Viviendas para la dignidad

La creciente y no satisfecha demanda de vivienda en las grandes ciudades es una de las paradojas m¨¢s estudiada por la sociolog¨ªa urbana de los ¨²ltimos tiempos. Desde la ciudad mercantil hasta la actual ciudad de servicios la acumulaci¨®n de tareas y la absorci¨®n de personas con la consiguiente necesidad de suelo y viviendas ha comportado un radical enfrentamiento entre necesidad y acumulaci¨®n. Es decir entre el bien de uso y el bien especulativo.

En esta confrontaci¨®n nos encontramos hoy. Una construcci¨®n masiva de viviendas no absorbe en su totalidad la demanda. Por ello, la implicaci¨®n de la administraci¨®n en su funci¨®n correctora de desequilibrios es b¨¢sica.

La Generalitat Valenciana, a trav¨¦s del IVVSA, y Bancaja mediante su filial inmobiliaria Actura han constituido la primera sociedad de capital mixto con mayor¨ªa p¨²blica que bajo la denominaci¨®n de S¨°l i Vivendes Valencianes, S.A. (Solivvsa) se ha planteado construir 10.000 viviendas de protecci¨®n oficial y la urbanizaci¨®n de nueve millones de metros cuadrados esparcidos por la Comunidad Valenciana.

Con esta iniciativa, la Generalitat Valenciana asume y pone en marcha el compromiso electoral del Partido Popular de facilitar el acceso de los valencianos a 100.000 viviendas, de las que 65.000 ser¨¢n protegidas y de nueva construcci¨®n, durante los cuatro pr¨®ximos a?os. Un proyecto que empieza a caminar en el marco del Plan de Acceso a la Vivienda que la Conselleria de Territorio y Vivienda ha presentado y del cual se deduce esta primera intervenci¨®n.

La asunci¨®n de este papel protagonista est¨¢ determinada por el firme prop¨®sito de implicar a todos los agentes sociales y econ¨®micos en dignificar la calidad de vida de las personas. Hay tres fundamentos sobre los que se basan las sociedades occidentales: la extensi¨®n de la educaci¨®n a todos los estratos sociales, la universalizaci¨®n de la sanidad, y el establecimiento de los mecanismos para que la vivienda sea un bien social y accesible a todos.

Por tanto estamos ante una obligaci¨®n que no puede estar en manos del mercado como ¨²nico regulador de la oferta y la demanda. Quien as¨ª lo considera cae en el mismo error, sensu contrario, que el de quienes buscan en la administraci¨®n el sustituto perfecto de la actividad constructora.

Nuestra posici¨®n es clara. En este sentido vamos a abrir todas las puertas a la responsabilidad social corporativa con instituciones, entidades y empresas para que en el horizonte del 2007 la vivienda sea un bien accesible a todas las personas que hoy pueden tener alguna dificultad y que por razones coyunturales han visto c¨®mo el sue?o de la vivienda se escapaba pese a las favorables condiciones econ¨®micas, tanto absolutas como relativas en relaci¨®n con comunidades como Madrid, Catalunya o el Pa¨ªs Vasco.

Sin embargo, pese a estas condiciones favorables comparativas, las propias caracter¨ªsticas de nuestra Comunidad (un territorio en fuerte expansi¨®n y lugar de segundas residencias) as¨ª como el incremento en el precio de la vivienda como consecuencia de los bajos tipos de inter¨¦s y la poca rentabilidad de otras opciones para el ahorro, han dejado una bolsa de personas con especiales dificultades para el acceso a la vivienda.

Las nuevas situaciones personales (familias monoparentales, componente ¨²nico de la unidad familiar...), la requerida independencia de las personas con alguna discapacidad, as¨ª como la necesidad de emancipaci¨®n de los j¨®venes han creado una nueva realidad a la que hemos de dar una respuesta ajustada a los nuevos tiempos. De ah¨ª que un 10% de estas 10.000 viviendas vaya a estar destinadas al alquiler, pues ¨¦ste es un sistema en creciente demanda y que a su vez es un paso inicial de cara a nuevas posibilidades de futuro.

La firma de esta primera empresa con mayor¨ªa de capital p¨²blico es una apuesta clara del gobierno del Presidente Camps por hacer de la vivienda un derecho accesible, y al mismo tiempo, un compromiso del sector financiero por cumplir con una de sus finalidades b¨¢sicas como es invertir una parte de sus beneficios en bienes sociales. Si a ello a?adimos que la empresa Solivvsa est¨¢ en condiciones de poner en marcha sus primeras actuaciones en un per¨ªodo de tres meses, es justo reconocer que estamos ante una situaci¨®n transcendental para la Comunidad Valenciana que ir¨¢ complet¨¢ndose con nuevas iniciativas como la creaci¨®n de un fondo inmobiliario para la compra y alquiler de viviendas o el establecimiento de convenios con los m¨¢s diversos ayuntamientos y otras entidades financieras que han mostrado inter¨¦s en esta nueva acci¨®n de la Generalitat.

Por encima de las cifras y de las ejecuciones que estamos llevando a cabo, quiero destacar el valor de dignificaci¨®n y humanizaci¨®n que subyace en esta realidad. Pues detr¨¢s de una vivienda hay un proyecto vital del ser humano, un proyecto que se sustenta en la capacidad de poder trabajar y hacerlo, y en la necesidad de socializar nuestras vidas.

La actual coyuntura nos ha permitido alcanzar unos ¨ªndices de acceso laboral desconocidos desde hace d¨¦cadas. Es, por tanto, el momento de mantener esa misma din¨¢mica en un ¨¢mbito tan importante para el desarrollo personal como es la posibilidad de acceso a la vivienda. Aceptar la existencia de estas bolsas con dificultades de acceso como un mal menor ser¨ªa pasar de la vivienda como valor de uso a la vivienda como valor especulativo, y ¨¦se es un precio que desde los valores que nos han caracterizado hist¨®ricamente como la libertad, civilidad e independencia del ser humano, no podemos ni debemos pagar. De ah¨ª nuestro compromiso humano.

Rafael Blasco es consejero de Territorio y Vivienda de la Generalitat.