Justicia crear¨¢ un sistema de alerta para evitar excarcelaciones sin juicio

El Gobierno pretende impedir las excarcelaciones de imputados que lleven el tiempo m¨¢ximo de cuatro a?os de estancia en prisi¨®n sin juicio con la creaci¨®n de un sistema de alerta cuando el encausado lleve en la c¨¢rcel 32 meses. Las enmiendas del Grupo Popular a la Ley de Enjuiciamiento Criminal presentadas la pasada semana pretenden asimismo regular la obligatoriedad de que los sospechosos de delitos graves se sometan a la prueba de ADN. Esta prueba es admitida desde hace tiempo por los tribunales.

El Grupo Parlamentario Popular, a instancias del ministro de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, present¨® una serie de enmiendas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se dirigen fundamentalmente a evitar el riesgo de excarcelaci¨®n de los imputados especialmente en los delitos m¨¢s graves y alarmantes, por superaci¨®n de los l¨ªmites m¨¢ximos de la prisi¨®n provisional.

La primera medida que se propone es que cuando la prisi¨®n provisional exceda de las dos terceras partes de su duraci¨®n m¨¢xima, el juez o tribunal y el fiscal comuniquen respectivamente esta circunstancia al presidente de la Sala de Gobierno y al fiscal jefe del tribunal correspondiente, "con la finalidad de que se adopten medidas precisas para imprimir a las actuaciones la m¨¢xima celeridad. A estos efectos, la tramitaci¨®n del procedimiento gozar¨¢ de preferencia respecto a todos los dem¨¢s".

Otra de las previsiones es la creaci¨®n de un Registro Nacional de procedimiento penales, en el que constar¨¢n las medidas cautelares adoptadas y su duraci¨®n m¨¢xima. Este registro ser¨¢ un instrumento auxiliar de jueces y fiscales para el control de la tramitaci¨®n de los procedimientos penales y su duraci¨®n.

El director general para la Modernizaci¨®n de la Administraci¨®n de Justicia, Alberto Dorrego, manifest¨® ayer que con la enmienda propuesta por el PP a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) sobre prisi¨®n provisional, "ser¨¢ m¨¢s dif¨ªcil que existan excarcelaciones indebidas de personas procesadas penalmente".

Seg¨²n dijo Dorrego en declaraciones a Efe, "los presidentes de las salas de gobierno y los fiscales jefes asumir¨¢n la responsabilidad de empezar a tramitar el procedimiento a la velocidad necesaria para impedir que se produzca dicha excarcelaci¨®n".

Junto a la enmienda anterior, el Gobierno proyecta extender los juicios r¨¢pidos a tres nuevos tipos de delitos: delitos de da?os a mobiliario urbano y establecimientos comerciales y otros; delito de tr¨¢fico callejero de drogas y delitos de pirater¨ªa intelectual.

Tambi¨¦n pretende simplificar la investigaci¨®n, evitando molestias innecesarias y comparecencias durante la instrucci¨®n judicial que s¨®lo tengan por finalidad la ratificaci¨®n de lo declarado en el atestado. Adem¨¢s, los delitos recalificados por el juez de instrucci¨®n como faltas se celebrar¨¢n como tales en el acto.

Veto del PSOE

Por su parte, el Grupo Socialista en el Senado ha presentado una propuesta de veto y doce enmiendas parciales al proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisi¨®n provisional.

El PSOE, que ya ha anunciado su rechazo a negociar ampliaciones del Pacto hasta que el Gobierno "cumpla" con los acuerdos ya suscritos, ha registrado en el Senado una propuesta de veto y 12 enmiendas parciales al texto remitido por el Congreso, lo que supone, seg¨²n los socialistas, "un texto alternativo completo".

El PSOE propone limitar los presupuestos en los que se pueda adoptar la medida de prisi¨®n preventiva y recuerda se trata de una medida "excepcional, subordinada a las necesidades del procedimiento, limitada en el tiempo, s¨®lo tolerable en caso de delito grave, subsidiaria y ¨²nicamente prorrogable para dar respuesta a las verdaderas necesidades del proceso".

Seg¨²n las enmiendas del PSOE, ser¨¢ motivo para el ingreso inmediato en prisi¨®n la habitualidad de la denominada delincuencia menor o callejera. Esta medida es de aplicaci¨®n a los robos, hurtos, tirones y carteristas.

La pertenencia a grupo o banda organizada para la realizaci¨®n de delitos, aunque sean ¨¦stos de menor gravedad, supondr¨¢ tambi¨¦n el inmediato ingreso en prisi¨®n.

Custodia de muestras

Otra de las enmiendas del PP regular¨¢ la utilizaci¨®n de la prueba de ADN para fines de investigaci¨®n criminal e identificaci¨®n de cad¨¢veres y desaparecidos.

El texto regula el valor probatorio de la tecnolog¨ªa de ADN y los procedimientos de obtenci¨®n de muestras org¨¢nicas (cabello, saliva, etc¨¦tera) del sospechoso, as¨ª como la cadena de custodia de las muestras y la pr¨¢ctica de an¨¢lisis con seguridad y fiabilidad.

La obtenci¨®n de muestras deber¨¢ ser ordenada por el juez de instrucci¨®n de manera fundada y siempre que sea determinante para el esclarecimiento del hecho. Se crear¨¢ una comisi¨®n nacional de ADN-Forense encargada de homologar laboratorios, protocolizar las pruebas anal¨ªticas y coordinar los centros investigadores.

Los tribunales espa?oles admiten la prueba del ADN siempre que las muestras de material gen¨¦tico del acusado se obtengan por orden judicial, el delito sea grave y las pruebas no puedan obtenerse de otra manera.

Recientemente, en noviembre de 2002, el Tribunal Supremo acept¨® la validez de una muestra de sangre extra¨ªda a un hombre acusado por su mujer de agresi¨®n sexual durante los tr¨¢mites de separaci¨®n. La muestra fue obtenida por orden judicial, por los procedimientos adecuados y en presencia del abogado del detenido.