?Por qu¨¦ decimos no a la OMC en la agricultura?

Estamos en v¨ªsperas de la quinta cita de la Organizaci¨®n Mundial del Comercio (OMC) que, en esta ocasi¨®n, se celebrar¨¢ en Canc¨²n (M¨¦xico). Como viene siendo habitual desde las importantes movilizaciones de Seattle en 1999, que lograron que la ciudadan¨ªa y las organizaciones sociales constat¨¢ramos la importancia del tema para nuestro futuro, volveremos a presenciar el intento de legitimaci¨®n de estas convocatorias por parte de la propia OMC y de los Estados participantes mediante f¨®rmulas que presenten el efecto de la liberalizaci¨®n propugnada como un beneficio tambi¨¦n para los sectores excluidos. Frente a este discurso, de nuevo oiremos los argumentos de los movimientos sociales de todo el mundo que, junto a ONG, sindicatos y otros grupos, demandamos un modelo alternativo de globalizaci¨®n. La presi¨®n social y la movilizaci¨®n ciudadana cada vez m¨¢s firme, profunda e imaginativa generadas desde estos sectores est¨¢ obligando a revisar los mensajes que se lanzan desde la OMC, aunque, como comprobamos cotidianamente, sean s¨®lo meros lavados de cara que, en absoluto, llegan a asumir las alternativas planteadas por las organizaciones sociales.

Defendemos el derecho de los Estados a promover y apoyar su propio sector agropecuario

El discurso oficial en el seno de la OMC propugna con tes¨®n "las enormes posibilidades de la liberalizaci¨®n del comercio internacional para favorecer a los pa¨ªses en desarrollo". Detr¨¢s de esta frase, acu?ada en la Conferencia de Doha celebrada en 1999, se ocultan no pocos elementos cuestionables, pues cada vez que la OMC y los Estados presentan este planteamiento en toda su crudeza acabamos oyendo que el liberalismo absoluto es el ¨²nico camino para que el comercio beneficie a los pobres del mundo. Pero cada vez que se defiende esta aserci¨®n se olvida que los pa¨ªses est¨¢n formados por personas, que en los pa¨ªses en desarrollo se repite el mismo esquema injusto de reparto de la riqueza que existe a nivel global y que favorecer a los pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo no implica, por tanto, mejorar las condiciones de vida de la poblaci¨®n excluida. Al dar por sentada esta afirmaci¨®n, los debates se ci?en a dilucidar cuestiones t¨¦cnicas sobre c¨®mo eliminar o no aranceles, qu¨¦ tipo de apoyos internos o subvenciones son las permitidas, o c¨®mo dar un trato especial y diferenciado a los pa¨ªses empobrecidos... En ocasiones, las organizaciones sociales podemos caer en la misma din¨¢mica, discutiendo y asumiendo planteamientos sobre unas cuestiones que, en este momento, ya est¨¢n alejadas de la lista de prioridades de las organizaciones sociales m¨¢s directamente afectadas por los efectos de estas pol¨ªticas.

Este planteamiento es, a nuestro entender, completamente desacertado cuando las discusiones se centran en la agricultura, uno de los aspectos clave de las negociaciones en el marco de la OMC y de trascendental importancia para los pobres del Sur. Las cifras cantan: el 60% de la poblaci¨®n mundial vive en el medio rural, m¨¢s de 840 millones de personas pasan hambre, el 75% de las personas pobres y hambrientas del mundo, seg¨²n datos de la FAO, viven de la agricultura, de la ganader¨ªa, del pastoreo o de la pesca, y m¨¢s de la mitad del PIB de m¨¢s de un centenar procede de la producci¨®n agropecuaria. En este contexto, el comercio y el mercadeo son elementos importantes para las econom¨ªas, pero no pueden ser la prioridad en todos aquellos pa¨ªses que, ante todo, necesitan asegurar la soberan¨ªa alimentaria de sus poblaciones. Asimismo, la prioridad de los Estados no puede consistir en aplicar mecanismos para la liberalizaci¨®n del comercio agrario cuando los datos que se desprenden de la propia OMC nos dicen que s¨®lo el 10% de la producci¨®n mundial de alimentos es la que se comercia en los mercados internacionales y que un 74% de la misma est¨¢ concentrada en s¨®lo 14 pa¨ªses. En un contexto internacional en el que los precios de los productos b¨¢sicos siguen bajando y en que los productos m¨¢s din¨¢micos en el mercado internacional son, de nuevo seg¨²n datos de la propia OMC, la seda, las bebidas no alcoh¨®licas (refrescos) o los preparados de cereales, una acci¨®n pol¨ªtica responsable de los Gobiernos no puede dar prioridad a la promoci¨®n de una agricultura exportadora centrada en monocultivos dirigidos al mercado exterior sin afianzar previamente las bases de un tejido productivo sostenido por la poblaci¨®n del medio rural y caracterizado por la diversificaci¨®n de cultivos capaz de cubrir la mayor¨ªa de las necesidades del pa¨ªs, y sin potenciar la transformaci¨®n alimentaria y sus propios mercados internos. Ser¨ªa tal vez necesario preguntar al campesino hondure?o o senegal¨¦s, o tambi¨¦n al peque?o ganadero que tiene 20 vacas en un pueblo de la monta?a gallega, que nos diga cu¨¢l de las opciones prefiere.

Las propuestas de mercado preconizadas por la OMC con todos sus intentos de maquillaje son, en pocas palabras, desregulaci¨®n, privatizaci¨®n y liberalizaci¨®n. Los ejemplos de una Argentina orientada a la agroexportaci¨®n de soja o carne de vacuno, pero con una poblaci¨®n rural hambrienta, o la situaci¨®n de los millares de campesinos mexicanos despu¨¦s del Tratado de Libre Comercio con Canad¨¢ y EE UU, ilustran perfectamente las consecuencias sociales y ecol¨®gicas de este modelo. Asistimos a la imposici¨®n de un modelo agrario de producci¨®n, tanto para el Norte como para el Sur, cuya receta ¨²nica es la transformaci¨®n de los sistemas agropecuarios familiares, de orientaci¨®n comunitaria y autodependientes, a sistemas de producci¨®n y distribuci¨®n comerciales subordinados a las grandes corporaciones. Donde antes se sembraba comida ahora se cultivan flores, cacahuetes o caf¨¦ destinados al consumo en el Norte. La comercializaci¨®n de la agricultura genera, adem¨¢s, la concentraci¨®n de la tierra en manos de empresas privadas, con lo que se expulsa del campo a miles de familias que deben buscar su subsistencia en las ciudades o como trabajadores jornaleros.

Son realidades como ¨¦stas las que llevan a los movimientos campesinos, ind¨ªgenas y ecologistas, y a un n¨²mero cada vez mayor de ONG de desarrollo a reclamar una y otra vez que las cuestiones agr¨ªcolas queden excluidas del mandato de la OMC. En este sentido, frente a la propuesta pol¨ªtica que se propugnar¨¢ en estos d¨ªas en la cita de la OMC en Canc¨²n, los movimientos sociales a los que representamos planteamos unas alternativas orientadas a resituar cada uno de los objetivos y prioridades expresados a lo largo de estas l¨ªneas.

Defendemos, por ello, el derecho y el deber de los Estados de defender, apoyar y promover su propio sector de producci¨®n agropecuaria, porque de ello dependen cuestiones como la soberan¨ªa alimentaria, la calidad de vida de amplios sectores de la poblaci¨®n o el equilibrio territorial y medioambiental, para lo cual deben tener capacidad de definir sus propias prioridades y estrategias comerciales. Proponemos, tambi¨¦n, un modelo de producci¨®n orientado hacia el abastecimiento de los mercados interiores que permita el crecimiento y la transformaci¨®n de los mismos en productos alimentarios. Este modelo de producci¨®n agrario debe apoyarse en el marco de la explotaci¨®n familiar que garantice el tejido rural, que cuide el medio ambiente y que sea solidario con los sectores agrarios de otros pa¨ªses. Por todo ello, y porque entendemos que el actual marco de regulaci¨®n del comercio internacional no permite ning¨²n avance hacia este sistema, demandamos que la agricultura y la alimentaci¨®n salgan de las negociaciones comerciales.

Paul Nicholson es miembro de V¨ªa Campesina; Fernando Fern¨¢ndez, de C¨¢ritas Espa?a; Gustavo Duch es director de Veterinarios Sin Fronteras; Jer¨®nimo Aguado, de Plataforma Rural, y Miguel ?ngel L¨®pez es secretario general de la COAG.