Censura y autocensura
La decisi¨®n de la justicia inglesa de prohibir a un peri¨®dico, el Mail on Sunday, la difusi¨®n del testimonio -probablemente una invenci¨®n fabricada a precio de oro- de un antiguo sirviente del pr¨ªncipe Carlos sobre la supuesta participaci¨®n de este ¨²ltimo en un "incidente" de car¨¢cter homosexual constituye un acto de censura previa de dif¨ªcil encaje en una democracia. Con la nefasta consecuencia de que no s¨®lo la justicia escocesa introdujo a su vez ayer una prohibici¨®n general, sino que se han autocensurado los otros peri¨®dicos brit¨¢nicos para evitar caer en un delito de desacato judicial, y se ha interrumpido, por decisi¨®n de sus distribuidores, la venta en el Reino Unido de diarios extranjeros que trataban esta noticia.
Subraya lo absurdo de la medida el hecho de que los ciudadanos brit¨¢nicos pueden burlar la prohibici¨®n judicial a trav¨¦s de Internet, que no ha ahorrado detalle sobre el caso, o de cadenas de televisi¨®n por sat¨¦lite extranjeras. Y ha dejado en situaci¨®n un tanto r¨ªdicula a la secretar¨ªa privada del heredero de la Corona brit¨¢nica, empe?ada en desmentir una noticia legalmente inexistente pero que todo el mundo conoce por otros medios.
En el sistema legal brit¨¢nico, a diferencia del de EE UU o de otros pa¨ªses europeos, la autoridad de la justicia prevalece sobre la libertad de prensa, pudiendo incluso adoptar medidas previas contra esta ¨²ltima, en supuestos de libelo, difamaci¨®n o de interferencia en el proceso penal. Aunque el Tribunal de Estrasburgo nunca ha condenado expresamente los procedimientos de la justicia brit¨¢nica, s¨ª ha recordado que la Convenci¨®n Europea de Derechos Humanos, ratificada por el Reino Unido, otorga una valor preferente a la libertad de informaci¨®n, que s¨®lo puede ser restringida en casos muy concretos y excepcionales y siempre de manera motivada.
Como cualquier otro ciudadano, el heredero de la Corona brit¨¢nica tiene todo el derecho a defenderse de los falsos testimonios de un antiguo sirviente, demand¨¢ndole ante los tribunales por difamaci¨®n. Lo que resulta inaceptable es que el sistema judicial quede al servicio del pr¨ªncipe, para imponer en el pa¨ªs pionero de la libertad una censura que es cosa del pasado.
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