Argentina no quiere olvidar

Antes de lo esperado, el presidente Kirchner ha dado una nueva vuelta de tuerca a su pol¨ªtica pro derechos humanos al conseguir la aprobaci¨®n por la C¨¢mara de Diputados de la nulidad de las inicuas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, una decisi¨®n que acerca m¨¢s la posibilidad de abrir juicios a militares y miembros de los cuerpos de seguridad part¨ªcipes en las atrocidades sin l¨ªmite de la dictadura argentina entre 1976 y 1983. Kirchner, que ya hab¨ªa derogado el decreto que ordenaba rechazar las extradiciones de miembros de las Fuerzas Armadas, se ha anotado de paso una victoria pol¨ªtica interna al conseguir imponer la disciplina de partido al peronismo y neutralizar a su ala menemista.

Aunque el camino por delante es largo, Argentina parece encaminarse decididamente -en parte por el efecto domin¨® provocado por las peticiones de extradici¨®n del juez Baltasar Garz¨®n- hacia la catarsis de liquidar una impunidad hist¨®rica y que sean sus propios tribunales los que puedan juzgar a muchos de los protagonistas de la ignominia que acab¨® con la vida de 30.000 personas. Y quiz¨¢ por un esperanzador contagio que aclara el s¨®rdido pasado desp¨®tico del Cono Sur, Chile, casi simult¨¢neamente, decide afrontar con timidez la herencia de plomo pinochetista -a punto de cumplirse 30 a?os del golpe- proponiendo medidas para acelerar los procesos judiciales, localizar a las v¨ªctimas e indemnizar a la legi¨®n de torturados por sus militares y polic¨ªas.

La decisi¨®n de los diputados argentinos, adoptada contra el tel¨®n de fondo emocional de miles de manifestantes a las puertas del Congreso, tiene mucho m¨¢s valor pol¨ªtico que jur¨ªdico. Su refrendo debe producirse en el Senado, pero su destino final es el pronunciamiento del Tribunal Supremo, mayoritariamente en manos de jueces obedientes al ex presidente Menem, donde la estrategia de Kirchner puede complicarse. El Supremo est¨¢ a su vez en el punto de mira del Parlamento, que mantiene abierto un juicio pol¨ªtico contra varios de sus miembros.

La anulaci¨®n inicial de las leyes que consagraron la impunidad de los criminales de uniforme, promulgadas por Ra¨²l Alfons¨ªn entre 1986 y 1987 bajo la presi¨®n castrense, es m¨¢s que discutible para los constitucionalistas, y muy dudosa su fuerza vinculante para los jueces; de hecho, ya fueron derogadas en 1999 por el Congreso sin ning¨²n efecto, puesto que su amparo se manten¨ªa hacia el pasado. Pero en la esperanzada Argentina de hoy es un paso firme e imprescindible que otorgar¨¢ a la judicatura un respaldo pol¨ªtico contundente para sepultarlas definitivamente. Entonces, hasta 2.000 uniformados podr¨ªan sentarse en el banquillo para reconciliar a todo un pueblo con su memoria y restablecer su dignidad colectiva.