Valdemoro incumple desde hace tres a?os una sentencia del Tribunal Superior

El alcalde de Valdemoro, Francisco Granados (PP), lleva tres a?os incumpliendo una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) que le obliga a demoler unas obras ilegales en un edificio protegido. Granados es m¨¢s conocido por ser hasta hace unos d¨ªas presidente de la comisi¨®n de investigaci¨®n de la Asamblea de Madrid, que ha intentado desentra?ar las razones que se esconden tras la espantada de los diputados tr¨¢nsfugas Eduardo Tamayo y Mar¨ªa Teresa S¨¢ez.

La historia se remonta siete a?os atr¨¢s. En 1994, el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PSOE, dio la voz de alarma: el propietario del edificio situado en la plaza de Autos, 11, hab¨ªa ampliado su casa construyendo una nueva habitaci¨®n . El inmueble, conocido como Casa de la Inquisici¨®n, es del siglo XVIII y est¨¢ incluido en el Cat¨¢logo de Edificios Protegidos de la Comunidad de Madrid. La resoluci¨®n del Ayuntamiento fue tajante: demolici¨®n de las obras.

El propietario del inmueble, Nicol¨¢s S¨¢nchez, recurri¨® judicialmente. La respuesta de los jueces ratific¨® la del Ayuntamiento: "Las obras ejecutadas no son acordes con la configuraci¨®n arquitect¨®nica original de la casa y suponen una ampliaci¨®n no ajustada a la normativa vigente". Seg¨²n esa normativa, los trabajos permitidos en un edificio de estas caracter¨ªsticas son s¨®lo de conservaci¨®n, restauraci¨®n, consolidaci¨®n y rehabilitaci¨®n.

La sentencia se hizo firme en abril de 2000, pero el Ayuntamiento no hizo nada. Paloma de Diego, vecina del edificio colindante a la Casa de la Inquisici¨®n, solicit¨® al alcalde de Valdemoro, Francisco Granados, que se diera cumplimiento a la legalidad y que se derribaran las obras. "La habitaci¨®n que se hizo ese se?or me dej¨® sin patio. Como no recib¨ª respuesta del alcalde, puse el tema en manos de abogados", se?ala Paloma.

Silencios y excusas

A partir de ah¨ª, el caso de las obras ilegales es una larga historia de silencios y excusas por parte del Consistorio. Los abogados de Paloma de Diego intentaron ponerse en contacto con el alcalde varias veces sin recibir respuesta. En marzo de 2003, Francisco Granados accedi¨® a reunirse con los abogados.

Seg¨²n los letrados, el alcalde manifest¨® que le "resultaba muy dif¨ªcil demoler las obras porque afectaba a la casa de un vecino y que, en todo caso, no har¨ªa nada hasta que hubieran transcurrido las elecciones del pasado 25 de mayo".

El teniente alcalde de Valdemoro y concejal de Urbanismo, Jos¨¦ Miguel Moreno, presente en aquella reuni¨®n, niega que ¨¦sa fuera la respuesta del alcalde: "En ning¨²n momento se pens¨® en t¨¦rminos de intereses electorales". Moreno justifica as¨ª el retraso de tres a?os en el cumplimento de la sentencia: "Es un tema complicado porque hay que contratar a una empresa que se encargue de la demolici¨®n y se necesita una partida presupuestaria. Nunca nos hemos opuesto al cumplimiento de la sentencia. El derribo se har¨¢ pronto".