Los archivos del poder

Este agosto, la Fundaci¨®n Francisco Franco ha cobrado nuevo protagonismo al serle concedida otra subvenci¨®n oficial para digitalizar su legado. Los medios de comunicaci¨®n han denunciado una vez m¨¢s la ayuda estatal concedida a una entidad de existencia discutible por varias razones: custodia documentos oficiales que deber¨ªan ser de titularidad p¨²blica; su consulta es restringida; finalmente, no es as¨¦ptica en la evaluaci¨®n de su legado. La ministra de Cultura afirma que la fundaci¨®n no persigue fines pol¨ªticos, "sino una interpretaci¨®n de la historia". El matiz -seg¨²n se mire- puede considerarse una sutileza vaticana o una pincelada de brocha gorda, pero lo problem¨¢tico es que un ente privado custodie y regule caprichosamente el acceso a un legado que supuestamente deber¨ªa ser de control p¨²blico.

Los archivos de Franco y Tarradellas remiten a los problemas acerca de su titularidad

Asimismo, varias obras recientes sobre el ex presidente de la Generalitat Josep Tarradellas plantean otro tema documental pol¨¦mico: la controvertida titularidad privada de su archivo, que pertenece a la comunidad mon¨¢stica de Poblet desde la muerte de su viuda, Antonia Maci¨¤, en 2001. Este fondo contiene abundantes documentos sobre la Generalitat republicana, la actuaci¨®n de su presidente en el exilio y la Generalitat restablecida en 1977. Por otra parte, su inserci¨®n en la red de archivos de Catalu?a y su consulta no parecen bien resueltos. El Directori dels arxius de Catalunya, de la Generalitat, de 1999 ubica el Archivo Tarradellas dentro de los archivos eclesi¨¢sticos, en un subapartado titulado otros, cuyo ¨²nico fin es encuadrar administrativamente el fondo presidencial. El ep¨ªgrafe horario es gr¨¢fico: "Cerrado hasta pasados 15 a?os de la muerte de la se?ora Antonia Maci¨¤, viuda de Tarradellas (excepcionalmente se podr¨¢n hacer consultas previa solicitud por escrito)". Parece ser que no siempre se permite su consulta: por ejemplo, Enrique Momp¨® (autor de una tesis doctoral sobre el Comit¨¦ Central de Milicias Antifascistas le¨ªda en 1994) afirma que "resultaron infructuosas" sus gestiones para consultarlo.

Ambos archivos presidenciales remiten a una problem¨¢tica compleja sobre su titularidad. ?Hasta qu¨¦ punto un estadista puede decidir el destino y la posesi¨®n de documentos oficiales generados en su acci¨®n de gobierno? El problema es amplio en la medida que fragmentos de otros archivos presidenciales (como los de Miguel Primo de Rivera o Luis Carrero Blanco) est¨¢n en poder de sus familias.

Ante la soluci¨®n que se presenta como panacea para consultar dichos fondos (pasar su titularidad privada a p¨²blica), la realidad muestra un escenario m¨¢s complicado, como han descrito los archiveros Ramon Alberch y Jos¨¦ M. Cruz. De este modo, en Estados Unidos, la decisi¨®n de crear un archivo presidencial data s¨®lo del fin del mandato de Franklin D. Roosevelt, en 1945. ?ste, contra la tradici¨®n imperante que permit¨ªa al presidente llevarse sus papeles p¨²blicos y privados, don¨® sus fondos a la naci¨®n y se cre¨® la Roosevelt Library. La decisi¨®n tuvo continuidad y el resultado han sido las Presidential Librairies: archivos, museos y bibliotecas de sus distintos titulares. Pero incluso en este contexto Richard Nixon quiso convertir sus fondos en un dep¨®sito de titularidad privada y acceso controlado. La cuesti¨®n se resolvi¨® con la Ley de Archivos Presidenciales (1978), que declar¨® propiedad de la naci¨®n los documentos de la presidencia. En cuanto a su consulta, ¨¦sta es posible con las pertinentes limitaciones tras cinco a?os de organizaci¨®n de los documentos. Asimismo, el acceso a estos archivos ofrece facilidades limitadas en pa¨ªses cercanos como Francia o Gran Breta?a. En el primero, al finalizar cada septenato, los documentos oficiales se env¨ªan a los Archivos Nacionales y son accesibles al p¨²blico 60 a?os despu¨¦s.

En el segundo, la Ley de Secretos Oficiales otorga una notable facilidad a la Administraci¨®n para dificultar el acceso a la documentaci¨®n.

Quien esto suscribe cree que, m¨¢s que volver a los discursos demag¨®gicos que imperan en torno a la existencia de archivos presidenciales privados (que sirven esencialmente como arma pol¨ªtica), ser¨ªa importante abrir un debate profundo sobre su titularidad y acceso en t¨¦rminos ambiciosos y proyectarlo hacia el pasado en la medida que fuese viable. ?Debe reclamarse la propiedad p¨²blica de todos los archivos privados de presidentes y cargos oficiales destacados de cualquier ¨¦poca? Hablamos de legados documentales tanto del siglo XIX como del XX (sin ir m¨¢s lejos, el archivo del fallecido Ram¨®n Serrano S¨²?er es privado). Por otra parte, frente a quienes demandan leg¨ªtima y justificadamente que estos archivos pasen a ser de titularidad p¨²blica, no est¨¢ de m¨¢s recordar que la falta de medios oficiales para catalogar, clasificar e inventariar hace que la b¨²squeda de otras opciones (una titularidad compartida o s¨®lo privada) no sea tan cuestionable a priori.

Esta ¨²ltima apreciaci¨®n la consideramos importante, en la medida que parece imperar socialmente un fetichismo documental que prima la posesi¨®n del documento m¨¢s que su consulta. Lo decisivo -y esto no es un asunto menor- es poder acceder a los fondos con las menos cortapisas posibles. En ¨²ltima instancia, ?de qu¨¦ sirve que los archivos sean p¨²blicos si su acceso es extraordinariamente dif¨ªcil?

Ahora bien, lo que es totalmente inadmisible aqu¨ª o en cualquier pa¨ªs es una situaci¨®n que une la titularidad privada de este tipo de fondos con un acceso restringido a los mismos por razones arbitrarias. Ah¨ª est¨¢ el quid de la cuesti¨®n.

Xavier Casals Meseguer es historiador.