El Poder Judicial investiga al juzgado que en 4 a?os no instruy¨® un triple asesinato

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) orden¨® ayer a su Servicio de Inspecci¨®n que obtenga informaci¨®n sobre lo ocurrido en el Juzgado n¨²mero 1 de Alcoy (Alicante), que el martes ¨²ltimo tuvo que decretar la libertad provisional del ¨²nico acusado de un triple asesinato por no haber acabado de instruir el caso durante los cuatro a?os que, como m¨¢ximo, puede estar legalmente un imputado privado de libertad sin que se haya celebrado el juicio. La excarcelaci¨®n ha originado un fuerte esc¨¢ndalo judicial y pol¨ªtico por el anormal funcionamiento de la justicia.

Acebes considera que "el Estado de Derecho provoca consecuencias indeseables"

La salida de la c¨¢rcel de Francisco G¨®mez Sim¨®n, ¨²nico acusado por el triple crimen cometido en una mas¨ªa de Benifallim (Alicante) en 1999, origin¨® ayer la orden fulminante al Servicio de Inspecci¨®n del CGPJ para que informe sobre "las circunstancias que han dado lugar a esta situaci¨®n".

El portavoz del Consejo, Enrique L¨®pez, vocal propuesto por el PP, declar¨® que la informaci¨®n que se obtenga ser¨¢ analizada por la Comisi¨®n Disciplinaria, que abrir¨¢ un expediente disciplinario, iniciar¨¢ una investigaci¨®n o archivar¨¢ el caso.

A falta de la informaci¨®n previa solicitada, L¨®pez explic¨® que, en su opini¨®n, al haber ejercido en ese juzgado durante cuatro a?os dos jueces titulares y tres sustitutos, "no ha habido demasiada movilidad". Igualmente, consider¨® que lo sucedido no puede atribuirse a "una excesiva carga de trabajo", ya que ese juzgado mixto [de primera instancia civil y de instrucci¨®n de casos penales] "ten¨ªa una carga penal por debajo de la media y un 10% por encima en materia civil".

Explicaciones muy similares ofrecieron fuentes del Ministerio de Justicia, que resaltaron que este caso era el ¨²nico por asesinato que se instru¨ªa en ese juzgado. L¨®pez aventur¨® que "el problema tal vez ha estado m¨¢s en la oficina judicial que en los jueces". Y el tambi¨¦n vocal propuesto por el PP, Jos¨¦ Luis Requero, apunt¨® a Europa Press que lo sucedido se debe "a la sobrecarga de trabajo (...) y a las anomal¨ªas realizadas por un oficial que ya ha sido condenado por delitos de falsedad, cohecho y prevaricaci¨®n", en referencia a un funcionario juzgado por hechos ocurridos en 1995, cuatro a?os antes que el triple crimen de Benifallim.

Desde Almer¨ªa, el ministro del Interior, ?ngel Acebes, atribuy¨® la puesta en libertad de G¨®mez Sim¨®n a que "el Estado de Derecho provoca unas consecuencias indeseables que no deben producirse", y se?al¨® que "todos los responsables deben poner en marcha las posibilidades, recursos y competencias para que esto no se produzca".

Dos vocales del CGPJ propuestos por el PSOE fueron m¨¢s cr¨ªticos con lo sucedido. Jos¨¦ Antonio Alonso aval¨® la investigaci¨®n ordenada por el Consejo y asegur¨®: "Lo ocurrido desmiente la pol¨ªtica oficial, que vende bastante humo, cuando pregona estupendas mejoras y cada vez que nos enfrentamos con un problema, la realidad las desmiente, porque estamos por debajo de la media europea". Para Alonso, "es intolerable que un acusado de asesinato est¨¦ cuatro a?os sin juicio o que no se investiguen los delitos econ¨®micos, mientras la pol¨ªtica criminal del Gobierno se centra en la peque?a delincuencia".

Javier Mart¨ªnez L¨¢zaro se mostr¨®, por su parte, muy autocr¨ªtico, al evaluar la noticia: "Un fracaso de todos los que tenemos responsabilidad en la Administraci¨®n de Justicia". Detall¨® que "algo falla en el Consejo, cuyo Servicio de Inspecci¨®n debe conocer la carga de trabajo de cada juzgado; en la fiscal¨ªa, obligada a intervenir cuando el retraso supere los seis meses; y una enorme responsabilidad es del Ministerio de Justicia por no dotar de los medios necesarios y no ejercer la iniciativa legislativa de forma adecuada para resolverlos".

Javier Barrero, portavoz del PSOE en la Comisi¨®n de Justicia del Congreso, responsabiliz¨® tambi¨¦n al Gobierno de la falta de medios materiales y humanos, "que crea alarma social", y record¨®: "Disponemos de 8 jueces por cada 1.000 habitantes, mientras que los pa¨ªses de nuestro entorno cuentan con 11 ¨® 12".

Antonio Camacho, portavoz de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, atribuy¨® lo sucedido a que "Espa?a tiene una Administraci¨®n de Justicia del siglo XIX" y Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez Seijo, de Jueces para la Democracia, lo vincul¨® con la "desidia de los responsables de la Administraci¨®n de Justicia".