Justicia de siempre

La macroencuesta sobre el estado de la justicia que acaba de publicar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestra hasta la saciedad, como otras anteriores en los ¨²ltimos a?os, que los males de la justicia, en especial la exasperante lentitud de los procesos, siguen muy vivos y que no basta con poner m¨¢s medios, sino que hace falta, entre otras cosas, una mayor dedicaci¨®n de los jueces a su funci¨®n.

No deja de resultar un tanto fr¨ªvolo que frente al constante descenso de la valoraci¨®n de la justicia entre los ciudadanos -desde una nota de 5,5 en 2001 al 4,9 en 2003 en una escala de 0 a 10-, el actual Consejo del Poder Judicial ponga m¨¢s empe?o en cuestiones de imagen -contratando un asesor en la materia por 80.000 euros al a?o- que en adoptar medidas eficaces de inspecci¨®n para impedir casos escandalosos de desidia judicial como el de Benifallim (Alicante), donde un acusado de asesinato ha salido a la calle, tras cuatro a?os de paralizaci¨®n de la causa, todav¨ªa sin juzgar. Casos as¨ª, demasiado frecuentes, no se corrigen con campa?as de imagen que s¨®lo contribuyen a ocultar a los ciudadanos una realidad lacerante que sufren en sus carnes quienes tienen que v¨¦rselas con la justicia o se ven abligados a pleitear ante los tribunales.

La macroencuesta encargada por el CGPJ tiene la particularidad de haberse realizado s¨®lo entre usuarios de la justicia: denunciantes, denunciados, testigos y v¨ªctimas del delito. Su opini¨®n no puede ser m¨¢s cr¨ªtica con el Gobierno. La mayor¨ªa le culpa directamente de los retrasos judiciales, diferiendo en este punto de la opini¨®n de los expertos que los achacan b¨¢sicamente a carencias de los propios jueces en la organizacion de su trabajo. La contradicci¨®n s¨®lo es aparente. El Ejecutivo es responsable de la dotaci¨®n presupuestaria -en medios materiales y personales- de la Administraci¨®n de Justicia, y los gobiernos del PP, sobre todo en su primera legislatura, se han caracterizado por anteponer los objetivos del d¨¦ficit cero a los de inversi¨®n en un servicio publico tan esencial como la justicia, contribuyendo a su deterioro. La dotaci¨®n presupuestaria-apenas el 1% de los gastos del Estado- ha seguido muy por detr¨¢s de la creciente demanda ciudadana en justicia, traducida en nada menos que siete millones de asuntos llegados a los tribunales en 2001.

Pero los jueces, responsables al fin y al cabo de la oficina judicial, tienen tambi¨¦n su parte de responsabilidad en que su funcionamiento deje mucho que desear. Muchos de ellos, incluso de las hornadas m¨¢s j¨®venes, siguen teniendo un concepto de su funci¨®n que casa mal con unas m¨ªnimas exigencias de disciplina laboral y un modelo racional de trabajo. La mayor¨ªa de los encuestados -el 56%- denuncia una persistente impuntualidad del juez en citas y comparecencias, poniendo de manifiesto una intolerable falta de consideraci¨®n hacia el justiciable. La oficina judicial queda descabalada con comportamientos de este tipo, contribuyendo con ello a su colapso y desorganizaci¨®n.

El pacto sobre la justicia consensuado hace dos a?os y medio entre el Gobierno y el PSOE, que parec¨ªa encaminado a conseguir por fin una organizaci¨®n judicial accesible a los ciudananos y razonablemente ¨¢gil en sus resoluciones, ha resultado un fiasco. El Gobierno lo ha utilizado arteramente para instrumentalizar a la justicia al servicio de su pol¨ªtica de seguridad y como pantalla de su ofensiva de cambios legales de corte regresivo, como la reforma del C¨®digo Penal aprobada el jueves por el Congreso y la pendiente de la prisi¨®n provisional. Pero sigue in¨¦dito en cuanto a la adopci¨®n de medidas para modernizar y mejorar el entramado judicial. Salvo el parche de los juicios r¨¢pidos, la maquinaria judicial sigue igual de lenta y oxidada que siempre. Y as¨ª lo perciben y atestiguan los ciudadanos.