Rasgu?os judiciales

"Hay que acabar con el amiguismo y la corrupci¨®n que tanto han practicado los convergentes". Con esta imperativa exhortaci¨®n, un destacado dirigente pol¨ªtico se presentaba en 1988 ante sus militantes como el palad¨ªn capaz de acabar con las componendas que, a su entender, practicaba la Administraci¨®n de Jordi Pujol. Catorce a?os despu¨¦s, el autor de la frase -entonces secretario general del CDS- se convirti¨® en el consejero que acumula m¨¢s competencias en los 23 a?os de gobiernos de Converg¨¨ncia i Uni¨®. Y precisamente al frente de los departamentos m¨¢s salpicados por presuntos casos de corrupci¨®n.

Antoni Fern¨¢ndez Teixid¨® -consejero de Industria, Trabajo, Comercio, Consumo y Turismo- deb¨ªa de tener sus razones para lanzar tan directa acusaci¨®n y terminar militando en el partido que tanto denostaba. Pero lo cierto es que CiU ha copado la Administraci¨®n catalana durante m¨¢s de dos d¨¦cadas y ning¨²n consejero de la Generalitat ha sido condenado por los jueces en el ejercicio de su cargo. Jordi Planasdemunt s¨ª lo fue. Pero 11 a?os despu¨¦s de haber dimitido como consejero de Econom¨ªa.

En 23 a?os de gobierno de Converg¨¨ncia i Uni¨®, ning¨²n consejero de la Generalitat ha sido condenado en el ejercicio de su cargo

El presidente catal¨¢n culp¨® a la oposici¨®n y a la prensa de "inmensas y tremendas" campa?as contra los consejeros Cullell y Roma

Reacio a dimitir, Planasdemunt ya ocupaba una celda en la c¨¢rcel Modelo cuando Jordi Pujol le destituy¨® en 1992 como director general del Instituto Catal¨¢n de Finanzas. Se le conden¨® por una estafa de m¨¢s de 2.000 millones de pesetas a trav¨¦s de una emisi¨®n de pagar¨¦s falsos.

La experiencia le vali¨® al presidente catal¨¢n para no andarse con remilgos en el futuro. Los consejeros de Pol¨ªtica Territorial Josep Maria Cullell y Jaume Roma cesaron autom¨¢ticamente de sus cargos. Fueron las primeras denuncias p¨²blicas por tr¨¢fico de influencias. Al cabo de los a?os, ambos eran exonerados por la justicia. Cullell no lleg¨® siquiera a estar imputado porque el juez rechaz¨® como prueba unas conversaciones telef¨®nicas en las que supuestamente mediaba a favor de su cu?ado en la recalificaci¨®n de unos terrenos en Sant Pere de Torell¨®. A Roma -el consejero ef¨ªmero, porque permaneci¨® siete meses en el cargo- se le acus¨® de beneficiar a una empresa que le hab¨ªa construido su chalet de Canovelles. Pujol, a quien no le tembl¨® la mano al aceptar sus dimisiones, a?os despu¨¦s culpar¨ªa a la prensa y a la oposici¨®n de haber "truncado sus carreras pol¨ªticas".

Pujol ha insistido, con m¨¢s empe?o que eficacia, en acusar a estos dos colectivos de "inmensas y tremendas" campa?as. Y se considera destinatario de este "acoso y derribo". Ya en la campa?a electoral de 1999 afirmaba: "He sido el pol¨ªtico m¨¢s investigado de este pa¨ªs, del derecho y del rev¨¦s, y nunca me han encontrado nada. Ni un solo rasgu?o judicial".

Heridas profundas quiz¨¢ no, pero rasgu?os, alguno que otro. En el auto de archivo del caso Casinos, el juez consider¨® una "sospecha fundamentada" que la empresa Casinos-Inverama desvi¨® 3.000 millones de pesetas a Converg¨¨ncia Democr¨¤tica para su "mantenimiento, directo o indirecto". Sin embargo, el magistrado no hall¨® ninguna "conducta delictiva" porque el hecho, sostuvo, no atentaba contra el "inter¨¦s social".

La condena por Filesa

Ese mismo a?o, 1997, otros en cambio no corrieron la misma suerte. El Tribunal Supremo conden¨® al entonces parlamentario socialista Josep Maria Sala a tres a?os de prisi¨®n por el caso Filesa, de financiaci¨®n irregular del PSOE. Sala, sin funciones ejecutivas en el PSC, contin¨²a ocupando un despacho en la sede central del partido, en la calle de Nicaragua.

Converg¨¨ncia puede presumir de que todas las sentencias, por el momento, han sido absolutorias, pero algunas resoluciones e informes judiciales -como el del caso Casinos- han supuesto una advertencia para el partido y el Gobierno.

Otro ejemplo. A finales de 1992, CiU actuaba de sost¨¦n del Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez. En ese inc¨®modo contexto, el controvertido fiscal general del Estado, Eligio Hern¨¢ndez, mont¨® en c¨®lera al filtrarse un documento acusatorio de la fiscal¨ªa contra nada menos que seis consejeros de la Generalitat. Se investigaban las presuntas irregularidades en la concesi¨®n de avales a determinadas industrias por parte de la CARIC (Comisi¨®n de Ayuda para la Reconversi¨®n Industrial de Catalu?a), dependiente del Departamento de Industria. Pero la denuncia tuvo que archivarse porque el delito de prevaricaci¨®n ya hab¨ªa prescrito. Extremo que llev¨® a la fiscal¨ªa a asegurar en su escrito: "A esta fiscal¨ªa no le es f¨¢cil ocultar su desenga?o ante la imposibilidad de reaccionar penalmente frente a conductas de indudable sesgo delictivo, desveladoras de la presencia de un m¨¢s que cierto aroma de corrupci¨®n al que ahora s¨®lo cabe un reproche social".

Ante cualquier denuncia de presunta corrupci¨®n o favoritismo, Pujol ha adoptado una actitud defensiva, que ha compactado m¨¢s su c¨ªrculo pol¨ªtico y familiar. As¨ª sucedi¨®, por ejemplo, en el caso Banca Catalana, o cuando se han cuestionado los negocios de sus hijos y sus relaciones econ¨®micas y laborales con la Administraci¨®n de la Generalitat. Y una siempre protectora Marta Ferrusola ha defendido a ultranza el derecho de sus hijos a "ganarse la vida".

Concretamente, el pasado mes de julio la Sindicatura de Cuentas deb¨ªa entregar al Parlament una investigaci¨®n sobre los contratos que Europraxis -una empresa fundada y participada por Josep Pujol Ferrusola- hab¨ªa obtenido de todas las administraciones catalanas. El informe todav¨ªa no ha visto la luz por el desgobierno que vive la Sindicatura, situaci¨®n que el Ejecutivo de Pujol ni el Parlament han puesto fin.

El Parlament tambi¨¦n est¨¢ pendiente de recibir la ampliaci¨®n del caso Pallerols, que tiene a Uni¨® Democr¨¤tica en el punto de mira de los jueces por presunta financiaci¨®n ilegal a trav¨¦s del desv¨ªo de una parte de las ayudas europeas para la formaci¨®n de parados que repart¨ªa el Departamento de Trabajo. La tapadera utilizada para la operaci¨®n, seg¨²n certifica la juez instructora, fueron las academias del empresario andorrano Fidel Pallerols. Aunque la juez asegura en un auto que un porcentaje -el 10% seg¨²n la fiscal¨ªa- de estas subvenciones "se destinaba a la financiaci¨®n de Uni¨®", la direcci¨®n de partido mantiene que, como m¨¢ximo, Pallerols financi¨® la infraestructura de alguna sede democristiana, pero ni una peseta lleg¨® a la contabilidad general. En este oscuro caso est¨¢n imputadas un total de seis personas, entre ellas dos ex altos cargos de Trabajo y el ex secretario de organizaci¨®n de Uni¨®.

El caso Pallerols no es el ¨²nico en fase de instrucci¨®n que afecta a la formaci¨®n democristiana. Dentro de unas semanas se conocer¨¢ la acusaci¨®n del fiscal contra los imputados en el denominado caso Turismo: la contrataci¨®n de informes tur¨ªsticos con empresas vinculadas a militantes democristianos, informes que al final resultaron burdos plagios y de nula efectividad. En el centro de esta red se encuentra el ex director del Consorcio de Turismo.

Con todo, el balance de estos 23 a?os se resume en algunos rasgu?os judiciales. Pujol ha admitido haberse equivocado en contadas ocasiones. Quiz¨¢ la m¨¢s sonada fue cuando defini¨® a Javier de la Rosa como un "empresario modelo". Un financiero condenado y con causas pendientes.