Las empresas advierten de que el Protocolo de Kioto costar¨¢ hasta 4.000 millones al a?o

Cumplir con los compromisos asumidos en el Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases nocivos va a salir caro a Espa?a. La patronal CEOE ha recogido la alarma desatada entre las grandes empresas y ha advertido al Gobierno de que la factura puede llegar a entre el 0,5% y el 0,6% del producto interior bruto (PIB) anual. Entre 3.000 y 4.000 millones de euros. La inquietud que reina en las empresas, que se resisten a pagar la factura de compromisos que, seg¨²n dicen, fueron mal calculados, ha llevado al Ministerio de Econom¨ªa a tomar las riendas del asunto.

El problema creado es tan grande como sencillo de explicar: Espa?a se comprometi¨®, junto con la UE, a controlar sus emisiones de gases nocivos de forma que en 2012 el conjunto de la Uni¨®n contamine un 8% menos que en el a?o 1990 (Kioto exig¨ªa un 5,2%). Dentro de la UE, el reparto de cuotas contaminantes autoriz¨® a Espa?a a sobrepasar en un 15% los niveles de 1990.

Pero Espa?a ha crecido tanto y tan deprisa que no ha logrado controlar la emisi¨®n de gases. Entre 1990 y 2002, seg¨²n datos de CC OO y World Watch, las emisiones de di¨®xido de carbono han aumentado un 38%. Y ahora, el problema hay que traducirlo a euros porque, seg¨²n palabras de un responsable de la Asociaci¨®n de Grandes Consumidores de Energ¨ªa "ni eliminando ahora toda la industria b¨¢sica y todos los coches cumplimos con el objetivo".

En 2005, entrar¨¢ en vigor la directiva europea del mercado de emisiones con la m¨¢xima de que quien contamina, paga. Las empresas espa?olas que sobrepasen las cuotas que se les asignen para emitir gases tendr¨¢n que adquirir el derecho a sobrepasar su cuota. El precio de esos derechos de emisi¨®n (multas al margen), est¨¢ por determinar. Pero la referencia m¨¢s utilizada por la Administraci¨®n y las organizaciones empresariales es de unos 20 euros por tonelada emitida.

El escenario es preocupante: las grandes asociaciones empresariales alertan de que podr¨ªa darse el caso de que las empresas espa?olas, inmersas en un mercado en desarrollo y en un pa¨ªs a¨²n alejado de las cuotas de bienestar medias en la UE, acabaran pagando a precio de oro los derechos de emisi¨®n no utilizados por, por ejemplo, las empresas alemanas. Es un escenario de pesadilla para las compa?¨ªas afectadas, especialmente de los sectores energ¨¦tico, cementero, papelero y del acero.

Todos esos sectores se han dirigido al Gobierno para exponer una idea sencilla: alguien se equivoc¨® a la hora de hacer los c¨¢lculos y ahora, tiene que ser el Gobierno el que arregle el desaguisado.

La patronal CEOE lo ha puesto negro sobre blanco en un documento titulado Posici¨®n de la CEOE respecto a la directiva de comercio de emisiones: "El Gobierno", afirma, "deber¨¢ encontrar una soluci¨®n al aumento de emisiones de CO2 que se deriva de todo aumento del desarrollo econ¨®mico del pa¨ªs por su proceso de convergencia frente a la UE". "En este sentido", prosigue, "se recomienda seguir la iniciativa de algunos pa¨ªses en los que el Gobierno est¨¢ asumiendo la compra de los derechos de emisi¨®n necesarios para asegurar el nivel de actividad de sus sectores econ¨®micos".

Y la patronal advierte: "El riesgo de p¨¦rdida de empleo, posici¨®n en los mercados y desaparici¨®n o deslocalizaci¨®n nacional de nuestras empresas debe ser considerado como un escenario muy probable en ausencia de pol¨ªticas y medidas adecuadas". Porque el coste ser¨¢, seg¨²n la patronal, muy elevado. Cada a?o del periodo 2008-2012, Espa?a o sus empresas deber¨ªan adquirir el derecho a emitir por encima de cuota entre 100 y 120 millones de toneladas de CO2. Traducido a dinero: entre el 0,5 y el 0,6% del PIB. Medio bill¨®n de las antiguas pesetas. La cifra coincide con la horquilla de costes elaborada por la consultora PriceWaterhouse, que cifra el precio a pagar por el conjunto de la econom¨ªa espa?ola entre 750 y 4.500 millones de euros.

Ante la alarma creada, el Ministerio de Econom¨ªa tom¨® despu¨¦s del verano las riendas del problema "a instancias de la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodr¨ªguez", precisan fuentes del departamento. Hasta el secretario de Estado de Energ¨ªa, Jos¨¦ Folgado, se han acercado todos los afectados, con peticiones y advertencias. Una de ellas, significativa, la de los sindicatos.

Falta de previsi¨®n

El responsable de medio de ambiente de CC OO, Joaqu¨ªn Nieto, asegura que tanto el Gobierno como la patronal han reaccionado tarde. "Ahora lloran [los empresarios], pero cuando se cre¨® el Consejo Nacional del Clima, solicitamos que se elaborara un plan de choque y el representante de la CEOE se opuso. El entonces ministro, Jaume Matas, aprovech¨® la oposici¨®n para desestimar el plan".

Desde las grandes empresas se advierte, no obstante, que ser¨¢ imposible la compra de derechos de emisi¨®n de gases y mantener la inversi¨®n. El riesgo, en palabras de un empresario afectado que prefiere el anonimato: "Acabar en el cementerio industrial m¨¢s limpio de Europa".

Desde el Ministerio de Econom¨ªa, la visi¨®n es menos pesimista. El secretario de Estado, Jos¨¦ Folgado, compara la situaci¨®n con otros momentos trascendentales para la econom¨ªa espa?ola de los que se ha salido con bien, como fue la incorporaci¨®n a la Comunidad Europea o al euro. Aunque no expl¨ªcitamente, en el Ministerio de Econom¨ªa se conf¨ªa en que habr¨¢ renegociaci¨®n de cuotas de emisiones.

En cualquier caso, las palabras de Folgado, pronunciadas esta misma semana en Barcelona, han sonado a gloria a los empresarios: "Nadie nos va a obligar cumplir [los compromisos de Kioto] sobre un cementerio de empresas", afirm¨® Folgado en el transcurso de unas jornadas organizadas por la Generalitat.