Pacto de inmigraci¨®n
La llegada de inmigrantes ilegales a las costas espa?olas est¨¢ adoptando un cariz dram¨¢tico, que contrasta severamente con la vaciedad de las reformas legales y de las promesas y buenos prop¨®sitos del Gobierno, los ¨²ltimos expresados anteayer mismo por el nuevo l¨ªder del PP, Mariano Rajoy. En pocos casos est¨¢ tan claro que una cosa es predicar -reformar leyes- y otra dar trigo: poner medios para resolver los problemas y sobre todo atender a las personas que llegan en estado de extrema necesidad a nuestras costas. Los acontecimientos del ¨²ltimo fin de semana en Tarifa y Algeciras, con el colapso del dispositivo policial y asistencial ante la llegada en pateras de medio millar de inmigrantes indocumentados, ponen en cuesti¨®n la pol¨ªtica sobre la inmigraci¨®n, pero plantean sobre todo dudas sobre la sensibilidad del Gobierno en materia de elementales derechos humanos.
El secretario general del PSOE, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero ten¨ªa raz¨®n hace tres a?os al proponer, a ra¨ªz de la aprobaci¨®n de la actual ley de extranjer¨ªa, un pacto institucional sobre la materia que englobara al Gobierno y a la oposici¨®n, pero tambi¨¦n a las autonom¨ªas, ayuntamientos, patronal, sindicatos y ONGs. El Gobierno le respondi¨®, como en otras tantas cosas, con el desd¨¦n y el sarcasmo. Pero ese gran acuerdo nacional resulta m¨¢s urgente que nunca despu¨¦s de dos a?os de vigencia de una ley que seg¨²n el Gobierno permitir¨ªa acabar con el efecto-llamada, controlar eficazmente las fronteras, poner fin a la imigraci¨®n irregular y establecer los cauces para una inmigraci¨®n legal y ordenada, gestionar con eficacia los cupos anuales de mano de obra extranjera y facilitar la integraci¨®n social del inmigrante.
Nada o muy poco se ha cumplido. El efecto-llamada es m¨¢s fuerte que nunca, las fronteras siguen permeables, la bolsa de inmigraci¨®n irregular crece, la inmigracion legal y ordenada disminuye, los cupos anuales de mano de obra extranjera funcionan peor que nunca y la integraci¨®n social del inmigrante no encuentra su mejor caldo de cultivo en mensajes ambiguos o a veces claramente malintencionados que inducen a la xenofobia. El Gobierno ha abordado el complejo fen¨®meno de la inmigraci¨®n con la ingenua irresponsabilidad de quien parece creer que la reforma de la ley modifica la realidad como por ensalmo. Y el resultado es una ley abocada a su reforma permanente en un intento por controlar una realidad que la desborda.
Es cierto que la detenci¨®n en s¨®lo tres d¨ªas de medio millar de inmigrantes indocumentados en la costa gaditana supera todas las marcas. Pero la escadez de medios y la precariedad asistencial en esa zona caliente de inmigraci¨®n irregular viene de lejos. Es exactamente lo mismo que sucede en Canarias, tal como han denunciado el Defensor del Pueblo y diversas organizaciones humanitarias. Adem¨¢s de legislar, el Gobierno tiene responsabilidades concretas respecto del inmigrante: garantizarle ayuda humanitaria, tutela judicial y asistencia higi¨¦nico-sanitaria. Pero eso exige voluntad pol¨ªtica, m¨¢s recursos y, ante todo, mayor sensibilidad respecto a los derechos humanos.
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