Expertos piden variar la LRAU para proteger a los propietarios

Arquitectos, urbanistas y juristas coincidieron ayer en Alicante en la necesidad de modificar aquellos aspectos de la Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU) que generan indefensi¨®n de los propietarios del suelo frente a los agentes urbanizadores. En el transcurso de unas jornadas, organizadas por la Agrupaci¨®n de Arquitectos Urbanistas de Alicante, intervino Jos¨¦ D¨ªaz Delgado, magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. El jurista subray¨® que el objetivo de la LRAU era urbanizar, pero esa actividad ha generado algunos problemas de "indefensi¨®n entre los peque?os propietarios, para quienes es m¨¢s dif¨ªcil controlar el valor del suelo y su gesti¨®n".

Para el magistrado del TSJ, uno de los problemas m¨¢s importantes que genera la LRAU es poner de acuerdo los intereses de dos partes -urbanizador y administraci¨®n- sobre los bienes de una tercera, que es el propietario, que se queda al margen de la negociaci¨®n. "?sto en ¨¢mbito del derecho es incomprensible", dijo el magistrado. D¨ªaz reconoci¨® que los propietarios cuando impugnan Planes de Acci¨®n Integral (PAI) no presentan alegaciones en este sentido. El magistrado del TSJ coment¨® que la Ley est¨¢ plagada de "conceptos jur¨ªdicos indeterminados y que a la Administraci¨®n le concede una potestad extraordinaria".

Reglamento de gesti¨®n

A continuaci¨®n, D¨ªaz expuso "algunos casos sangrantes" de propietarios afectados por la LRAU que han sido resueltos por TSJ. El magistrado defendi¨® la conveniencia de contar con un "reglamento de gesti¨®n" en la articulaci¨®n de la LRAU para evitar la actual "jerarquizaci¨®n". D¨ªaz aplaudi¨® que, entre las reformas en la Ley anunciadas por el Consell, figure la introducci¨®n de un sistema de selecci¨®n del urbanizador m¨¢s objetivo.

Por su parte el catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, Juan Jos¨¦ D¨ªez, reconoci¨® que la LRAU requiere algunas modificaciones en sus aspectos m¨¢s problem¨¢ticos, y cit¨® como ejemplo "los procesos de selecci¨®n del urbanizador". A juicio de D¨ªez se debe "dar concurrencia competitiva que puedan facilitar mejor respuesta a la demandas sociales", y no centrarse exclusivamente en los urbanizadores tradicionales.

El catedr¨¢tico consider¨® que la reforma de la norma debe concretar "todas las garant¨ªas tradicionales en el r¨¦gimen jur¨ªdico p¨²blicos (notificaciones, conocimiento por parte de los titulares de los distintos derechos o intereses, resoluciones, y tr¨¢mites administrativos) ya que en muchas ocasiones ¨¦sto no se cumple y el ciudadano queda indefenso. El acad¨¦mico record¨® que la asunci¨®n de los costes de urbanizaci¨®n por parte de los propietarios "los desplaza" de la operaci¨®n. "Lo normal es que los costes los fijen los promotores, y en ocasiones estos costes se disparan y no resisten la econom¨ªa familiar", concluy¨®.