El PP llevar¨¢ al Constitucional la negativa del Parlamento a tramitar la reprobaci¨®n de Maragall

El portavoz del grupo popular en el Parlamento, Antonio Sanz, anunci¨® ayer que presentar¨¢ un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por la negativa de la Mesa del Parlamento a tramitar una iniciativa de su grupo para reprobar al presidente de los socialistas de Catalu?a, Pascual Maragall, quien asegur¨® que si gana las elecciones "no enviar¨¢ ni una gota de agua del Ebro" a otras comunidades. Durante la reuni¨®n de la Junta de Portavoces, Sanz calific¨® esta decisi¨®n de "aberraci¨®n y esc¨¢ndalo", mientras que el presidente de la C¨¢mara, Javier Torres Vela, pese a defender la postura de la Mesa, le agradeci¨® que acuda al alto tribunal para que establezca la "verdad jur¨ªdica".

Antonio Sanz realiz¨® ayer una de sus intervenciones m¨¢s duras contra la ecuanimidad de la instituci¨®n parlamentaria. Acus¨® al presidente de la C¨¢mara de poner a ¨¦sta al servicio del PSOE, de "pisotear" los derechos del PP, y de consentir de manera ordinaria "atropellos y aberraciones". El popular fue a la Junta de Portavoces con dos quejas, que calific¨® de "esc¨¢ndalos sin precedentes": que no haya sido admitida a tr¨¢mite la iniciativa para condenar las declaraciones de Maragall, y que no entrara en el orden del d¨ªa del pr¨®ximo pleno, que debatir¨¢ las enmiendas a la totalidad del presupuesto, su proposici¨®n de ley sobre el Consejo Audiovisual.

Sobre la primera, Javier Torres Vela defendi¨® la "labor rigurosa" de los Servicios Jur¨ªdicos parlamentarios, que han resuelto por segunda vez que la reprobaci¨®n de Maragall "excede del ¨¢mbito de intereses y fines propios del Parlamento, afectando negativamente al ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresi¨®n de quien formul¨® las declaraciones". No obstante, agradeci¨® al popular que lleve el asunto al Constitucional porque de esta forma quedar¨¢ establecida para la posteridad la "verdad jur¨ªdica" sobre asuntos similares.

En cuanto a la segunda denuncia, record¨® que los ¨®rdenes del d¨ªa son propuestas del presidente. Tras explicar que el pleno de la semana que viene "es muy complicado" por el debate presupuestario, pidi¨® al popular que mida sus palabras, pues, dijo, precisamente el criterio que sigue la presidencia es sesgar los ¨®rdenes del d¨ªa hacia las minor¨ªas, lo que puede documentar "emp¨ªricamente". A saber: que en lo que va de legislatura, el PSOE, que representa al 47,7% de la C¨¢mara, ha introducido un 40,35% de iniciativas debatidas (siete puntos por debajo de su representaci¨®n); el PP, que representa al 42,2%, ha introducido el 45,36% (tres punto por encima); e IU, que representa al 5,5%, un 6,84% (m¨¢s de un punto por encima).

El portavoz del PSOE, Jos¨¦ Caballos, ironiz¨® sobre la "pirotecnia verbal" de las manifestaciones de Sanz, y llam¨® la atenci¨®n sobre el hecho de que para el portavoz del PP todo es un "esc¨¢ndalo sin precedentes", lo que le ha hecho perder hace tiempo "cualquier credibilidad". El socialista agreg¨® que Antonio Sanz "deslegitima" y "ataca" al Parlamento a la menor ocasi¨®n: "Ha dicho en otras ocasiones que el Registro de la C¨¢mara manipula, que los Servicios Jur¨ªdicos tambi¨¦n, y hasta que el Parlamento es un cachondeo. Usted mismo se descalifica: poniendo un poco de finura e inteligencia, defender¨ªa mejor sus posiciones".

El grupo popular dispone de tres meses para formalizar ante el Constitucional su recurso, el cual, seg¨²n explic¨® Sanz, se fundamenta en la vulneraci¨®n del derecho a ejercer el cargo p¨²blico de los diputados que han firmado la iniciativa no admitida y tambi¨¦n del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos p¨²blicos a trav¨¦s de su representantes (los diputados). A juicio del portavoz, la Mesa se ha extralimitado en sus funciones al prejuzgar el contenido de la iniciativa, pronunciamiento que, opin¨®, corresponde al Pleno.

El dictamen de los Servicios Jur¨ªdicos dice, sin embargo, que la doctrina constitucional establece que las facultades de las mesas de las c¨¢maras no se limitan a verificar el cumplimiento de los requisitos formales de una iniciativa "sino que se extiende tambi¨¦n a si ¨¦sta responde al objeto y cumple los fines que le son propios".