Cajasur acusa a la Junta de tergiversar la informaci¨®n que remiti¨® al fiscal Anticorrupci¨®n

El director general de Cajasur, Francisco Jes¨²s Jurado, afirm¨® ayer que la Consejer¨ªa de Econom¨ªa ha tergiversado los datos en los que bas¨® su denuncia ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que archiv¨® las diligencias. Jurado explic¨® que el informe de Anticorrupci¨®n ¨²nicamente expone diferencias de criterio entre la Junta y la entidad de ahorro cordobesa y en ning¨²n momento quebranto del ordenamiento jur¨ªdico, ni penal ni administrativo. El jefe de los servicios jur¨ªdicos de la caja, Diego Jordano, apunt¨® un posible delito de prevaricaci¨®n de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa.

La direcci¨®n de Cajasur valor¨® ayer en rueda de prensa convocada de urgencia la veintena de folios en la que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n basa su archivo de las diligencias abiertas a instancias de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa que advert¨ªa posibles delitos societarios, de apropiaci¨®n indebida y falsedad documental. Conocido por Cajasur "oficialmente" el informe, que la Junta afirma que no ha recibido a¨²n, el director general de la caja apreci¨® tergiversaci¨®n en cinco puntos de dicha denuncia, aunque s¨®lo ofreci¨® datos de dos de ellos.

El primero alude al supuesto cobro de ciertas cantidades de dinero por un consejero de la caja miembro de la Comisi¨®n de Control, algo que seg¨²n Econom¨ªa contraviene el art¨ªculo 50 de la Ley de Cajas andaluza. "La Consejer¨ªa ocult¨® que ese consejero es empleado de la caja", dijo Jurado, quien explic¨® que su condici¨®n de trabajador de la caja le exime de tales acusaciones.

El otro apartado se refiere a las retribuciones del presidente de la caja, el sacerdote Miguel Castillejo. Seg¨²n Cajasur, los inspectores enviados por la Junta admiten desconocer la retribuci¨®n bruta de Castillejo al contar s¨®lo con la remuneraci¨®n corriente y no con los incentivos. Diego Jordano dijo que, "a sabiendas" de no conocer el dato completo, la denuncia de la Junta recoge que el presidente cobr¨® 218.575 euros m¨¢s que el director general. Jurado precis¨® que, al no conocer el dato de incentivos, la Fiscal¨ªa no se pronuncia acerca del posible incumplimiento de los acuerdos del Consejo de Administraci¨®n y la Asamblea sobre los emolumentos de Castillejo.

Respecto a la p¨®liza de 2,9 millones de euros suscrita a nombre de Castillejo, Jordano explic¨® que el informe de la Fiscal¨ªa rechaza la existencia de un "pacto encubierto o secreto", ya que "fue acordada por el Consejo de Administraci¨®n y ratificada por la Asamblea". El jefe de los servicios jur¨ªdicos agreg¨®, apoyado en dicho informe, que la p¨®liza "dif¨ªcilmente puede considerarse una indemnizaci¨®n cuando se prev¨¦ para el cese voluntario del presidente". Adem¨¢s, argument¨® que la p¨®liza alude a la retribuci¨®n diferida de Castillejo y no a la corriente, por lo que es un concepto "diferente al de indemnizaci¨®n", el cual proh¨ªbe la Ley de Cajas andaluza. Sobre el cobro de dietas por asistir a diversos actos denunciado por la Junta y archivado por la Fiscal¨ªa, Diego Jordano aludi¨® a las verificaciones de la empresa auditora Deloitte & Touch. El Instituto de Contabilidad y Auditor¨ªa de Cuentas sancion¨® con 540.000 euros a esta empresa despu¨¦s de que no mencionase salvedad alguna en las cuentas de 2000 de Gescartera, cuando ya se hab¨ªan evaporado 108 millones de euros. Jordano explic¨® que la auditor¨ªa de esta empresa verifica la idoneidad de dichas dietas.

Jordano se refiri¨® tambi¨¦n a los gastos sin justificar. Seg¨²n el jefe de los servicios jur¨ªdicos de Cajasur, la Junta imput¨® gastos por valor de 10.857 millones de euros, cuando "el gasto en un a?o es de 185 millones de euros". Jordano a?adi¨® que la auditor¨ªa de Deloitte & Touch no aprecia problemas en la "justificaci¨®n y el procedimiento de utilizaci¨®n, pago y contabilizaci¨®n" de estos gastos, por lo que "no hay infracci¨®n de reproche penal", precis¨® en referencia al informe de Anticorrupci¨®n.

La direcci¨®n de Cajasur asegur¨® que la Fiscal¨ªa no encuentra un patrimonio desproporcionado de Miguel Castillejo en comparaci¨®n con sus ingresos declarados. Diego Jordano consider¨® que el "acoso" de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa podr¨ªa ser constitutivo de un delito de prevaricaci¨®n, ya que "la Administraci¨®n no act¨²a en defensa de lo que tiene que proteger, sino que produce un ataque inusitado".

El director general de la caja, Francisco Jes¨²s Jurado, precis¨® que a mediados de octubre la caja decidir¨¢ las medidas a tomar despu¨¦s de que "la Fiscal¨ªa s¨®lo aprecia diferencias de criterio" con la Junta y de que los letrados le hayan comunicado que la actuaci¨®n de Econom¨ªa es una "denuncia falsa".

La Consejer¨ªa de Econom¨ªa eludi¨® pronunciarse ayer, ya que la Fiscal¨ªa a¨²n no le ha remitido el escrito en el que se ordena el archivo de la denuncia, texto al que tiene leg¨ªtimo derecho en su calidad de denunciante. S¨ª ha mostrado su extra?eza primero por la filtraci¨®n parcial e interesada del contenido del mismo, y en segundo lugar porque el texto haya sido remitido a una de las partes y no a todas.