierno de Carlos Menem instal¨® en la Corte Suprema y, por otro, apoy¨® en el Congreso los proyectos para anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que amparan todav¨ªa a los acusados.
El presidente del Supremo, Julio Nazareno, renunci¨® ante la evidencia de que ser¨ªa destituido. Kirchner propuso entonces al ex juez Eugenio Zaffaroni como sustituto.
Reabrir los procesos
La Comisi¨®n de Juicio Pol¨ªtico de la C¨¢mara de los Diputados elevar¨¢ ahora al Senado, la C¨¢mara de Sentencia, la acusaci¨®n contra otro miembro del tribunal, Eduardo Molin¨¦ O'Connor. La semana pr¨®xima, cuando el Senado confirme la anulaci¨®n de las leyes de impunidad, los jueces deber¨¢n decidir en cada caso si reabren los procesos interrumpidos a finales de los a?os ochenta.
Los abogados expertos en la interpretaci¨®n de la Constituci¨®n coinciden en observar que la nulidad de las leyes aprobadas por el Congreso es s¨®lo una declaraci¨®n pol¨ªtica, sin alcance jur¨ªdico. El Supremo tiene que resolver a¨²n dos recursos en los que debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes, y su decisi¨®n ser¨¢ el fallo definitivo porque sentar¨¢ jurisprudencia para todos los casos. El miembro del tribunal que oficia como presidente interino, Carlos Fayt, anticip¨® que los magistrados tomar¨¢n tiempo para decidir "sin tener en cuanta las presiones".
Mientras la mayor¨ªa de los diputados votaba a mano alzada la anulaci¨®n de las leyes, afuera, las Madres de la Plaza de Mayo, ya muy viejas, lloraban, los militantes de la organizaci¨®n Hijos de los Desaparecidos re¨ªan, bailaban y cantaban en la plaza del Congreso: "Se va a acabar, se va acabar, esa maldita impunidad". Cientos de personas se abrazaban entre s¨ª.
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