El ex alcalde de Pego se sienta en el banquillo

El juicio al ex alcalde de Pego, el independiente Carlos Pascual, a un miembro de su equipo de Gobierno, Jos¨¦ Orihuel, y a cuatro agricultores, acusados de desecar el parque natural del marjal de Pego-Oliva, arranc¨® ayer en la Audiencia de Alicante con peticiones de nulidad por parte de las defensas. Los letrados alegan que la instrucci¨®n del caso vulner¨® los derechos fundamentales de sus defendidos. El fiscal pide a Pascual casi 11 a?os de c¨¢rcel.

Un centenar de vecinos de Pego (Marina Alta) se traslad¨® en dos autobuses hasta la capital de Alicante para "apoyar" a su ex alcalde, el controvertido Carlos Pascual, en el procedimiento penal abierto contra ¨¦l por un supuesto delito medioambiental. El ex primer edil, sobre el que pesan varios procesos penales abiertos, se sent¨® ayer en el banquillo, junto con otros cinco acusados, como presunto responsable de la "alteraci¨®n" del parque protegido del marjal de Pego-Oliva, catalogado como humedal de importancia internacional.

La vista oral, prevista en la secci¨®n tercera de la Audiencia de Alicante, no lleg¨® a celebrarse por la dilaci¨®n en las cuestiones previas. Las defensas reclamaron la nulidad del proceso al entender que durante la instrucci¨®n se vulneraron derechos fundamentales de sus defendidos, entre otras irregularidades. Por su parte, el representante legal del Ayuntamiento de Pego, Moreno C¨¢noves, no s¨®lo se adhiri¨® a la petici¨®n de las defensas de los acusados sino que reclam¨® la suspensi¨®n del proceso -la acusaci¨®n p¨²blica imputa al Consistorio y a la comunidad de regantes de las tierras arroceras- como responsable civil subsidiario. El fiscal adscrito al caso y responsable de delitos ecol¨®gicos Ricard Cabedo, no estim¨® ninguna de las alegaciones. El tribunal adopta hoy una resoluci¨®n.

Los hechos enjuiciados se remontan a enero de 1996 y se prolongan hasta abril de 1998. Seg¨²n consta en el escrito de calificaci¨®n provisional del fiscal, el ex primer edil persegu¨ªa recuperar los cultivos de arroz y favorecer el incremento del valor de las fincas de particulares ubicadas en el paraje protegido. Para ello, Pascual cont¨®, presumiblemente, con la colaboraci¨®n del teniente alcalde de la localidad y, a la saz¨®n, presidente de la comunidad de regantes de las tierras arrozales de Pego, Jos¨¦ Orihuel Morera; y otras cuatro personas [agricultores] acusadas de incendiar la vegetaci¨®n del entorno y de realizar obras. Para ellos, el ministerio p¨²blico reclama seis a?os de c¨¢rcel; siete y diez meses para Orihuel. El ministerio p¨²blico reclama, adem¨¢s, una indemnizaci¨®n para la Generalitat de 3.906.578,68 euros -650 millones de pesetas-, de los que el 48% deber¨¢ ser abonado por Carlos Pascual y Jos¨¦ Oriel. Entre las supuestas "irregularidades" cometidas durante el sumario, Iv¨¢n Hern¨¢ndez, abogado de la defensa, censur¨® que el fiscal aplique el nuevo c¨®digo penal -m¨¢s restrictivo que el anterior-, cuando los hechos fueron cometidos mientras segu¨ªa en vigor el anterior. Con la antigua legislaci¨®n, los agricultores incriminados se enfrentar¨ªan a un per¨ªodo de entre uno y seis meses; con el actual, la pena se eleva a nueve a?os de c¨¢rcel. "La interpretaci¨®n va contra todo derecho penal. Son errores jur¨ªdicos de bulto", subray¨® Hern¨¢ndez. De la misma forma, insisti¨® en la nulidad de la obtenci¨®n de distintas pruebas como la declaraci¨®n de testigos e imputados en la que, seg¨²n el letrado, no intervino la defensa. Iv¨¢n Hern¨¢ndez exigi¨® adem¨¢s la retirada de la Generalitat en el proceso. Por su parte, el abogado de la Comunidad de Regantes, Rodr¨ªguez P¨¦rez, apunt¨® que la Audiencia es "incompetente" en el enjuiciamiento de este caso ya que, a su entender, debe ser procesado por un juzgado de Benidorm. Al final de la sesi¨®n, vecinos de Pego aclamaron, de nuevo a su ex alcalde, con aplausos y gritos.