Los Diez Mandamientos

La iniciativa del presidente del Tribunal Supremo de Alabama, Roy Moore, de colocar hace dos a?os en el vest¨ªbulo del edificio judicial que preside un monumento de 2.500 kilos de granito representado los Diez Mandamientos lesion¨® el principio de separaci¨®n del Estado y las Iglesias sobre el que se funda la Uni¨®n americana y por ese motivo ha sido finalmente removida, despu¨¦s del peque?o revuelo organizado por grupos fundamentalistas que se opon¨ªan a su retirada. Un juez de distrito de Montgomery hab¨ªa dictaminado que el monumento era una promoci¨®n inconstitucional de la religi¨®n y esa decisi¨®n ha sido avalada por la Corte Suprema de Estados Unidos, que rechaz¨® la pretensi¨®n del juez Moore de intervenir para impedir la retirada del mismo. Todo esto sucede, sin embargo, en una sociedad que acepta masivamente, al menos por su adscripci¨®n religiosa, el valor moral de los Diez Mandamientos como una referencia de conducta, de inspiraci¨®n personal. Es un ejemplo m¨¢s de que la interferencia de los poderes pol¨ªticos en la promoci¨®n de las diferentes confesiones constituye un problema pol¨ªtico y no una cuesti¨®n religiosa.

La laicidad de los poderes p¨²blicos no niega, sino que presupone, la pluralidad de creencias en el seno de la sociedad

?Porqu¨¦ la religi¨®n puede ser un problema pol¨ªtico cuando debiera ser fuente de cohesi¨®n social?

No hay incompatibilidad entre el dato sociol¨®gico de una sociedad pluralmente religiosa y la defensa de unos poderes p¨²blicos vinculados exclusivamente a las leyes civiles. No pod¨ªa ser m¨¢s impertinente la asociaci¨®n de un simbolismo religioso como los Diez Mandamientos, dirigido en ¨²ltima instancia a la conciencia individual de los hombres y mujeres a partir de la aceptaci¨®n de una tradici¨®n revelada, con la instancia judicial en la que act¨²a uno de los poderes del Estado. Precisamente, el que interpreta y aplica las leyes civiles de una organizaci¨®n pol¨ªtica que pretende salvaguardar la libertad de las conciencias, haciendo posible una convivencia ordenada y equitativa entre personas, que, en uso de esa libertad, pueden estar divididas por diferentes concepciones del mundo y de la vida. Este incidente que podr¨ªa parecer anecd¨®tico nos pone de manifiesto que es universal y permanente la tensi¨®n entre religi¨®n y pol¨ªtica.

En nuestro contexto espa?ol y europeo son recientes algunas cuestiones pol¨¦micas de esta naturaleza. La inclusi¨®n de la asignatura de Religi¨®n cat¨®lica como una asignatura curricular optativa, la eventual referencia a las ra¨ªces cristianas de Europa en la futura Constituci¨®n Europea, o, mas recientemente a¨²n, la apertura de una gran mezquita en Granada con ayudas econ¨®micas de los Emiratos ?rabes han vuelto a poner en valor los problemas de la relaci¨®n de la pol¨ªtica y la religi¨®n. ?Por qu¨¦ la religi¨®n puede ser un problema pol¨ªtico? ?No debiera ser una fuente de cohesi¨®n social y un factor de sociabilidad de alta calidad?

El problema b¨¢sico de la relaci¨®n pol¨ªtica de la religi¨®n ya se plante¨® en el seno de la tradici¨®n cristiana en sus mismos or¨ªgenes -"Dad a Dios lo que es de Dios, y al C¨¦sar lo que es del C¨¦sar"- y esas relaciones han sido en general borrascosas, hasta llegar a la modernidad. Al menos en los pa¨ªses democr¨¢ticos, y de una manera forzada por las circunstancias y en absoluto pac¨ªfica, se ha adoptado un modus vivendi que confluye en una forma de laicidad pol¨ªtica. En un sentido muy amplio, habr¨ªa que entender ¨¦sta como la idea que propugna una organizaci¨®n pol¨ªtica en la que el espacio p¨²blico imperativo -aqu¨¦l en el que se definen los derechos y deberes b¨¢sicos de la ciudadan¨ªa-, viene definido en un tipo de discurso que se remite a una verdad secular y dialogada conforme a una raz¨®n p¨²blica y que elude las verdades de fe (ni las niega ni las afirma). El fundamento mismo de la democracia como organizaci¨®n pol¨ªtica se funda en el principio de libertad absoluta de conciencia y en la interdicci¨®n de toda discriminaci¨®n por causa de las opciones de conciencia, con la ¨²nica salvedad de la salvaguarda de los l¨ªmites del orden p¨²blico, que no pueden ser ignorados por nadie, cualesquiera que sean sus opciones de conciencia. La laicidad de los poderes p¨²blicos no niega, sino que presupone, la pluralidad de creencias y convicciones en el seno de la ciudadan¨ªa, y tambi¨¦n la libertad de predicar y cr¨ªticar, y la competencia intelectual entre las diferentes opciones espirituales. La laicidad necesaria es, a mi juicio, la que propugna el gran profesor italiano Norberto Bobbio: "El esp¨ªritu laico no es en s¨ª mismo una nueva cultura, sino la condici¨®n para la convivencia de todas las posibles culturas. La laicidad expresa m¨¢s bien un m¨¦todo que un contenido". La laicidad no puede ser, por lo tanto, una posici¨®n metaf¨ªsica, religiosa o antireligiosa, sino una metodolog¨ªa de convivencia entre todas las posiciones.

Por lo tanto la verdadera virtualidad de la laicidad no se reduce a un debate entre clericales y anticlericales (debate por otro lado siempre interesante), sino que consiste en algo mucho mas valioso y de mas calado pol¨ªtico, a saber: pretender un orden pol¨ªtico que no se limite a ser una mera exaltaci¨®n o celebraci¨®n de la comunidad sobre la que se funda, para llegar as¨ª a establecer un poder p¨²blico al servicio de los ciudadanos personalmente considerados y en su condici¨®n de tales, y no tanto en funci¨®n de su identidad nacionalitaria, ¨¦tnica, de clase o religiosa.

Nada menos.

Javier Otaola es abogado y escritor.