Las listas de Bono siguen creciendo

Jos¨¦ Zambrano Moya, Jos¨¦ Vicente G¨®mez Paz, Juan Antonio P¨¦rez Fern¨¢ndez, Jos¨¦ Mar¨ªa Mart¨ªnez M¨¢rquez, Rom¨¢n Rodr¨ªguez Rodr¨ªguez, Luis Fern¨¢ndez Ortiz... y as¨ª hasta completar 36 nombres.

Son los de 36 de los 89 condenados en firme durante 2002 en Castilla-La Mancha por malos tratos y cuyas v¨ªctimas aceptaron por escrito que las sentencias las divulgue el Gobierno del socialista Jos¨¦ Bono. Esos nombres van a formar la segunda lista de Bono, que se presentar¨¢ en las Cortes regionales el pr¨®ximo octubre, y que ha cambiado mucho desde que el presidente manchego anunci¨® a finales de 2002 que su intenci¨®n era crear "un clima social de rechazo" a la violencia de g¨¦nero: ya no es una mera relaci¨®n de nombres. Una iniciativa que levant¨® ampollas y que fue fuertemente respondida por algunos juristas, pero sobre todo por la oposici¨®n popular, aunque nunca present¨® recurso contra la ley. "Era poner en la picota a quienes ya ten¨ªan una sentencia condenatoria. Pero adem¨¢s es que pod¨ªa afectar a terceras personas, que son los hijos y familiares, y no produc¨ªa un efecto preventivo", sostiene la diputada Sagrario Guti¨¦rrez, responsable de las pol¨ªticas de la mujer en el Partido Popular de Castilla-La Mancha, quien opina que la falta de apoyo oblig¨® al PSOE a "reconducir su primera idea".

"Lo de las sentencias es lo que menos nos preocupa. Pero se publican en un informe fant¨¢stico, donde se ve el aumento tan importante de apoyo a la mujer maltratada"

"La ley es m¨¢s progresista que su desarrollo. En la comunidad mod¨¦lica en cuanto a respaldo de la mujer maltratada, s¨®lo llegan al juzgado un 5 por 1.000 de los casos"

Lo que acab¨® instaurando la Ley de Prevenci¨®n de Malos Tratos y Protecci¨®n a las Mujeres Maltratadas de 2001 fue la obligaci¨®n de publicar cada a?o un informe que recoge las actuaciones del Gobierno de la comunidad en esa materia, al final del cual se recogen las sentencias de ese a?o. Adem¨¢s, dispuso que los datos personales que aparezcan en los informes no pueden ser incluidos en ficheros, ni ser tratados, ni cedidos, como dice la Ley de Protecci¨®n de Datos.

El primer informe se public¨® el 22 de mayo de 2002, tras un proceso de discusi¨®n en las Cortes regionales. Entonces se publicaron 18 de las 41 sentencias condenatorias. Hoy se ha duplicado el n¨²mero de v¨ªctimas que aceptan su difusi¨®n. Y se seguir¨¢n publicando por mandato legal, mientras la ley no se modifique.

"Lo de las sentencias es lo que menos nos preocupa", asegura ?ngeles ?lvarez, de la Red de Mujeres contra la Violencia, que abarca a varias organizaciones feministas. "Pero se publican en un informe fant¨¢stico, donde se ve el aumento tan importante de apoyo a la mujer maltratada en Castilla-La Mancha".

Porque ¨¦ste es el cambio que m¨¢s aprecian las organizaciones de mujeres: que el trabajo de la comunidad castellano-manchega ha ido m¨¢s all¨¢ de juntar nombres. "Nos gustar¨ªa que siguiera saliendo el informe", indica Fe Sainz, de la Asociaci¨®n para la Lucha contra los Malos Tratos a Mujeres de Albacete. "Uno de los datos que ofrec¨ªa el de 2001 era el aumento de denuncias en la regi¨®n. Porque la violencia dom¨¦stica ni baja ni va a bajar. Pero si aumentan las cifras de denuncia, no quiere decir que hay m¨¢s casos, sino que las mujeres denuncian m¨¢s, porque hay un apoyo y recursos detr¨¢s".

Los datos que maneja la comunidad respecto a las denuncias han aumentado mucho: si en 1999 se denunciaron 800 casos, en 2002 fueron 1.420, y en lo que va de a?o est¨¢n en torno a los 1.600, seg¨²n asegura Francisco Pardo, consejero de Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, del que depende la Direcci¨®n General de la Mujer.

Lucha integral

"Parte de la soluci¨®n al problema de los malos tratos es hacerlo emerger", sostiene. Y, en su opini¨®n, el acierto de la ley de 2001 es que es "la primera que promueve una lucha integral": con medidas que afectan a la vivienda, el empleo y la asesor¨ªa legal, entre otras. "Es una pol¨ªtica prioritaria y nuestra intenci¨®n es intensificar y mejorar la coordinaci¨®n entre todos los departamentos, porque esto no tiene una soluci¨®n s¨®lo sectorial".

Lo cierto es que en Castilla-La Mancha la asistencia jur¨ªdica es gratuita, a trav¨¦s de la Asociaci¨®n de Mujeres Juristas Themis, as¨ª como la asistencia psicol¨®gica a las v¨ªctimas. Adem¨¢s, la ley oblig¨® a instaurar centros de mujeres en los municipios de m¨¢s de 5.000 habitantes -en los que se ofrece asistencia psicol¨®gica, jur¨ªdica y social- y, seg¨²n las cifras de la Junta, ya cubren a un 75% de los habitantes de la comunidad castellano-manchega. Sin embargo, Guti¨¦rrez es muy cr¨ªtica: "Curiosamente, todav¨ªa no est¨¢n en todos los pueblos de m¨¢s de 5.000 habitantes, pero s¨ª en aquellos con un gobierno municipal socialista", asegura. Adem¨¢s, sostiene que "se han convertido en c¨¦lulas de divulgaci¨®n y propaganda de la propia Junta" y, aunque reconoce que en algunos casos son muy ¨²tiles, en otros "s¨®lo sirven de tutela para crear asociaciones de mujeres para actividades de car¨¢cter l¨²dico".

Otro de los logros que apunta el Gobierno de Bono es que ha bajado espectacularmente el n¨²mero de mujeres que renuncian a continuar con el proceso penal. Esos datos hablan de un 38% en 2001, cuando se instaur¨® la ley integral, y de s¨®lo un 10% en 2002. "Esto es eficacia", opina la representante de la Red de Mujeres contra la Violencia. "Si hay menos abandonos de la mujer, es porque hay un apoyo detr¨¢s".

El consejero de Presidencia asegura que se trata de la comunidad que menos renuncias en el procedimiento penal tiene. Pero este dato no ha podido ser contrastado. Seg¨²n la Memoria de la Fiscal¨ªa General del Estado, en 2001 hubo 1.281 retiradas de denuncia en los casos de malos tratos, pero no dispone de los datos por comunidades.

Aunque las cifras estad¨ªsticas del informe de la ley del a?o 2002 avala la gesti¨®n de Castilla-La Mancha, y as¨ª tambi¨¦n lo ven las organizaciones de mujeres, seg¨²n las cuales Bono es quien mejor ha hecho los deberes frente al maltrato, otras voces van m¨¢s all¨¢. Como la asociaci¨®n Acci¨®n de G¨¦nero, que opina que "la ley es mucho m¨¢s progresista que su desarrollo", seg¨²n su portavoz, Jos¨¦ Mar¨ªa Mart¨ªnez. Una de las mayores cr¨ªticas que hacen es que no hay coordinaci¨®n entre la Administraci¨®n regional y la justicia. "En la comunidad mod¨¦lica en cuanto a respaldo de la mujer maltratada, s¨®lo llegan al juzgado un 5 por 1.000 de los casos", dice Mart¨ªnez, citando un estudio de la Asociaci¨®n de Mujeres Juristas Themis. "Y son sus propios datos".

Su asociaci¨®n, junto a un grupo de expertos de la Universidad de Castilla-La Mancha, trabaja en un modelo de sistema documental, que permita que se recopile informaci¨®n de todos los sectores que "tocan el problema" y sirvan de prueba: desde los maestros de los hijos de v¨ªctimas hasta los m¨¦dicos en sus consultas. "Hasta ahora se permite que el derecho a la privacidad de la v¨ªctima prime sobre su integridad. Si ella no quiere que se juzgue, puede ser maltratada sine die. Pero no es una cuesti¨®n de venganza, sino de justicia".