La juez tomar¨¢ declaraci¨®n a partir de ma?ana a 14 testigos propuestos por las partes del caso CPV
La juez suplente que instruye el caso CPV, Mercedes Guti¨¦rrez, tomar¨¢ declaraci¨®n a partir de ma?ana, d¨ªa 4, y hasta finales de mes a un total de 14 testigos propuestos por las partes para esclarecer la supuesta estafa inmobiliaria cometida por la Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) en tres nuevos barrios del norte de Madrid.
A trav¨¦s de una providencia, la suplente del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 34 de Madrid -que sustituye a la titular, Coro Monreal Huerta- ha citado a declarar a los comparecientes para los pr¨®ximos d¨ªas 4, 5, 11, 12, 17, 19, 22 y 24.
Seg¨²n informaron fuentes cercanas al proceso, la mayor parte de los testigos son ex trabajadores de la promotora inmobiliaria. No obstante, las mismas fuentes precisaron que el pr¨®ximo viernes declarar¨¢ Antonio Foncubierta, un abogado que trabaj¨® para la entidad y que supuestamente estaba al tanto de los contratos y las operaciones financieras que ¨¦sta realizaba.
As¨ª, para uno de los abogados de la acusaci¨®n particular, este testigo podr¨ªa aportar datos sobre el destino del dinero que los afectados por el supuesto fraude inmobiliario adelantaron durante m¨¢s de cuatro a?os para la adquisici¨®n de una vivienda en los desarrollos de Las Tablas, Montecarmelo o Sanchinarro.
La primera comparecencia ser¨¢ ma?ana, jueves, a partir de las diez de la ma?ana.
El pasado 15 de julio, la Audiencia Provincial de Madrid confirm¨® la situaci¨®n de libertad provisional para los cuatro imputados en el caso, el director general de CPV, Francisco Garc¨ªa Moreno, sus hijos Miguel ?ngel y Francisco Javier Garc¨ªa S¨¢nchez, y el administrador de la empresa, Miguel ?ngel Morillo del Pozo.
A trav¨¦s de un auto, la Secci¨®n Segunda de la Audiencia desestim¨® el recurso de apelaci¨®n que el fiscal y las acusaciones particulares hab¨ªan interpuesto contra el auto de libertad provisional dictado el pasado 20 de diciembre por la instructora Monreal Huerta a favor de los imputados. En su resoluci¨®n, el tribunal alegaba la disminuci¨®n del riesgo de fuga de los inculpados, al haber transcurrido siete meses desde que se inici¨® el proceso.
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