Extradici¨®n no cursada

Flaco servicio le ha prestado el Gobierno de Aznar al sentido de la justicia universal al decidir ayer no tramitar la demanda de extradici¨®n de 39 ex militares y un civil argentinos reclamada por el juez Baltasar Garz¨®n por cr¨ªmenes de genocidio, tortura y terrorismo en la guerra sucia de la dictadura entre 1976 y 1983. En Buenos Aires, el juez Rodolfo Canicoba, encargado del caso, ya ha anunciado que, tras haberlos detenido a requerimiento de la Audiencia Nacional espa?ola, no le quedar¨¢ m¨¢s remedio que dejarlos en libertad el martes, cuando expira el plazo previsto por la ley para recibir la demanda de extradici¨®n.

El Gobierno se ha escudado en la consideraci¨®n de que los legisladores argentinos abrogaron el pasado 21 de agosto las leyes de inmunidad -de Punto Final y de Obediencia Debida- de los responsables de los cr¨ªmenes de la dictadura militar, con lo que, seg¨²n el acuerdo bilateral de extradici¨®n, permite denegar la extradici¨®n. Pero tendr¨ªa que haber sido el Estado argentino el que la denegara, a cambio del compromiso de persecuci¨®n interna, y no ponerle ante una situaci¨®n de hecho mediante la negativa del Ejecutivo espa?ol. Adem¨¢s, las leyes derogadas ya lo fueron en 1999, sin ning¨²n efecto hacia el pasado, y est¨¢n pendientes a¨²n de una decisi¨®n de la Corte Suprema.

Cursar la demanda de extradici¨®n hubiera constituido una garant¨ªa a?adida de que se haga justicia en Argentina, ya que lo m¨¢s deseable es que los acusados rindan cuentas ante el Poder Judicial de aquel pa¨ªs. Sin duda la instrucci¨®n y acusaci¨®n de Garz¨®n ha sido un elemento para que Argentina, tras la victoria de N¨¦stor Kichner, reformara sus leyes. Pero si el martes salen en libertad el general Videla o el torturador Astiz, el Gobierno de Aznar deber¨ªa sentirse en buena parte responsable por su decisi¨®n de no tramitar la demanda de Garz¨®n.