Huir de Marruecos... y del reformatorio

Primero llegan los hombres, luego las mujeres y, por ¨²ltimo, los ni?os. As¨ª ha sido tradicionalmente la emigraci¨®n. La que llega a Espa?a por mar en patera, desde Marruecos, ha cubierto en estos a?os todos los pasos, pero todav¨ªa da sorpresas. La ¨²ltima se produjo el pasado 25 de septiembre, cuando en una sola embarcaci¨®n, en la que viajaban 70 personas, hab¨ªa 21 menores marroqu¨ªes, sin ninguna vinculaci¨®n con los adultos.

Nunca un grupo tan grande de ni?os hab¨ªa llegado por mar, y eso ha reabierto el debate de qu¨¦ debe hacerse con ellos: si es mejor que sean devueltos a su pa¨ªs, como quiere Marruecos, que esgrime el convenio de repatriaci¨®n de sus nacionales firmado con Espa?a; o s¨®lo debe hacerse cuando sean reclamados por sus familiares, como dice la Ley de Extranjer¨ªa.

"Marruecos quiere que los menores vuelvan, pero a veces la familia no los reclama"

"No es un tema de extranjer¨ªa, sino de un menor supuestamente abandonado"

Esa discusi¨®n s¨®lo afecta a los ni?os marroqu¨ªes, como apunta Francisco Jim¨¦nez, jefe del servicio de centros de protecci¨®n de menores de la Junta de Andaluc¨ªa. "Porque si viene un ni?o nigeriano solo, como con su pa¨ªs no hay convenio de repatriaci¨®n, de entrada tramitamos el amparo". Pero ata?e directamente a unos 990 ni?os ingresados en centros de tutela de las comunidades aut¨®nomas, seg¨²n la Embajada de Espa?a en Rabat, aunque el Colectivo Al Jaima eleva a unos 2.000 la cifra. En Andaluc¨ªa el viernes pasado se contabilizaban 250 menores bajo tutela, de los que el 92% son marroqu¨ªes. En Canarias sumaban 270 los menores de esa nacionalidad acogidos y, en Catalu?a, hab¨ªa 280 menores en los servicios de urgencia, de los que el 75% son marroqu¨ªes; y 240 en centros de acogida permanentes, de los que el 50% son de ese pa¨ªs.

"Hay que subrayar que esto no es un tema de extranjer¨ªa", matiza Jim¨¦nez, "sino que hablamos de un menor supuestamente abandonado, aunque sea extranjero". Por eso, la situaci¨®n es delicada. "En Andaluc¨ªa defendemos el principio de que, de entrada, donde mejor est¨¢ el ni?o es con su familia. Hasta que un buen trabajo t¨¦cnico nos demuestre que no es as¨ª", contin¨²a Jim¨¦nez. "Con la complicaci¨®n de que no podemos mandar una brigada a investigar en Marruecos la situaci¨®n familiar". Adem¨¢s, el 60% de los menores que llegan a la acogida, se escapa.

Por eso, como apunta la portavoz de la Consejer¨ªa del Menor de Canarias, la tasa de ni?os que son devueltos es muy baja. "La devoluci¨®n de los ni?os implica todo un proceso a trav¨¦s del Ministerio de Interior y de gesti¨®n con Marruecos que no suele tener resultados, porque o no se reconoce la vinculaci¨®n familiar del menor o ni siquiera se busca a la familia".

Desde 1999 y hasta el pasado abril s¨®lo han sido repatriados 286 menores a Marruecos, seg¨²n una respuesta parlamentaria a una pregunta de Coalici¨®n Canaria.

Pero adem¨¢s Jos¨¦ Chamizo, defensor del pueblo de Andaluc¨ªa -cargo que engloba el de defensor del menor-, afirma que algunos procedimientos de repatriaci¨®n son de "dudosa legalidad". "Marruecos quiere que los menores vuelvan, pero en algunos casos la familia no los reclama". En el debate sobre su devoluci¨®n, distingue dos casos: los j¨®venes insertados en el sistema educativo, con una formaci¨®n prelaboral -"repatriarlos es complicado, salvo que sean reclamados por la familia y yo entiendo que en este caso no tienen por qu¨¦ hacerlo"- y aquellos que se mueven en un c¨ªrculo de prostituci¨®n, drogas y delincuencia -"y preciso que de los 3.000 casos de estos menores del a?o pasado en Andaluc¨ªa, s¨®lo 300 eran extranjeros, para que no se una delincuencia e inmigraci¨®n"-. En su opini¨®n, este ¨²ltimo caso es el m¨¢s preocupante porque la vida del ni?o peligra y, por lo tanto, "si en su pa¨ªs tiene mejor calidad de vida, es mejor que regrese".

La situaci¨®n actual no s¨®lo pone la carga de la educaci¨®n y el futuro de esos j¨®venes en las comunidades, responsables de su tutela, sino que ha obligado a crear todo un protocolo de actuaci¨®n con los menores no acompa?ados, para cumplir los convenios internacionales de protecci¨®n de la infancia.

Ese protocolo se aplic¨® tambi¨¦n al grupo de ni?os de la patera citada. Cuando lleg¨®, fueron trasladados a la isla de las Palomas, donde se les atendi¨® y fueron sometidos a pruebas para determinar su edad. La mayor¨ªa de los j¨®venes marroqu¨ªes que llegan aseguran tener menos de 18 a?os, aunque no sea as¨ª, porque saben que no ser¨¢n expulsados de inmediato. "A un menor no se le abre proceso sancionador", corrobora un portavoz del Ministerio de Interior.

Las pruebas se hacen a trav¨¦s de placas radiogr¨¢ficas de la dentadura o de mu?eca, junto a un examen m¨¦dico. Puesto que el margen de error es de un a?o o dos, la regla es la de resolver a favor. Si la prueba dice que el menor puede estar entre los 17 y los 19, se considera que tiene 17. "Impera el inter¨¦s superior del menor en todo caso", contin¨²a el portavoz.

Una vez constatada la edad, a los 21 menores se les puso bajo protecci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa. Esto implica que mientras se tramita la repatriaci¨®n pasan a un centro de acogida inmediata, en los que hay unidades tutelares (con abogados, trabajadores sociales, psic¨®logos y pedagogos) y se les plantea un proyecto educativo, que incluye el aprendizaje del espa?ol.

De los 534 j¨®venes que pasaron a disposici¨®n de la Junta en el primer semestre, 299 se marcharon voluntariamente. "Por ley se nos obliga a considerarlos menores, pero ni en su pa¨ªs ni en su cultura se les considera como tales. Un chaval de 16 a?os no viene a que lo atendamos en un centro y por eso se marcha", explica Jim¨¦nez.

Lo habitual es que se escapen de los centros, que no son cerrados, y, en ese caso, se denuncia a la polic¨ªa. "Pero es raro que les encuentren", contin¨²a. Entre los que se marchan, los que vuelven a casa y los que se ponen en contacto con familiares en Espa?a, al final el grupo que queda bajo tutela de las comunidades es reducido. Si en dos o tres meses no hay noticias de la familia, y por tanto, no hay repatriaci¨®n, el menor pasa a un centro permanente, donde se le trata como a cualquier nacional desprotegido y se tramita su regularizaci¨®n. Con la ley en la mano, a los nueve meses, el menor tiene derecho a papeles. Aunque, confirma Chamizo, no siempre se cumple.

Sobre los menores que llegan, Jim¨¦nez cuenta, "con reservas", que se aprecia un cambio de perfil. Si antes llegaban chicos de entre 16 y 18 a?os, en los ¨²ltimos meses los hay de 12 y 15 a?os. Adem¨¢s, asegura que antes proced¨ªan de n¨²cleos urbanos, mientras que ahora "est¨¢n viniendo chavales de zonas rurales, del interior". A cambio, sostiene, son "m¨¢s sanos y m¨¢s d¨®ciles".