Eficacia de la justicia y protecci¨®n de las v¨ªctimas

La violencia de todo orden ejercida dentro del entorno familiar, y en particular la denominada violencia de g¨¦nero, forma parte de aquellas zonas m¨¢s oscuras, at¨¢vicas y profundamente inmorales del comportamiento humano contra la cual la sociedad en su conjunto se rebela con creciente indignaci¨®n y cada vez con m¨¢s abierta intolerancia.

Los ciudadanos del moderno Estado constitucional, afanosamente edificado a ambas orillas del oc¨¦ano Atl¨¢ntico desde finales del siglo XVIII, se resisten a aceptar otra forma de relaci¨®n, ya sea en el ¨¢mbito pol¨ªtico, social, cultural o laboral, que aquella que se expresa en libertad y se ampara en el libre consentimiento. Por ello van impulsando a las instituciones del Estado a abandonar sus prejuicios seculares sobre la intervenci¨®n en la esfera familiar, tradicionalmente considerada como una prolongaci¨®n de la intimidad personal y enmarcada en el inexpugnable reducto t¨¦cnico-jur¨ªdico de la privacy.

La familia constituye, desde luego, un ¨¢mbito al cual las leyes y la acci¨®n de la Justicia han de aproximarse con extrema prudencia. Confluyen alrededor suyo, en una amalgama dif¨ªcil de deslindar, intereses, necesidades y profundos sentimientos humanos que, a su vez, resultan con frecuencia contradictorios y cambiantes. Relaciones personales, en suma, siempre complejas en las que la libertad de convivencia, que presuntamente las fundamenta, muchas veces no es m¨¢s que una mera apariencia de otras realidades terriblemente m¨¢s degradadas.

En Espa?a, al igual que en el resto de las naciones civilizadas de nuestro entorno jur¨ªdico-pol¨ªtico, vamos imponiendo est¨¢ndares de protecci¨®n cada vez m¨¢s exigentes. No satisfechos con la aplicaci¨®n de las figuras delictivas comunes hemos dise?ado tipos penales singulares orientados a prevenir y reprimir con especial rigor las conductas violentas, f¨ªsicas y ps¨ªquicas, realizadas en el entorno familiar. El Estado, consciente de la especial vulnerabilidad de estas v¨ªctimas, atribuye un desvalor adicional a estas acciones y les anuda, con toda justicia, un mayor reproche penal.

La reforma del C¨®digo Penal en materia de seguridad ciudadana y violencia dom¨¦stica que ha impulsado este Gobierno, que ma?ana ser¨¢ aprobada definitivamente por las Cortes Generales y entrar¨¢ en vigor en los pr¨®ximos d¨ªas, ha elevado considerablemente el nivel de protecci¨®n a las v¨ªctimas transformando pr¨¢cticamente todas las faltas de malos tratos que hasta ahora contemplaba el C¨®digo Penal en un nuevo delito castigado con pena privativa de libertad.

Sin embargo, como es sobradamente conocido, el robustecimiento del Derecho Penal en materia de malos tratos familiares y el ensanchamiento de sus fronteras no garantiza, por s¨ª solo, la seguridad de las v¨ªctimas. Lo decisivo es la capacidad de prevenci¨®n de las agresiones y la protecci¨®n de las personas potencialmente destinatarias de las mismas. Es decir: la eficacia de la respuesta cautelar del sistema judicial y policial.

El esfuerzo realizado en este punto a lo largo del ¨²ltimo a?o por el Ministerio de Justicia, firmemente apoyado por las fuerzas pol¨ªticas parlamentarias y en estrecha colaboraci¨®n con el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, ha sido realmente excepcional.

El proceso de modernizaci¨®n de la justicia penal se inici¨® con una reforma en profundidad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incorporar un nuevo sistema de enjuiciamiento inmediato de delitos y faltas en todo el territorio nacional: los denominados juicios r¨¢pidos. Nacidos con el voto pr¨¢cticamente un¨¢nime de las Cortes Generales, fueron objeto de una minuciosa preparaci¨®n operativa, buscando (y obteniendo) el compromiso activo de jueces, fiscales, polic¨ªas, abogados, as¨ª como de las Comunidades Aut¨®nomas.

Este inmenso esfuerzo organizativo ha producido como resultado un incremento muy significativo de la eficiencia global del sistema judicial penal con una cifra media de m¨¢s de quince mil procedimientos r¨¢pidos al mes desde el inicio de su vigencia el pasado 28 de abril. De todos estos procedimientos r¨¢pidos, en los cuales la v¨ªctima obtiene una respuesta inmediata del sistema penal una parte muy significativa se refieren a malos tratos familiares.

Finalmente, ayer hemos tenido ocasi¨®n de hacer un primer balance de la aplicaci¨®n del nuevo instrumento jur¨ªdico preventivo impulsado por el Ministerio de Justicia: la orden de protecci¨®n a las v¨ªctimas de la violencia dom¨¦stica.

Nuevamente aqu¨ª hemos contado con el respaldo de las fuerzas pol¨ªticas (la ley se aprob¨® con el apoyo un¨¢nime del Congreso y del Senado) y del mundo judicial, que ha hecho un esfuerzo sin precedentes por poner a punto su entrada en vigor en pleno mes de agosto.

Pues bien, seg¨²n hemos podido constatar en la Comisi¨®n Nacional creada para la implantaci¨®n de esta Ley -presidida por una persona con una excepcional vocaci¨®n de servicio p¨²blico y sensibilidad hac¨ªa este problema social: Montserrat Comas- casi 1.400 personas acudieron durante el mes de agosto a los Juzgados de Guardia de toda Espa?a buscando amparo y protecci¨®n. El 77% de estas personas, v¨ªctimas de agresiones f¨ªsicas o intimidaciones, obtuvo en menos de setenta y dos horas una orden judicial de protecci¨®n. Un t¨ªtulo jur¨ªdico que dispensa simult¨¢neamente protecci¨®n f¨ªsica (alejamiento del agresor, prohibici¨®n de aproximaci¨®n...etc), protecci¨®n jur¨ªdica (respuesta inmediata sobre la utilizaci¨®n de la vivienda familiar y el r¨¦gimen de custodia de los hijos, principalmente) y protecci¨®n social (activaci¨®n inmediata de los instrumentos de asistencia social establecidos a favor de la v¨ªctima).

En este d¨ªa de apertura del a?o judicial todos los que trabajamos con ilusi¨®n y entrega en su proceso de reforma y modernizaci¨®n tenemos un motivo m¨¢s para estar honradamente orgullosos. Nuestra justicia no es esta maquinaria, torpe, lenta y burocr¨¢tica que tantas veces algunos se empe?an en retratar, sino una organizaci¨®n que lucha con ah¨ªnco por renovarse y prestar cada d¨ªa, en cada peque?o juzgado de Espa?a, un servicio de m¨¢s calidad a los ciudadanos a los que sirve.

Alberto Dorrego es director general de Modernizaci¨®n de la Justicia