M¨¢s all¨¢ del debate sobre las identidades nacionales

A la hora de reflexionar sobre la Constituci¨®n Espa?ola y su contribuci¨®n a la cohesi¨®n c¨ªvica y social, me vienen a la memoria unas declaraciones que la entonces presidenta del Consejo de Relaciones Laborales de B¨¦lgica realiz¨®, a comienzos de los noventa, ante la pregunta sobre las se?as de identidad de la ciudadan¨ªa belga. Respond¨ªa, con sencillez, que los elementos que hac¨ªan que un ciudadano belga se identificara como tal eran la Corona, la Liga de F¨²tbol, las pensiones, el seguro de desempleo y las relaciones laborales. Se me qued¨® grabado hasta tal punto que lo he interiorizado como una clave importante para cualquier tipo de an¨¢lisis pol¨ªtico o estrategia social.

La Constituci¨®n de 1978 nos dota de un marco jur¨ªdico que el brit¨¢nico T. H. Marshall teoriz¨® de forma coherente como la triple dimensi¨®n de la ciudadan¨ªa: en primer lugar, la Ciudadan¨ªa Civil, que abarca los derechos necesarios para la libertad individual (de la persona, de expresi¨®n, de pensamiento, de creencia, de propiedad, derecho a la justicia...); en segundo lugar la Ciudadan¨ªa Pol¨ªtica, que abarca los derechos necesarios para participar en el ejercicio del poder pol¨ªtico (libertad de reuni¨®n, de prensa, de elegir y ser elegido, de constituci¨®n de partidos pol¨ªticos, libertad sindical...); y por ¨²ltimo la Ciudadan¨ªa Social, que abarca los derechos necesarios para una existencia decente y m¨ªnima en el plano econ¨®mico (el derecho al trabajo, al bienestar material, a un salario base, ingresos m¨ªnimos garantizados, subsidio familiar, igualdad de oportunidades... y a la seguridad (derecho a la salud, a la pensi¨®n, protecci¨®n contra riesgos...).

Si se atiende al debate actual, da la impresi¨®n de que la Constituci¨®n se reduce solamente a su T¨ªtulo VIII

Con el PP en el poder, el Estado no ha reducido su intervenci¨®n en la econom¨ªa, sino que la ha modificado

El gran triunfo del movimiento obrero en las diferentes Constituciones europeas, tambi¨¦n en la espa?ola, ha sido el reconocimiento del paso del Estado liberal al Estado social, con la consiguiente conquista de la ciudadan¨ªa social para los trabajadores. Un breve repaso a los contenidos sociales de nuestra Constituci¨®n nos lo demuestra. Se establecen los necesarios elementos correctores al papel del mercado desde los "Poderes P¨²blicos", se supedita el mercado a las exigencias de la econom¨ªa general (art¨ªculo 38), al inter¨¦s general y el papel de la iniciativa p¨²blica para garantizarlo con sus recursos (art. 128), para contribuir a la equiparaci¨®n del nivel de vida (art. 130), con la creaci¨®n del Consejo econ¨®mico y Social con el fin de apoyar los proyectos de planificaci¨®n (art. 131), la institucionalizaci¨®n de los sindicatos (art. 7). Tambi¨¦n se consagra el derecho al trabajo (art.35), con un mandato a los poderes p¨²blicos de realizar una pol¨ªtica de pleno empleo (art. 40.1), el derecho a la negociaci¨®n colectiva y la fuerza vinculante de los convenios (art. 37), el aseguramiento de la protecci¨®n social a la familia (art. 40), la Seguridad Social p¨²blica y la prestaci¨®n por desempleo (art. 41), unas pensiones adecuadas con actualizaci¨®n peri¨®dica (art. 50), el derecho a la Sanidad P¨²blica (art. 43), a la vivienda, marcando la conveniencia de regular el uso del suelo para impedir su especulaci¨®n( art. 47). Como bot¨®n de muestra final, el art¨ªculo 129.2 contempla el fomento de la creaci¨®n de sociedades cooperativas, la promoci¨®n de la participaci¨®n de los trabajadores en la empresa y el acceso de los mismos a la propiedad de lo medios de producci¨®n.

El reconocimiento formal de derechos pol¨ªticos y sociales obliga a realizar pol¨ªticas institucionales que los garanticen. Lo expresa muy bien H. Heller cuando, hace ya m¨¢s de medio siglo, afirmaba: "Sin homogeneidad social, la m¨¢s radical igualdad civil se convierte en la m¨¢s radical desigualdad y la democracia formal en la dictadura de la clase dominante".

Y lleg¨® el triunfo monopolizador de la ideolog¨ªa neoliberal, el cambio del campo de juego con la globalizaci¨®n, la separaci¨®n de las decisiones pol¨ªticas democr¨¢ticas de los flujos econ¨®micos y financieros y el cuestionamiento y reconversi¨®n del Estado de bienestar, abandonando progresivamente su funci¨®n redistributiva y aseguradora de los derechos econ¨®micos y sociales. En la actualidad asistimos a un debate pr¨¢cticamente unidimensional sobre las llamadas "identidades nacionales" que arrincona, e incluso tapa, los problemas m¨¢s cercanos a la ciudadan¨ªa: empleo, trabajo, protecci¨®n social, vivienda, fiscalidad...

Da la impresi¨®n de que la Constituci¨®n Espa?ola es solamente el Titulo VIII o que la ciudadan¨ªa pol¨ªtica se puede mantener sin ciudadan¨ªa social o que todos los ciudadanos pertenecemos al estamento social de los satisfechos y seguros. Hablar y defender el patriotismo constitucional y a la vez practicar pol¨ªticas del mal llamado "Estado m¨ªnimo", es caer simple y sencillamente en un nefasto nacionalismo patriotero m¨¢s propio del pasado, en vez de practicar un constitucionalismo ¨²til, c¨ªvico, vertebrador, cohesionador e incluyente, que garantice la ciudadan¨ªa completa: la pol¨ªtica y la social.

Volvamos a la reflexi¨®n belga y analicemos pol¨ªticas concretas. Como afirmaci¨®n general se comprueba que el Estado no reduce su intervenci¨®n en la econom¨ªa, sino que la modifica. Su papel ha cambiado a trav¨¦s de las diferentes pol¨ªticas estructurales, En lugar de legislar para regular el mercado, lo que esta haciendo el Gobierno del Partido Popular es otorgar al mercado mayor autonom¨ªa respecto de la pol¨ªtica. Asistimos a un renovado intervensionismo liberal, lo que algunos denominan, con acierto, la "economizaci¨®n de la pol¨ªtica" o la "privatizaci¨®n del Estado y la pol¨ªtica", bajo el eslogan "todo al servicio de los poderes econ¨®micos, que son los que crean riqueza y empleo".

Uno de los elementos m¨¢s significativos de la pol¨ªtica del PP lo constituye la situaci¨®n en que van quedando los mecanismos de redistribuci¨®n a trav¨¦s de las diferente reformas estructurales que ha aplicado (desregulaci¨®n, desreglamentaci¨®n y privatizaciones). Se puede afirmar que la ciudadan¨ªa social se est¨¢ erosionando a pesar de casi una d¨¦cada de crecimiento econ¨®mico ininterrumpido. El trabajo y el empleo se han degradado, en cantidad y en calidad. El gasto en protecci¨®n social se va reduciendo y la desconvergencia social con Europa es creciente, aumentando la brecha social al 7% del PIB. La diferentes reformas fiscales reducen la capacidad de equidad y progresividad fiscal. La aportaci¨®n del Estado a la Seguridad Social y a la protecci¨®n por desempleo es cada vez menor.

Tenemos un sistema de pensiones en el que 5,5 millones de pensionistas cobran menos de 600 euros. Se nos quitan recursos sociales para hacer regalos fiscales a los m¨¢s poderosos y seguir haciendo propaganda del saneamiento de nuestras finanzas p¨²blicas, ya que la ausencia de gasto p¨²blico es la mejor receta para el estimulo del sector privado. Este es el nuevo modelo desp¨®tico de dominaci¨®n: "Todo para los poderosos y ... sin el pueblo". Como ejemplo tenemos el sector de la construcci¨®n, cuasi olig¨¢rquico, con unos precios de vivienda que dificulta el derecho a la misma y con una burbuja inmobiliaria de la que nos ha advertido el Banco de Espa?a y el FMI.

La mejor manera de fortalecer nuestra Constituci¨®n es a trav¨¦s de su desarrollo y cumplimiento completo, tanto en su dimensi¨®n institucional pol¨ªtica como en su dimensi¨®n social. No cabe estabilidad pol¨ªtica sin estabilidad social, no cabe ciudadan¨ªa pol¨ªtica sin ciudadan¨ªa social. Adelgazar la funci¨®n redistributiva del Estado es descohesionar y desvertebrar Espa?a y caminar hacia la anorexia de la ciudadan¨ªa social. Patriotismo constitucional y pol¨ªticas neoliberales que recortan y amputan derechos constitucionales son incompatibles.

No es extra?o que U. Beck nos plantee la disyuntiva capitalismo o libertad. La desafecci¨®n de la pol¨ªtica, en la medida en que los debates pol¨ªticos se alejan de los problemas vitales de la ciudadan¨ªa, tiene mucho que ver con debates superestructurales que est¨¢n arrinconando o anulando la dimensi¨®n social de nuestra Constituci¨®n.

Carlos Trevilla es representante de UGT en el Consejo Econ¨®mico y Social vasco.